Más de cien alcaldes desafían la fórmula del Gobierno: la disputa ya no es por el dinero, sino por la justicia territorial
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Hay momentos en que una controversia política deja de girar en torno a una cifra y comienza a revelar un problema mucho más profundo.
Eso acaba de ocurrir con la compensación a los municipios contemplada en la megarreforma del Gobierno.
Hasta hace pocos días, la discusión parecía concentrarse en el monto de los recursos comprometidos por Hacienda para compensar la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. El Ejecutivo insistía en que los municipios no perderían recursos y que el Estado asumiría el costo fiscal de la medida.
Hoy el debate es completamente distinto.
Más de cien alcaldes de las 16 regiones del país solicitaron al Presidente José Antonio Kast que ejerza su facultad de veto para modificar un solo aspecto de la reforma: la forma en que se distribuirán los recursos ya comprometidos por el propio Gobierno.
No están pidiendo más dinero.
No están cuestionando la exención de contribuciones.
No están proponiendo aumentar el gasto fiscal.
Su planteamiento es mucho más acotado y, precisamente por eso, políticamente más complejo para Hacienda.
Quieren que los cerca de 200 millones de dólares que el Ejecutivo ya decidió destinar a compensar a los municipios sean distribuidos utilizando los criterios del Fondo Común Municipal y no mediante un mecanismo que, a juicio de los alcaldes, reproduce e incluso profundiza las desigualdades existentes entre comunas.
Ese cambio modifica completamente la carga de la discusión.
Una propuesta distinta
La frase del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, resume con precisión el nuevo escenario:
«No pedimos ni un peso más, solo una distribución más justa.»
Es una formulación cuidadosamente construida.
Durante semanas el Gobierno pudo responder que las críticas municipales implicaban mayores gastos fiscales o que desconocían el esfuerzo realizado por Hacienda para proteger los presupuestos comunales.
Hoy ese argumento pierde fuerza.
Los recursos ya fueron comprometidos.
La pregunta ya no es cuánto dinero debe destinar el Estado.
La pregunta es quién debe recibirlo y con qué criterios.
Es una diferencia fundamental.
Del monto al criterio
La política pública suele concentrarse en las cifras.
Sin embargo, muchas veces lo verdaderamente importante no es cuánto dinero se gasta, sino cómo se distribuye.
Eso es exactamente lo que ocurre en esta discusión.
La propuesta del Ejecutivo busca que los municipios recuperen íntegramente los recursos que dejarán de percibir por la eliminación de las contribuciones para un grupo de contribuyentes.
Los alcaldes plantean otro criterio.
Sostienen que esos mismos recursos deberían incorporarse al Fondo Común Municipal para ser redistribuidos según los mecanismos de solidaridad territorial que existen desde hace décadas en Chile.
No se trata de dos presupuestos distintos.
Se trata de dos maneras diferentes de entender la justicia fiscal.
La irrupción de la justicia territorial
Hay un concepto que comenzó a aparecer con fuerza en los últimos días y que probablemente acompañará toda esta discusión.
Justicia territorial.
No es una expresión casual.
Los alcaldes sostienen que el problema no radica en ayudar a los adultos mayores ni en compensar financieramente a los municipios.
El problema, afirman, es que la fórmula escogida beneficia proporcionalmente más a comunas con una elevada recaudación por contribuciones, mientras los recursos provienen de impuestos generales pagados por ciudadanos de todo el país.
El debate deja entonces de ser tributario.
Pasa a ser territorial.
Y esa diferencia tiene profundas implicancias políticas.
Un conflicto que ya no distingue colores políticos
Al comienzo esta controversia parecía enfrentar al Gobierno con alcaldes del Frente Amplio y del Socialismo Democrático.
Ese cuadro ya no describe la realidad.
Entre quienes han cuestionado la fórmula aparecen autoridades de sensibilidades políticas distintas.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, militante de la UDI, calificó la propuesta como «regresiva».
Otros alcaldes de distintos sectores han manifestado reparos similares.
Y ahora son 104 alcaldes quienes respaldan formalmente la solicitud de veto presidencial.
Cuando un debate logra reunir a autoridades de orígenes políticos tan diversos, conviene prestar atención al argumento antes que a la identidad de quienes lo formulan.
La pregunta pendiente
Hasta ahora Hacienda ha defendido la magnitud de la compensación.
Ha insistido en que ningún municipio quedará desfinanciado.
Ha destacado el esfuerzo fiscal comprometido.
Sin embargo, esa respuesta no aborda la principal inquietud planteada por los alcaldes.
¿Por qué el Gobierno considera que ésta es la forma más justa de distribuir esos recursos?
La pregunta no es retórica.
Durante las últimas semanas se conocieron alternativas distintas.
Algunas proponían focalizar la exención según ingresos o patrimonio.
Otras, como la presentada ahora por más de cien alcaldes, mantienen intacto el gasto comprometido, pero modifican el criterio de distribución para fortalecer el Fondo Común Municipal.
El Ejecutivo tiene pleno derecho a preferir una opción sobre otra.
Lo que todavía no ha explicado es por qué.
Un nuevo escenario
La polémica también coincide con un contexto fiscal distinto al de hace algunos meses.
Las lluvias e inundaciones que afectaron a Atacama y Coquimbo abrirán una nueva etapa de reconstrucción, con necesidades extraordinarias de inversión pública en infraestructura, viviendas, caminos y servicios básicos.
Al mismo tiempo, el Gobierno continúa defendiendo una política de disciplina fiscal y contención del gasto.
En ese escenario, la discusión sobre las prioridades presupuestarias adquiere inevitablemente otra dimensión.
No porque la compensación municipal deba desaparecer.
Sino porque cada decisión sobre el destino de los recursos públicos expresa una determinada jerarquía de prioridades.
Más que una discusión tributaria
Quizás la principal enseñanza de este episodio sea que la controversia dejó de tratar sobre contribuciones.
Hoy el debate gira en torno a una pregunta mucho más amplia.
¿Cómo debe distribuir el Estado recursos que pertenecen a todos los contribuyentes?
El Gobierno ha escogido una respuesta.
Más de cien alcaldes proponen otra.
Ambas son opciones legítimas dentro de una democracia.
Precisamente por eso, el país merece conocer con claridad los fundamentos de cada una.
Porque cuando el dinero ya está comprometido y nadie pide aumentar el gasto público, la discusión deja de ser financiera.
Se transforma, inevitablemente, en una discusión sobre justicia territorial.
Félix Montano
