Presos políticos mapuche del Caso Lautaro cuestionan reportaje de Mega y anuncian recurso para anular sus condenas
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Pelentaro Llaitul, Jorge Caniupil, Juan Carlos Mardones y Luis Menares cuestionaron el reportaje “La caída del último Llaitul”, emitido por Mega, al que acusan de presentar una versión distorsionada del proceso judicial que terminó con condenas de entre 14 y casi 16 años de prisión. Los comuneros informaron además que su defensa presentó un recurso de nulidad contra la sentencia, declarado admisible.
Cuatro de los comuneros mapuche condenados en el denominado Caso Lautaro difundieron una declaración pública en la que cuestionan tanto el proceso judicial seguido en su contra como el tratamiento realizado por Mega en el reportaje “La caída del último Llaitul”.
La declaración está suscrita por Pelentaro Llaitul Pezoa, Jorge Caniupil Coña, Juan Carlos Mardones Sáez y Luis Menares Chanilao, quienes se identifican como presos políticos mapuche (PPM) vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El pronunciamiento se produce poco más de un mes después de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictara sentencia contra cinco integrantes de la CAM por hechos ocurridos en noviembre de 2022 en la comuna de Lautaro.
El 13 de julio, el tribunal condenó a Pelentaro Llaitul y Juan Carlos Mardones a penas que, sumadas, alcanzan 15 años y 354 días de privación de libertad, mientras Luis Menares, Jorge Caniupil y Luis Fuenzalida recibieron condenas por 14 años y 178 días. Los delitos por los que fueron condenados incluyen incendio reiterado, secuestro simple y hurto; Llaitul y Mardones recibieron además una condena por porte ilegal de municiones.
La versión de los condenados
En su comunicado, los presos mapuche sostienen que el proceso tuvo graves debilidades probatorias. Afirman que la acusación se apoyó en antecedentes aportados por un testigo protegido que finalmente no compareció al juicio y señalan que tampoco declararon las víctimas.
Según su versión, durante el juicio declararon principalmente funcionarios policiales y la Fiscalía no habría presentado evidencia científica suficiente en materias como telecomunicaciones, georreferenciación o coordinación previa que permitiera situarlos directamente en el lugar del ataque.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de los condenados y su defensa y forman parte precisamente de la controversia judicial que ahora intentarán llevar a una nueva instancia.
El tribunal, en cambio, llegó a una conclusión distinta y estableció por unanimidad la responsabilidad de los cinco acusados en los delitos de incendio reiterado, secuestro y hurto. La sentencia consideró acreditada su participación como autores.
Los condenados sostienen que al momento de su detención se encontraban a unos 40 kilómetros del lugar de los hechos, realizando trabajos en predios en recuperación y comunidades en conflicto territorial vinculadas históricamente con la CAM. Explican que, al conocer la presencia policial en el sector, las personas que se encontraban allí decidieron dispersarse.
Ese antecedente, argumentan, habría sido interpretado por la Fiscalía como parte de la conducta posterior al atentado.
También hubo absoluciones
Uno de los puntos que los firmantes reprochan al reportaje televisivo es que, según señalan, habría presentado como acreditadas conductas por las cuales el propio tribunal los absolvió.
El antecedente es relevante. El veredicto del Tribunal Oral de Temuco efectivamente absolvió a los cinco acusados de algunos de los cargos presentados originalmente por la Fiscalía, entre ellos porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma prohibida y disparos injustificados, al considerar que respecto de esas imputaciones no se alcanzó el estándar probatorio requerido.
La acusación inicial era considerablemente más amplia que la condena finalmente impuesta. La Fiscalía había solicitado penas muy superiores a las determinadas por el tribunal; en el caso de Pelentaro Llaitul, la petición fiscal rondaba los 67 años de cárcel.
Los comuneros sostienen que este contraste entre las acusaciones iniciales y los delitos finalmente acreditados debería formar parte indispensable de cualquier reconstrucción periodística del caso.
Duras críticas al reportaje de Mega
La declaración dedica buena parte de sus cuestionamientos al reportaje “La caída del último Llaitul”. Los firmantes acusan al canal de utilizar imágenes que, según ellos, fueron manipuladas o presentadas fuera de contexto y rechazan especialmente la utilización de la expresión “tour incendiario” para describir los hechos investigados.
Para los condenados, el reportaje no constituye solamente una interpretación periodística que consideran equivocada, sino que tendría una intencionalidad destinada a reforzar públicamente la tesis de su culpabilidad en momentos en que la sentencia todavía está siendo impugnada.
El comunicado utiliza términos particularmente duros contra Mega y vincula la emisión del reportaje con intereses empresariales y forestales. Esa acusación corresponde a los autores de la declaración y no aportan en el texto antecedentes que permitan establecer una intervención directa de empresas forestales en la elaboración o emisión del programa.
La distinción es importante: una cosa es la crítica legítima al tratamiento periodístico de un proceso judicial y otra diferente es atribuir una operación concertada entre empresas y un medio de comunicación, afirmación que requeriría pruebas adicionales.
Recurso de nulidad
El principal elemento nuevo aportado por el comunicado está en el terreno judicial.
Los condenados informaron que sus abogados presentaron un recurso de nulidad contra la sentencia y que este fue declarado admisible. Con ello buscan dejar sin efecto el juicio o la sentencia, dependiendo de las causales invocadas y de lo que determine el tribunal superior.
La presentación significa que las condenas dictadas el 13 de julio continúan siendo objeto de controversia judicial y que la defensa intentará demostrar la existencia de errores que justificarían anular total o parcialmente lo resuelto.
El caso adquirió especial notoriedad por la presencia de Pelentaro Llaitul, hijo de Héctor Llaitul, fundador y dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco. Pero detrás de esa dimensión política existe también una discusión estrictamente judicial: qué pruebas permitieron establecer la autoría de los condenados, qué acusaciones fueron descartadas y si el estándar utilizado por el tribunal resistirá el examen del recurso de nulidad.
Ese será ahora el siguiente capítulo del Caso Lautaro.
Los cuatro firmantes cierran su declaración reafirmando su pertenencia a la lucha autonomista mapuche y exigiendo la libertad de quienes califican como presos políticos mapuche: “Amulepe taiñ weichan”, expresión que puede traducirse como “que continúe nuestra lucha”.
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