Dominga vuelve a amenazar el Archipiélago de Humboldt y desata una movilización ambiental en todo Chile

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Más de 90 organizaciones convocaron para este sábado 31 de octubre a movilizaciones en 17 ciudades del país, mientras el proyecto minero-portuario Dominga se aproxima a una nueva definición administrativa. Greenpeace exige transparencia al gobierno de José Antonio Kast y Oceana revela testimonios de funcionarios que denunciaron presiones durante la evaluación ambiental de la iniciativa. La disputa por el Archipiélago de Humboldt vuelve a expresar un conflicto de alcance nacional entre la expansión extractiva, la protección de los ecosistemas y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios.

El proyecto minero-portuario Dominga, uno de los conflictos ambientales más prolongados y controvertidos de Chile, vuelve a encontrarse ante una posible decisión que podría modificar su futuro. Después de tres rechazos ambientales, una extensa controversia judicial y nuevas investigaciones sobre eventuales irregularidades en su tramitación, la iniciativa de Andes Iron apuesta ahora por una resolución favorable del Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast.

La posibilidad ha provocado una reacción que supera ampliamente los límites de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Más de 90 organizaciones ambientales, sociales y estudiantiles convocaron para este sábado 31 de octubre a una jornada nacional de movilizaciones en 17 ciudades, desde Arica hasta Punta Arenas.

La convocatoria reúne dos demandas principales: el reingreso de los decretos ambientales retirados de Contraloría en marzo y el rechazo a proyectos extractivos que, según las organizaciones, amenazan ecosistemas y actividades económicas locales.

Dominga ocupa un lugar central en esa protesta. Pero su importancia ya no reside exclusivamente en los impactos que podría ocasionar sobre el Archipiélago de Humboldt. Después de más de una década de controversias, se ha convertido también en un símbolo de las disputas por la independencia de la institucionalidad ambiental, la influencia empresarial sobre las decisiones públicas y el modelo de desarrollo que se busca imponer en los territorios.

Un proyecto rechazado que busca una nueva oportunidad

Dominga contempla la explotación de yacimientos de hierro y cobre en La Higuera, junto con infraestructura portuaria destinada a transportar su producción.

Su emplazamiento próximo al Archipiélago de Humboldt ha concentrado buena parte de las objeciones ambientales. En ese territorio se encuentran ecosistemas marinos de gran relevancia para la biodiversidad, con presencia de pingüinos de Humboldt, cetáceos y numerosas especies que dependen de las condiciones oceanográficas de la zona.

También se desarrollan actividades de pesca artesanal, turismo y agricultura, cuyos representantes han advertido sobre las consecuencias que podría tener la instalación del complejo minero-portuario.

El proyecto fue rechazado en 2017 y volvió a enfrentar decisiones desfavorables en etapas posteriores. En enero de 2025, el Comité de Ministros resolvió nuevamente rechazarlo, entre otras razones por deficiencias relacionadas con la biodiversidad y los planes de contingencia y emergencia.

Andes Iron ha cuestionado esa resolución y sostiene que las decisiones judiciales favorables a su posición respaldan la evaluación ambiental del proyecto.

Durante septiembre, la empresa modificó su estrategia: desistió de recursos ante la Corte Suprema y concentró sus expectativas en solicitudes de invalidación presentadas por cuatro organizaciones sociales favorables a Dominga.

Según explicó Andes Iron, la resolución de enero de 2025 habría contravenido lo establecido previamente por el Primer Tribunal Ambiental. La empresa argumenta que corresponde rectificar esa actuación y permitir que avance una iniciativa que considera beneficiosa para el desarrollo económico de la Región de Coquimbo.

La controversia, por tanto, no enfrenta simplemente a una empresa con las organizaciones ambientalistas. También divide a sectores de la propia comunidad local: mientras algunos respaldan el proyecto por sus expectativas de inversión y empleo, otros defienden las actividades productivas existentes y advierten sobre los riesgos de una transformación irreversible del territorio.

El Comité de Ministros y una decisión bajo observación

El 30 de octubre vence el plazo señalado por Oceana para presentar observaciones en el procedimiento administrativo relacionado con las solicitudes de invalidación.

A partir del 31 de octubre, el Comité de Ministros podría avanzar hacia una nueva decisión sobre el proyecto. Esto no significa que exista una sesión confirmada ni que su aprobación sea un hecho consumado.

