Un El Niño excepcional sobre el Pacífico: Chile enfrenta mayores riesgos climáticos mientras reduce recursos para prevenirlos
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La NOAA advierte que el fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad histórica y mantenerse fuerte hasta comienzos de 2027. La alerta llega cuando Santiago acaba de sufrir dos emergencias meteorológicas en menos de una semana y el Gobierno de José Antonio Kast propone fuertes reducciones en partidas destinadas al cambio climático, la educación ambiental y la transición energética. Las antiguas declaraciones del mandatario y de dirigentes republicanos y libertarios sobre la crisis climática agregan una dimensión política a un problema que ya está afectando la vida cotidiana.
La tormenta que inundó calles de Santiago el martes 13 de octubre, acompañada de granizos y fuertes vientos, todavía no terminaba de disiparse cuando una pregunta comenzó a imponerse sobre las imágenes de automóviles atrapados en el agua, pasos bajo nivel anegados y techumbres arrancadas: ¿está Chile preparado para enfrentar los fenómenos meteorológicos extremos que podrían intensificarse durante los próximos meses?
La pregunta adquiere mayor relevancia porque apenas cinco días antes un aluvión había afectado a sectores precordilleranos de Las Condes, dejando en evidencia los riesgos de la ocupación urbana en áreas expuestas a escurrimientos de agua y sedimentos.
Son dos episodios diferentes, cuyas causas específicas deben investigarse por separado. Pero ambos muestran la vulnerabilidad de una ciudad que enfrenta fenómenos meteorológicos capaces de alterar su funcionamiento en cuestión de minutos.
Y ocurren cuando los organismos científicos internacionales advierten sobre la evolución de un fenómeno de alcance planetario.
El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 8 de octubre que El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial.
Según su último boletín, existe una probabilidad superior al 83% de que se mantengan condiciones de El Niño fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027. Los modelos también muestran la posibilidad de que el episodio alcance niveles excepcionales dentro de los registros históricos.
No significa que todas las regiones del planeta sufrirán inundaciones ni que Chile enfrentará necesariamente un verano más lluvioso.
Pero sí significa que uno de los principales mecanismos de variabilidad climática mundial se encuentra en una fase de gran intensidad, con posibles consecuencias para las precipitaciones, las temperaturas, los ecosistemas y la actividad económica.
La discusión ya no puede limitarse a describir los fenómenos naturales. También debe examinar las decisiones que adoptan los gobiernos para reducir sus consecuencias.
Qué está ocurriendo en el océano Pacífico
El Niño forma parte del sistema conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), una interacción entre el océano y la atmósfera que modifica la circulación de los vientos y la distribución de las lluvias en distintas regiones del planeta.
Durante un episodio de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan por encima de sus valores habituales. Ese calentamiento altera los patrones atmosféricos y puede modificar las condiciones meteorológicas a miles de kilómetros.
En septiembre, según la NOAA, algunas zonas del Pacífico ecuatorial oriental presentaron anomalías de temperatura superficial superiores a cuatro grados Celsius.
Los principales índices oceánicos también mostraron un fortalecimiento del fenómeno, acompañado de señales atmosféricas compatibles con un episodio intenso.
La magnitud del calentamiento preocupa a los especialistas porque los episodios fuertes de El Niño pueden producir alteraciones importantes en la distribución global de las precipitaciones.
Pero existe una precisión indispensable.
El Niño no es lo mismo que el cambio climático.
El primero es un fenómeno natural de variabilidad climática, que alterna fases cálidas, frías y neutrales. El segundo corresponde a una modificación persistente del sistema climático, actualmente impulsada principalmente por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.
Ambos procesos pueden interactuar.
El calentamiento global eleva las temperaturas de referencia del planeta y puede modificar las condiciones bajo las cuales se desarrollan los fenómenos extremos. El Niño, por su parte, redistribuye temporalmente calor y humedad en el sistema climático.
