Vodanovic acusa subsidio a comunas ricas: el Estado compensará con impuestos generales la eliminación de contribuciones
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La fórmula aprobada por la comisión mixta contempla transferir $190 mil millones anuales a los municipios para reemplazar los ingresos que dejarán de percibir por la exención de contribuciones a mayores de 65 años. Alcaldes y parlamentarios de oposición advierten que el mecanismo profundizará la desigualdad territorial: comunas como Las Condes recibirían cerca de $13 mil millones provenientes del presupuesto nacional, financiado también por habitantes de municipios con servicios y recursos mucho más limitados.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abrió un nuevo flanco en la discusión de la megarreforma económica del Gobierno al denunciar que la fórmula diseñada para compensar a los municipios por la eliminación de contribuciones a los mayores de 65 años terminará transfiriendo recursos de todos los contribuyentes hacia algunas de las comunas más ricas del país.
“Municipios como Las Condes dejarán de recaudar $13.000 millones ya que sus vecinos no pagarán contribuciones. Pero el Estado decide compensar en un 100% esos recursos vía presupuesto general de la nación”, escribió el jefe comunal.
La consecuencia, sostuvo, es que los habitantes de Maipú y del resto de Chile deberán financiar mediante sus impuestos los presupuestos de municipios cuyos ingresos y servicios se encuentran muy por encima del promedio nacional.
“Quienes viven en carencia y deben aceptar que sus municipios no tengan recursos para atender lo básico, deberán financiar con sus impuestos los servicios de lujo de quienes más tienen”, agregó Vodanovic, quien calificó el mecanismo como uno de los más regresivos que se recuerden en materia de financiamiento municipal.
La controversia se produjo después de que la comisión mixta encargada de resolver la última diferencia entre la Cámara y el Senado aprobara, por seis votos contra tres, la propuesta presentada por el Ejecutivo.
Una compensación de $190 mil millones
La fórmula establece que la Tesorería General de la República transfiera anualmente $110 mil millones al Fondo Común Municipal y otros $80 mil millones directamente a las municipalidades para compensar la disminución de ingresos producida por la exención de contribuciones.
Los montos serán calculados cada año por el Servicio de Impuestos Internos e informados a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería. De esta manera, los municipios recibirían el equivalente al 100% de los recursos que habrían obtenido si las propiedades beneficiadas continuaran pagando el impuesto territorial.
La compensación, sin embargo, estará sometida a condiciones. Las municipalidades deberán mantener actualizada su información sobre personal ante la Dirección de Presupuestos y acreditar una reducción de al menos 30% en los tiempos de tramitación de permisos respecto del periodo 2023-2025.
El senador comunista Daniel Núñez cuestionó especialmente este punto. Durante la discusión en el Senado señaló que no resulta justo condicionar la entrega de recursos municipales a la aprobación o agilización de permisos, vinculando así el financiamiento de los gobiernos locales con otra de las prioridades de la megarreforma: acelerar las autorizaciones para proyectos de inversión.
¿Quiénes reciben realmente el beneficio?
El Gobierno ha presentado la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años como una medida de protección a la clase media. Sin embargo, el beneficio no considera límites de patrimonio ni de ingresos.
Actualmente, las viviendas con avalúo fiscal inferior a aproximadamente $60 millones ya se encuentran exentas del pago de contribuciones. Por lo tanto, la ampliación del beneficio favorecerá principalmente a propietarios de inmuebles de mayor valor, concentrados en las comunas con los precios de suelo y avalúos fiscales más elevados.
Esta es la paradoja que Vodanovic busca poner en el centro del debate: quienes viven en viviendas de menor valor, y que en muchos casos nunca han pagado contribuciones, contribuirán mediante el IVA, los impuestos al consumo y otros ingresos fiscales a financiar la exención otorgada a propietarios de viviendas considerablemente más caras.
La discusión, por tanto, no se limita a si los adultos mayores deben recibir protección frente al impuesto territorial. La controversia se refiere a la ausencia de criterios de focalización y a quién deberá pagar finalmente el costo del beneficio.
Maipú pagará $431 millones
Según los antecedentes presentados por Vodanovic, el impacto anual del nuevo mecanismo para Maipú alcanzará aproximadamente los $431 millones.
El alcalde comparó esa cifra con los cerca de $13 mil millones que dejaría de percibir Las Condes y que serían restituidos completamente desde el presupuesto nacional. Aunque Maipú también recibiría compensaciones por los ingresos que pierda, sus habitantes contribuirán al financiamiento general de una política cuyo mayor efecto monetario se concentrará en las comunas con viviendas de mayor avalúo.