Sin embargo, el cambio de estrategia de Andes Iron ha encendido las alarmas entre las organizaciones opositoras.

El jueves 29, representantes de agrupaciones de pescadores, agricultores, turismo, comunidades indígenas y ambientalistas de La Higuera acudieron a La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente Kast.

Las organizaciones solicitaron garantías de transparencia y respeto a la institucionalidad ambiental, ante la posibilidad de que el nuevo gobierno adopte una resolución favorable a la empresa. Greenpeace, Oceana y FIMA respaldaron las preocupaciones expresadas por las comunidades.

Ese mismo día, Greenpeace publicó una declaración en la que advirtió sobre las consecuencias institucionales de una eventual aprobación.

La abogada de la organización, Roxana Núñez, sostuvo que el gobierno debe explicar qué antecedentes nuevos permitirían revertir los rechazos anteriores y de qué manera se habrían subsanado las deficiencias ambientales identificadas.

Greenpeace también señaló que una decisión de esa magnitud requiere garantías efectivas de independencia, particularmente cuando existen investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades vinculadas al proyecto.

El planteamiento introduce una cuestión fundamental: una decisión administrativa puede ser jurídicamente procedente y, al mismo tiempo, necesitar una fundamentación pública especialmente rigurosa cuando existe una larga historia de cuestionamientos técnicos y sospechas sobre influencias indebidas.

La responsabilidad política, según Greenpeace, no recaería únicamente en los ministros que participen de la resolución, sino también en el presidente Kast y su gobierno.

Las presiones sobre los evaluadores ambientales

A las controversias judiciales se sumó esta semana una investigación de Oceana que recupera testimonios de funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, encargados de analizar técnicamente el proyecto.

La organización presentó el 27 de octubre la serie audiovisual El juego de Dominga, construida a partir de un sumario administrativo de más de 600 páginas y una carta de los trabajadores que participaron en la evaluación.

Según los testimonios recogidos, durante 2017 funcionarios regionales recibieron presiones desde Santiago para recomendar la aprobación de la iniciativa, pese a que sus análisis técnicos identificaban deficiencias que justificaban su rechazo.

Los trabajadores denunciaron que fueron apartados de decisiones relevantes y que no pudieron introducir observaciones en el informe final.

La subdirectora ejecutiva de Oceana, Tania Rheinen, sostuvo que estos antecedentes ponen en cuestión la independencia del proceso de evaluación y la validez técnica de una recomendación favorable que posteriormente fue utilizada por la empresa en sus controversias judiciales.

Los testimonios constituyen antecedentes documentados de denuncias formuladas por funcionarios públicos. No obstante, la determinación de eventuales responsabilidades administrativas o penales corresponde a las instancias competentes.

La investigación vuelve a instalar una pregunta que acompaña a Dominga desde sus primeras etapas: ¿hasta qué punto los organismos encargados de evaluar un proyecto pueden mantener su independencia frente a presiones políticas y económicas?

Los millonarios pagos a asesores políticos y judiciales

Otra investigación, publicada el 19 de octubre por Mongabay Latam y firmada por Nicolás Cerpa y Nicolás Sepúlveda, reveló documentos internos de Andes Iron que identifican pagos y presupuestos destinados a abogados, exparlamentarios y asesores con vínculos en el mundo político y judicial.

Entre los antecedentes figura el abogado José Ramón Correa, asesor jurídico de la empresa, para quien un documento interno contemplaba pagos superiores a 700.000 dólares durante 2022.

También aparecen exparlamentarios y antiguos integrantes de organismos judiciales. Uno de los casos examinados es el del exministro del Tribunal Ambiental Alejandro Ruiz, quien intervino públicamente en el debate sobre Dominga sin transparentar en algunas de sus apariciones que mantenía una relación profesional remunerada con Andes Iron.

La investigación aborda, además, pagos a abogados vinculados a otras causas judiciales por presunta corrupción, entre ellos Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Según Mongabay, la Fiscalía mantiene una investigación reservada para determinar las circunstancias de determinados pagos y su eventual relación con conductas ilícitas.

Es indispensable establecer una distinción: contratar abogados, asesores o exautoridades no constituye por sí mismo una irregularidad penal. Tampoco existen, según los antecedentes publicados, pruebas que permitan afirmar que Andes Iron haya cometido actos de corrupción mediante esos contratos.