Confundirlos dificulta comprender sus efectos. Separarlos completamente también sería un error.
Un fenómeno mundial con consecuencias diferentes
Los impactos de El Niño no son uniformes.
En algunas regiones puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales. En otras, aumenta la probabilidad de condiciones secas y temperaturas elevadas.
En el sudeste asiático y determinadas zonas de Australia, los episodios intensos de El Niño se han asociado históricamente con déficits de lluvia y mayores riesgos de sequía e incendios.
En sectores de África oriental pueden aumentar las precipitaciones, mientras otras áreas del continente enfrentan condiciones más secas.
En América Latina, las consecuencias son especialmente diversas.
Las costas de Perú y Ecuador pueden experimentar un aumento de las precipitaciones asociado al calentamiento del Pacífico oriental, aunque la magnitud de los efectos depende de la evolución concreta del episodio y de las condiciones regionales.
En sectores del sur de Brasil, Uruguay y el noreste de Argentina, El Niño suele favorecer condiciones más lluviosas durante determinadas estaciones.
En otras regiones de Sudamérica, especialmente algunas zonas tropicales, puede contribuir a déficits de precipitación.
Estas relaciones representan tendencias estadísticas, no pronósticos automáticos para cada ciudad o localidad.
Un El Niño muy fuerte no produce necesariamente los mismos efectos que otro episodio de intensidad semejante.
La posición de las anomalías oceánicas, la circulación atmosférica y otros factores regionales pueden modificar considerablemente sus consecuencias.
Chile: el riesgo no se distribuye de manera uniforme
En Chile central existe una relación histórica entre determinados episodios de El Niño y el aumento de las precipitaciones durante la temporada lluviosa.
Sin embargo, esa relación es más clara durante el invierno austral y no permite anticipar automáticamente lluvias intensas durante el verano.
Para los próximos meses, las proyecciones deben considerar que el país entra en su estación cálida, cuando los riesgos habituales incluyen altas temperaturas, incendios forestales, olas de calor y estrés hídrico.
En el norte, las condiciones atmosféricas asociadas al Pacífico pueden influir sobre distintos sistemas de precipitación, pero sus efectos dependen de factores regionales y no pueden deducirse exclusivamente de la intensidad de El Niño.
En el centro y sur, las temperaturas, la disponibilidad de agua y las condiciones de vegetación serán elementos relevantes para evaluar el riesgo de incendios.
También habrá consecuencias potenciales para la pesca, los ecosistemas marinos y las actividades agrícolas, debido a las alteraciones de temperatura oceánica y de los patrones meteorológicos.
Por eso sería incorrecto afirmar que la tormenta de Santiago fue provocada por El Niño.
Para establecer esa relación se requiere un análisis meteorológico específico.
Lo que sí puede afirmarse es que Chile enfrenta una combinación de amenazas climáticas y territoriales que exige sistemas de prevención, monitoreo y adaptación capaces de responder a escenarios cambiantes.
La experiencia reciente de Santiago muestra que no basta con conocer los pronósticos. Es necesario que la infraestructura, la planificación urbana y los organismos públicos estén preparados para sus posibles consecuencias.
Del negacionismo climático a las decisiones de Gobierno
La discusión científica tiene en Chile una dimensión política que no puede ignorarse.
Durante años, sectores de la derecha conservadora y libertaria han cuestionado las políticas destinadas a enfrentar el cambio climático. Algunas de esas críticas se han dirigido a los costos económicos de la transición energética o a las regulaciones ambientales. Otras han puesto en duda los fundamentos científicos de la crisis climática.
No son posiciones equivalentes.
Es legítimo discutir la eficacia de un impuesto ambiental, el costo de una determinada tecnología o la velocidad con que debe transformarse la matriz energética.
Otra cosa es presentar el calentamiento global como una construcción ideológica o desacreditar la evidencia científica acumulada durante décadas.
José Antonio Kast participó de ese debate antes de llegar a La Moneda.
