¿Hasta dónde puede llegar el oficialismo? Los límites de la estrategia para cambiar la agenda política de Chile
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Hay una diferencia entre gobernar y cambiar el sentido común de un país.
Gobernar consiste en administrar instituciones, aprobar presupuestos, impulsar leyes y responder a las urgencias cotidianas. Cambiar el sentido común significa algo distinto: modificar aquello que la mayoría de una sociedad considera aceptable, posible o incluso imaginable.
Durante sus primeros meses, el gobierno de José Antonio Kast ha mostrado una intensa capacidad para instalar temas de discusión pública. No todos han prosperado, pero casi ninguno ha pasado inadvertido.
La pregunta comienza a ser otra.
¿Estamos frente a una sucesión de iniciativas aisladas impulsadas por los partidos más ideológicos del oficialismo o existe una estrategia destinada a ampliar gradualmente el margen de lo políticamente posible?
No es una pregunta menor.
Tampoco tiene todavía una respuesta definitiva.
Pero los hechos empiezan a formar un patrón.
Una agenda que corre los límites
La megarreforma aprobada por el Congreso modificó aspectos centrales del sistema tributario, ambiental y regulatorio que pocos meses antes parecían políticamente inalcanzables.
Después apareció el proyecto «Escucha su corazón«.
Formalmente no elimina la ley de aborto en tres causales.
Sin embargo, modifica las condiciones bajo las cuales las mujeres ejercen ese derecho e instala nuevamente una discusión que parecía cerrada desde 2017.
Ahora fue el turno de Codelco.
La propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para privatizar total o parcialmente la empresa estatal tampoco significa que la privatización vaya a ocurrir.
Pero sí instala una pregunta que hasta hace poco permanecía fuera del debate político.
A ello se suman otras iniciativas promovidas desde el Partido Nacional Libertario y sectores republicanos:
- indultar a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social;
- reducir el número de diputados;
- eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- endurecer las sanciones por la comercialización de misoprostol;
- revisar políticas de memoria y derechos humanos impulsadas durante las últimas décadas.
Cada una de estas propuestas pertenece a ámbitos distintos.
Pero todas comparten una característica.
Desplazan el eje del debate.
Más importante que aprobarlas es discutirlas
En política existe una vieja idea desarrollada por el analista estadounidense Joseph Overton.
Las sociedades no consideran aceptables todas las propuestas posibles.
Existe un rango limitado de ideas que cada época considera razonables.
Ese rango cambia.
No siempre mediante grandes reformas.
Muchas veces cambia simplemente porque ciertos temas comienzan a discutirse.
Lo que ayer parecía impensable hoy se convierte en objeto de debate parlamentario.
Y mañana puede transformarse en política pública.
No significa necesariamente que exista un plan coordinado.
Pero sí describe un mecanismo conocido en la evolución de los sistemas políticos.
El caso Codelco
La discusión sobre Codelco mostró, sin embargo, que no todos los consensos tienen la misma resistencia.
La propuesta republicana encontró un rechazo transversal.
El Gobierno tomó distancia.
Chile Vamos evitó respaldarla.
La oposición cerró filas.
Incluso el Partido de la Gente manifestó su rechazo.
En menos de cuarenta y ocho horas quedó claro que el cobre sigue ocupando un lugar excepcional en la identidad política chilena.
Hay reformas que pueden abrirse paso.
Hay otras que todavía chocan con consensos históricos profundamente arraigados.
Los nuevos actores del oficialismo
Aquí aparece otra pregunta.
¿Hasta qué punto Republicanos y el Partido Nacional Libertario están marcando la agenda del Gobierno?
Formalmente no son el Ejecutivo.
Sin embargo, forman parte de la coalición que sostiene políticamente al Presidente Kast.
Eso produce una dinámica particular.
Las propuestas más disruptivas suelen surgir desde estos partidos.
El Gobierno puede respaldarlas, tomar distancia o dejar que funcionen como instrumentos para medir la reacción política y ciudadana.
No existen pruebas suficientes para afirmar que esa sea una estrategia deliberada.
Pero tampoco puede ignorarse que el efecto práctico consiste en ampliar continuamente el campo de discusión pública.
Cada nueva iniciativa obliga al resto del sistema político a responder.
Gobernar también consiste en medir los límites
Todo gobierno intenta ampliar su capacidad de acción.
Eso forma parte de la política democrática.
Lo relevante no es que existan proyectos controvertidos.
Lo relevante es observar cuáles prosperan, cuáles encuentran resistencia y qué dice esa diferencia sobre el país que está emergiendo.
La controversia por Codelco ofrece una enseñanza.
La megarreforma logró modificar un conjunto importante de reglas económicas.
La propuesta de privatizar la principal empresa estatal, en cambio, encontró un límite político prácticamente inmediato.
No todas las fronteras del debate pueden desplazarse con la misma facilidad.
Y quizás esa sea una de las principales lecciones de estos primeros meses de gobierno.
Porque el verdadero poder de una administración no se mide únicamente por las leyes que consigue aprobar.
También se mide por su capacidad para redefinir aquello que una sociedad está dispuesta a discutir.
Simón del Valle
