Ley Ricarte Soto: el presupuesto de 2026 estaba casi agotado en agosto y el Gobierno propone menos recursos para 2027

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La iniciativa del Ejecutivo reduce en cerca de 14,6% real el financiamiento inicial del sistema que cubre tratamientos de alto costo. Mientras la ministra de Salud asegura que ningún paciente perderá sus medicamentos, el Colegio Médico advierte sobre los riesgos de una asignación insuficiente. La pregunta que queda sin respuesta precisa es de dónde saldrán los recursos adicionales para cumplir la garantía legal.

Hay cifras presupuestarias que adquieren una dimensión distinta cuando se relacionan con la vida de las personas. La Ley Ricarte Soto es una de ellas. No se trata de un programa cuya ejecución pueda postergarse sin mayores consecuencias, sino de un sistema que garantiza tratamientos de alto costo a pacientes con enfermedades graves, crónicas y, en muchos casos, poco frecuentes.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de José Antonio Kast propone destinar $166.951 millones al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. En 2026, la asignación inicial fue de $189.696 millones.

La diferencia es de $22.745 millones en términos nominales. Al incorporar el efecto de la inflación, la disminución alcanza aproximadamente $28 mil millones, equivalentes a una caída real cercana al 14,6%.

Pero hay un segundo antecedente que vuelve especialmente relevante la discusión: según cifras de ejecución a agosto difundidas por The Clinic y recogidas por otros medios, el sistema ya había utilizado $189.683 millones durante los primeros ocho meses de 2026. Es decir, prácticamente el equivalente a todo el presupuesto inicial aprobado para ese año.

Si esa comparación se confirma en los registros definitivos de ejecución, el problema resulta evidente: el monto propuesto para 2027 es inferior no solamente al presupuesto inicial de 2026, sino también a lo que ya se había gastado antes de terminar agosto.

Una ley que no puede suspenderse por falta de presupuesto

La Ley Ricarte Soto, promulgada en 2015, estableció un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Actualmente contempla garantías para 27 problemas de salud definidos por decreto.

Entre las enfermedades incluidas figuran determinados tipos de cáncer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Crohn y otras patologías que pueden exigir medicamentos de elevado precio o tratamientos prolongados.

Su característica fundamental es que la cobertura no depende simplemente de la voluntad administrativa del Gobierno de turno. Los pacientes que cumplen los requisitos establecidos tienen derechos garantizados por una ley.

La ministra de Salud, May Chomali, ha insistido precisamente en ese punto. Este jueves sostuvo que no se trata de un beneficio discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe cumplir.

La secretaria de Estado aseguró que las personas que ya reciben tratamientos continuarán recibiéndolos y que también serán atendidos los nuevos pacientes diagnosticados con enfermedades actualmente cubiertas.

El Gobierno, por tanto, no está anunciando la suspensión de medicamentos ni la eliminación de las 27 patologías protegidas. Esa distinción es esencial para comprender correctamente el conflicto.

La controversia se encuentra en el financiamiento de esas obligaciones.

La ministra reconoce que el gasto supera lo presupuestado

En declaraciones a Radio Pauta, Chomali reconoció que desde hace años el gasto efectivo de la Ley Ricarte Soto supera los recursos asignados inicialmente.

Según explicó, la diferencia se aproxima al 50% y responde, entre otros factores, al aumento sostenido de los pacientes que necesitan tratamientos.

La ministra sostuvo que la mayor supervivencia de los beneficiarios —un resultado positivo desde el punto de vista sanitario— significa también que más personas permanecen durante años bajo la protección del sistema.

En otras palabras, el problema financiero no surge necesariamente de una administración ineficiente. También puede ser consecuencia del éxito de tratamientos que prolongan la vida y permiten que los pacientes continúen recibiendo atención.

Chomali aseguró que el Ejecutivo buscará recursos adicionales durante el año presupuestario cuando sea necesario. Su posición es que la reducción de la asignación inicial no tendrá consecuencias para quienes necesitan medicamentos.

El Ministerio de Salud ha explicado, además, que el proyecto reconoce el aporte fiscal contemplado en la legislación vigente y que los recursos suplementarios pueden incorporarse durante la ejecución, como ha ocurrido en ejercicios anteriores.

Sin embargo, esa respuesta abre una pregunta que merece ser discutida en el Congreso: si el Gobierno sabe que el gasto real supera sistemáticamente el presupuesto inicial, ¿por qué presenta una asignación todavía menor sin explicar simultáneamente cómo y cuándo financiará la diferencia?