Su programa presidencial original de 2021 cuestionaba el retiro acelerado de centrales térmicas por «supuestas razones climáticas». La expresión revelaba una posición de escepticismo frente a los fundamentos utilizados para justificar una de las principales políticas de descarbonización.
Posteriormente, su propuesta programática fue modificada e incorporó compromisos explícitos en materia de acción climática.
Esa evolución debe reconocerse. No sería correcto sostener que todas sus posiciones posteriores permanecieron inalteradas.
Sin embargo, el antecedente resulta relevante cuando se examinan las prioridades presupuestarias de su actual administración.
También Johannes Kaiser, una de las figuras más visibles del sector libertario, ha cuestionado públicamente el discurso climático.
En una intervención parlamentaria del 6 de junio de 2023, el diputado se refirió a «la nueva religión del cambio climático», expresión que ilustra la manera en que determinados sectores han presentado las políticas ambientales como parte de una confrontación ideológica.
Ese lenguaje no equivale a una discusión técnica sobre instrumentos de política pública.
Contribuye a desplazar el debate desde la evidencia científica hacia la desconfianza frente a las instituciones que la producen y las políticas que intentan responder a ella.
Por supuesto, una declaración de Kaiser no representa necesariamente la posición de todos los parlamentarios libertarios, así como las posiciones de Kast en 2021 no sustituyen el examen de las decisiones que adopta actualmente como presidente.
La pregunta relevante es si esas concepciones han tenido consecuencias concretas sobre las políticas públicas.
Y allí aparece el Presupuesto 2027.
El presupuesto climático que se reduce
El 7 de octubre, El Clarín publicó una investigación sobre las modificaciones introducidas por el Gobierno en los recursos destinados al medioambiente, el cambio climático y las energías renovables.
El análisis reveló una situación que no puede resumirse simplemente como una disminución general del presupuesto ambiental.
El Ministerio del Medio Ambiente mantiene prácticamente sus recursos globales y aumenta el financiamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Ese fortalecimiento institucional tiene importancia para la conservación de ecosistemas y especies, aunque parte de los recursos adicionales corresponde a la instalación del servicio y al traspaso de funciones que anteriormente desarrollaba CONAF.
Pero, al mismo tiempo, el proyecto reduce varias partidas directamente relacionadas con las políticas climáticas.
El programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático pasa de aproximadamente 1.714 millones de pesos en 2026 a 1.383 millones en 2027.
Es una disminución cercana al 19%.
Dentro de ese programa, la asignación denominada Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) baja desde 717 millones a 293 millones de pesos.
La reducción alcanza el 59,1%.
No se trata de una partida sin importancia.
La NDC reúne los compromisos que Chile ha asumido ante la comunidad internacional para reducir emisiones, adaptarse a las consecuencias del calentamiento global y fortalecer su resiliencia.
La estrategia vigente para 2025-2035 contempla medidas sobre seguridad hídrica, infraestructura, biodiversidad, océanos, mitigación y adaptación, entre otras materias.
Precisamente cuando comienza una nueva etapa de implementación de esos compromisos, disminuyen los recursos identificados específicamente para su ejecución y seguimiento.
El Gobierno podría estar financiando parte de estas tareas mediante otros programas o instituciones.
Si ese es el caso, corresponde que explique cuáles son esas fuentes alternativas y cómo se mantendrá la capacidad de implementación.
Lo que muestra el proyecto presupuestario, hasta ahora, es una reducción concreta de las asignaciones señaladas.
Menos educación ambiental y menos apoyo a energías renovables
Las reducciones no terminan allí.
El programa Desarrollo Sostenible cae un 43,8%, desde aproximadamente 8.109 millones a 4.555 millones de pesos.
La asignación de Educación Ambiental disminuye cerca del 41%, mientras el Fondo de Protección Ambiental, que financia iniciativas comunitarias, pierde un 29,4% de sus recursos.
El programa Calefacción Sustentable, vinculado al reemplazo de sistemas contaminantes de calefacción, registra una caída cercana al 53%.