La diferencia resulta especialmente sensible en un sistema municipal caracterizado por fuertes desigualdades. Mientras algunas comunas disponen de altos ingresos propios para seguridad, áreas verdes, infraestructura y programas sociales, otras dependen sustancialmente del Fondo Común Municipal para financiar servicios básicos.
Vodanovic sostuvo que esta estructura no corrige las desigualdades territoriales, sino que puede reforzarlas: el Estado asegurará que las comunas de mayores ingresos mantengan intactos sus presupuestos después de eximir a parte de sus propietarios del pago de contribuciones.
La propuesta alternativa de los alcaldes
Durante las últimas semanas, alcaldes de distintos sectores políticos habían planteado una fórmula diferente. La Asociación Chilena de Municipalidades propuso focalizar la exención, manteniendo el pago para los adultos mayores de ingresos elevados.
Una de las opciones discutidas establecía que continuaran pagando contribuciones quienes percibieran ingresos mensuales superiores a $3 millones. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, defendió esa alternativa señalando que existía un acuerdo transversal entre municipios para proteger a las personas mayores con dificultades económicas sin desfinanciar el Fondo Común Municipal.
“Si el gobierno insiste con la exención de contribuciones, quienes ganen más de $3 millones deben seguir pagándolas. Los municipios necesitamos esos ingresos para trabajar por nuestros vecinos”, sostuvo Nieto.
La senadora Yasna Provoste también respaldó la propuesta municipal y advirtió que la exención podía poner en riesgo tanto las finanzas de los municipios como el sistema de redistribución territorial.
La Asociación Chilena de Municipalidades había exigido que cualquier compensación fuera completa, permanente y verificable. No obstante, dentro del municipalismo coexistían dos preocupaciones distintas: evitar una pérdida neta de recursos y evitar que la compensación terminara consolidando una distribución regresiva del gasto público.
El Ejecutivo recogió la primera demanda al ofrecer una reposición del 100%, pero desestimó la propuesta de focalizar el beneficio según ingresos o patrimonio.
Una fractura que atraviesa al oficialismo
La fórmula tampoco consiguió pleno respaldo en la derecha. El Gobierno debió aplazar la votación definitiva en el Senado después de constatar que no contaba con los 26 votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta.
El senador UDI Gustavo Sanhueza anunció que rechazaría la propuesta, mientras otro parlamentario de esa colectividad no se encontraba presente. Ante el riesgo de una derrota, el Ejecutivo retiró la discusión inmediata y postergó la votación hasta comienzos de agosto.
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, también de la UDI, reconoció que el Gobierno había cometido un error al acelerar la tramitación sin comprobar previamente que disponía de los votos.
La resistencia dentro del oficialismo, sin embargo, no responde necesariamente a la crítica distributiva formulada por Vodanovic. Algunos parlamentarios de derecha han reclamado mayores controles sobre la administración municipal y han condicionado las transferencias a estándares de gestión.
Desde la oposición, en cambio, el cuestionamiento apunta a la estructura completa de la medida.
Un nuevo componente regresivo de la megarreforma
La exención de contribuciones se suma a otros puntos cuestionados por su impacto distributivo, como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación de gravámenes sobre determinadas ganancias bursátiles y los mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
El patrón común, según la oposición, consiste en reducir o eliminar impuestos que recaen sobre empresas, inversionistas y propietarios de alto patrimonio, para luego cubrir la menor recaudación mediante el presupuesto general del Estado o mediante recortes del gasto público.
En el caso de las contribuciones, ese desplazamiento resulta particularmente visible. El impuesto territorial está directamente relacionado con el valor de las propiedades. Su reemplazo por recursos fiscales generales diluye esa relación y distribuye el costo entre toda la población, incluyendo a personas que no poseen viviendas, que arriendan o que viven en propiedades exentas.
La medida presentada como un alivio para la clase media puede terminar, de ese modo, subsidiando a propietarios de viviendas de alto valor y garantizando con recursos nacionales los presupuestos de las comunas más acomodadas.
La frase de Vodanovic resume el fondo político de la controversia: “Decían que querían defender a la clase media, pero hicieron todo lo contrario. Chile se vuelve un país aún más desigual”.
La discusión seguirá abierta hasta agosto, cuando el Senado deba pronunciarse sobre la fórmula aprobada por la comisión mixta. Lo que está en juego no es solo cómo financiar una exención tributaria, sino qué comunas, qué propietarios y qué sectores sociales serán protegidos prioritariamente por el Estado.