La advertencia del Colegio Médico

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, cuestionó este jueves la disminución de recursos.

Su preocupación apunta a que el financiamiento proyectado para 2027 resulta inferior al gasto que ya se había registrado durante 2026. Advirtió que una asignación insuficiente puede fragilizar la atención de pacientes cuya salud depende de estas coberturas.

La inquietud no se limita a una discusión contable. Para las familias que enfrentan enfermedades de alto costo, la continuidad y oportunidad de un tratamiento puede determinar su evolución clínica y su estabilidad económica.

También parlamentarios de distintas bancadas han solicitado garantías respecto de la continuidad de los tratamientos y del ingreso de nuevos beneficiarios.

El Gobierno responde que ambas situaciones están resguardadas para las enfermedades ya incorporadas a la ley. Pero la ministra ha reconocido una limitación adicional: mientras no se modifique el sistema de financiamiento, no existen condiciones para ampliar la cobertura hacia nuevas patologías.

De este modo, la discusión involucra tanto los derechos actualmente garantizados como la posibilidad de extender esa protección a otros pacientes que hoy permanecen fuera del sistema.

La paradoja de una cobertura que necesita más recursos mientras crecen sus beneficiarios

El sistema enfrenta un problema estructural. Los tratamientos de alto costo pueden requerir financiamiento durante períodos prolongados, mientras el número de pacientes aumenta por nuevos diagnósticos y por una mayor supervivencia.

Esa evolución obliga a revisar las proyecciones originales de gasto.

Una política pública que consigue mantener con vida a más personas no puede considerar automáticamente ese resultado como un desequilibrio inesperado. Debe adaptar su financiamiento a las nuevas necesidades.

En paralelo a la discusión presupuestaria, el Congreso tramita una modificación legal destinada a fortalecer la sostenibilidad del fondo. Entre sus propuestas figura aumentar el aporte fiscal anual permanente, actualmente establecido en $100 mil millones, hasta $185 mil millones.

La existencia de esa iniciativa demuestra que el problema de financiamiento no comenzó con el Presupuesto 2027. Es una dificultad acumulada que exige soluciones de largo plazo.

Pero precisamente por eso resulta legítimo preguntar si la reducción de la asignación inicial contribuye a resolverla o si simplemente posterga para el próximo año la búsqueda de recursos adicionales.

Salud aumenta su presupuesto, pero esta cobertura disminuye

El Ministerio de Salud ha destacado que el presupuesto global del sector crecerá 4,7% en 2027, por encima del aumento general del gasto público.

La cartera también ha informado mayores recursos para atención primaria, hospitales y prestaciones médicas, con énfasis en reducir los tiempos de espera y mejorar la gestión.

Es importante reconocer esa expansión global. No estamos ante una reducción general del presupuesto sanitario.

Lo que ocurre es una redistribución interna que deja al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo con una asignación inicial inferior a la del año anterior, pese a las presiones crecientes que enfrenta.

Esa decisión puede responder a criterios de diseño presupuestario y a la expectativa de suplementar los fondos durante la ejecución. Pero tales criterios necesitan transparencia, especialmente cuando se trata de tratamientos legalmente garantizados.

Una explicación convincente debería precisar cuánto se estima gastar realmente en 2027, qué fuentes cubrirán la diferencia, qué mecanismos permitirán incorporar recursos oportunamente y cómo se evitarán interrupciones administrativas.

El presupuesto no termina cuando se aprueba la ley

El debate sobre la Ley Ricarte Soto revela un aspecto menos visible de la discusión fiscal: la distancia que puede existir entre una asignación presupuestaria inicial y el gasto necesario para cumplir las obligaciones del Estado.

El Gobierno asegura que respetará esas obligaciones. Esa promesa es relevante y debe ser considerada.

Pero una garantía sanitaria no se sostiene solamente mediante declaraciones de tranquilidad. También requiere una planificación financiera capaz de responder a las necesidades de los pacientes sin incertidumbre permanente.

La discusión parlamentaria ofrece la oportunidad de exigir esa información y de abordar la reforma estructural pendiente.

No se trata de afirmar que los medicamentos dejarán de entregarse, porque el Ejecutivo ha comprometido expresamente lo contrario. Se trata de determinar si el financiamiento anunciado es suficiente y, cuando no lo sea, de dónde saldrá la diferencia.

En una ley que protege a personas con enfermedades graves, esa respuesta no puede quedar reducida a un asunto técnico. Es una responsabilidad pública que merece cifras, plazos y garantías verificables.

Fuentes: Dipres, La Tercera, Radio Pauta, BioBioChile