En el Ministerio de Energía también se observan cambios significativos.
El apoyo presupuestario comparable para el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales pasa de aproximadamente 1.638 millones de pesos a 323 millones.
La reducción se aproxima al 80%.
El programa de Eficiencia Energética disminuye cerca de un 35%, mientras la iniciativa denominada Transición Energética Justa deja de presentar una asignación bajo esa denominación.
Esto último no demuestra, por sí solo, que todas sus actividades hayan sido eliminadas. Algunas podrían continuar mediante otros instrumentos.
Pero obliga a preguntar dónde se encuentran ahora los recursos y cuáles serán las metas efectivamente financiadas.
La discusión sobre educación ambiental merece una atención especial.
La reducción presupuestaria es verificable, pero no equivale automáticamente a la suspensión de todas las cartillas, guías o materiales escolares sobre cambio climático.
Para afirmar que un determinado recurso educativo fue retirado, se necesita identificar el documento, la institución responsable y la resolución o instrucción correspondiente.
Hasta contar con esos antecedentes, lo que puede sostenerse es que el financiamiento identificado para educación ambiental disminuye considerablemente y que algunas líneas de certificación ambiental dejan de aparecer individualizadas en el proyecto.
La diferencia importa.
Una investigación periodística sobre las políticas climáticas debe ser especialmente rigurosa con los hechos que denuncia.
La prevención de desastres no puede quedar fuera de la discusión
Las emergencias de Santiago introducen otra dimensión: la gestión del riesgo de desastres.
El cambio climático no se enfrenta únicamente mediante energías renovables o compromisos internacionales de reducción de emisiones.
También requiere fortalecer la capacidad de las ciudades para resistir lluvias intensas, proteger quebradas, mejorar los sistemas de evacuación de aguas, mantener infraestructura crítica y organizar respuestas eficaces ante emergencias.
La prevención incluye monitoreo, sistemas de alerta temprana, mapas de riesgo, educación de la población y coordinación entre organismos públicos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, las municipalidades, los ministerios sectoriales y los gobiernos regionales desempeñan funciones diferentes dentro de ese sistema.
Por eso, el debate presupuestario debe incorporar también los recursos destinados a la gestión del riesgo.
No basta con examinar cuánto se gastará después de una inundación o un incendio.
Es necesario establecer cuánto se invierte antes para reducir sus consecuencias.
En este punto resulta indispensable distinguir entre los recursos de respuesta inmediata y aquellos destinados a prevención, planificación y adaptación de largo plazo.
Una disminución en cualquiera de estas partidas debe evaluarse considerando las funciones que financia, los eventuales traspasos institucionales y las necesidades reales del territorio.
La experiencia de Santiago ofrece una advertencia concreta: una ciudad puede disponer de organismos de emergencia y, sin embargo, mantener vulnerabilidades acumuladas en su infraestructura y planificación.
¿Cuánto cuesta no prepararse?
Las políticas climáticas suelen discutirse desde el punto de vista de su costo fiscal.
Construir infraestructura de drenaje, mejorar sistemas de alerta, fortalecer la educación ambiental o transformar tecnologías energéticas requiere recursos.
Pero la ausencia de prevención también tiene costos.
Una inundación puede interrumpir el transporte, afectar el comercio, dañar viviendas y obligar a utilizar recursos públicos para reparar infraestructura.
Un incendio forestal puede destruir ecosistemas, comprometer sistemas de abastecimiento de agua y generar pérdidas económicas y sociales que se prolongan durante años.
Las olas de calor pueden afectar la salud de la población y aumentar la demanda de energía.
La evaluación económica de las políticas de adaptación debe considerar, por tanto, no solamente lo que cuesta implementarlas, sino también los daños que pueden evitar.
Esto no significa que cualquier programa ambiental sea eficiente o que sus recursos deban mantenerse sin evaluación.
Significa que los recortes también requieren justificación.
Una partida puede disminuir porque una tarea concluyó, porque otra institución asumió sus funciones o porque se encontró una forma más eficaz de cumplir el mismo objetivo.
Pero también puede disminuir simplemente porque esa política perdió prioridad.
El Presupuesto 2027 obliga a establecer cuál de esas explicaciones corresponde a cada caso.
La contradicción política
El Gobierno de Kast enfrenta una situación que reúne dificultades económicas, restricciones fiscales y amenazas ambientales.
La nueva proyección del Fondo Monetario Internacional anticipa un crecimiento de apenas 0,6% para Chile en 2026.
Hacienda ha defendido la necesidad de ordenar las cuentas públicas y contener el gasto, mientras apuesta por una recuperación de la inversión y la actividad durante 2027.
Ese contexto ayuda a explicar por qué el Ejecutivo busca reducir o reorganizar distintos programas.
Pero no elimina la necesidad de justificar sus prioridades.
La política climática no es una actividad aislada de la economía.
La disponibilidad de agua afecta a la agricultura, la minería y el abastecimiento urbano. Los incendios forestales tienen consecuencias productivas y sociales. La eficiencia energética puede reducir costos para empresas y hogares. La prevención de desastres protege infraestructura e inversión.
Debilitar determinadas capacidades de adaptación puede producir ahorros presupuestarios inmediatos, pero también aumentar la exposición a pérdidas futuras.
No está demostrado que cada una de las reducciones propuestas vaya a producir ese resultado. Para establecerlo es necesario conocer sus efectos concretos.
Lo que sí está documentado es que varias partidas climáticas y energéticas disminuyen mientras Chile mantiene compromisos internacionales de adaptación y mitigación.
También está documentado que algunos de los dirigentes que hoy forman parte del debate gubernamental cuestionaron anteriormente la ciencia climática o las políticas derivadas de ella.
La coincidencia entre esos antecedentes y las decisiones presupuestarias plantea una interrogante política legítima.
No demuestra automáticamente una relación causal, pero exige explicaciones públicas.
El Niño no espera las discusiones ideológicas
El episodio de El Niño que se desarrolla en el Pacífico continuará evolucionando durante los próximos meses.
La NOAA prevé condiciones fuertes o muy fuertes hasta comienzos de 2027, aunque la intensidad final y los impactos regionales todavía están sujetos a incertidumbre.
Las autoridades meteorológicas deberán actualizar sus pronósticos y los organismos responsables de prevención tendrán que ajustar sus planes conforme aparezca nueva información.
En Chile, los riesgos no serán idénticos en todas las regiones ni durante todas las estaciones.
Pero las necesidades de adaptación no dependen exclusivamente de lo que ocurra este verano.
Las ciudades, los sistemas productivos y los servicios públicos deben prepararse para condiciones climáticas que cambian en escalas mucho más largas que un período presidencial.
Esa es probablemente la cuestión más importante que deja la discusión.
El cambio climático puede ser objeto de controversias políticas. Sus consecuencias físicas, sin embargo, no dependen de las convicciones de quienes gobiernan.
Tampoco desaparecen porque un presupuesto reduzca los recursos destinados a enfrentarlas.
La ciencia no puede determinar por sí sola todas las decisiones fiscales de un país. Pero proporciona información indispensable para evaluar los riesgos de esas decisiones.
Y cuando los organismos internacionales advierten sobre un episodio excepcional de El Niño, mientras una ciudad como Santiago acaba de sufrir dos emergencias en menos de una semana, la prevención adquiere una importancia difícil de ignorar.
El Gobierno tiene derecho a proponer una orientación diferente para la política ambiental y energética. También tiene la responsabilidad de explicar cómo mantendrá las capacidades necesarias para enfrentar los riesgos climáticos.
La pregunta ya no es solamente cuánto dinero se ahorrará mediante los recortes.
Es cuánto podría costarle a Chile llegar menos preparado a las próximas emergencias.
Simón del Valle
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