Sin embargo, la investigación revela una red de asesorías de alto costo y conexiones institucionales que plantea interrogantes sobre transparencia, conflictos de interés y mecanismos de influencia.

Andes Iron ha señalado que los servicios contratados corresponden a labores profesionales y jurídicas. Respecto de Correa, la empresa precisó que su estudio presta asesoría corporativa y no ambiental. Sobre otros abogados investigados, sostuvo que los pagos correspondían a análisis jurídicos y evaluaciones del contexto legal.

La controversia adquiere especial relevancia cuando el proyecto vuelve a depender de una decisión administrativa de alto nivel.

De La Higuera a todo Chile: una movilización territorial

La jornada convocada para este sábado no se limita al rechazo de Dominga.

Las organizaciones han anunciado manifestaciones en Santiago, La Serena, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, entre otras ciudades.

La coordinación nacional expresa una preocupación compartida por la orientación de las políticas ambientales, pero cada territorio incorpora conflictos específicos.

En Valdivia, por ejemplo, el Bloque Socioambiental anunció que se manifestará contra una carretera proyectada por el Parque Nacional Alerce Costero, iniciativas salmoneras en los ríos San Pedro y Calle Calle y un proyecto inmobiliario en Bahía Coique.

También respaldará la protección de la cuenca del río Valdivia mediante una norma secundaria de calidad ambiental.

Camila Ahumada, representante del bloque, explicó que las organizaciones de Los Ríos se suman a la protesta por la preocupación ante la posible reactivación de Dominga, al tiempo que buscan visibilizar los conflictos propios de la región.

En otras zonas, las demandas se relacionan con la contaminación industrial, la disponibilidad de agua, la expansión minera, la intervención de ecosistemas y la defensa de actividades económicas tradicionales.

La articulación de estos conflictos representa uno de los aspectos políticamente más relevantes de la convocatoria.

Durante años, muchas controversias ambientales se desarrollaron de manera relativamente aislada, con comunidades enfrentadas a proyectos específicos y procedimientos administrativos complejos.

La movilización del sábado busca convertir esas luchas locales en una demanda nacional.

No se trata únicamente de oponerse a determinadas inversiones. Las organizaciones plantean que las decisiones sobre el territorio deben incorporar los derechos de sus habitantes, la protección de los ecosistemas y la participación efectiva de las comunidades.

El contexto: normas pendientes y restricciones presupuestarias

La protesta ocurre un día después de que El Clarín examinara la situación de los decretos ambientales retirados de Contraloría y las reducciones contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027.

Siete meses después del retiro de 43 decretos, 34 todavía no habían sido reingresados, según los antecedentes publicados esta semana.

Paralelamente, el proyecto presupuestario contempla disminuciones de recursos en programas de fiscalización ambiental, descontaminación y cumplimiento de compromisos climáticos.

Las organizaciones convocantes han incorporado el reingreso de esos instrumentos entre sus principales exigencias.

La coincidencia de ambas controversias permite comprender el alcance de la movilización.

Por una parte, el gobierno busca acelerar la inversión y reducir obstáculos regulatorios. Por otra, distintos sectores ambientales advierten que la protección de los territorios requiere organismos públicos con recursos, independencia técnica y normas actualizadas.

No existe una contradicción inevitable entre inversión y protección ambiental. Pero sí aparece un conflicto cuando la agilización de los proyectos se transforma en una prioridad que las comunidades perciben como superior a la conservación de los ecosistemas.

Dominga concentra precisamente esa tensión.

Dominga, un símbolo de la disputa por el desarrollo

La historia del proyecto refleja una característica persistente de los conflictos ambientales chilenos: la dificultad de resolver controversias en las que confluyen grandes intereses económicos, decisiones administrativas, tribunales, comunidades locales y organizaciones nacionales.

Después de trece años de tramitación y litigios, Dominga sigue sin contar con una resolución ambiental favorable firme que cierre definitivamente la controversia.

Sus partidarios sostienen que la iniciativa generará inversiones, empleos y oportunidades de desarrollo para La Higuera. Sus opositores advierten que los riesgos para el Archipiélago de Humboldt y las economías locales no han sido adecuadamente resueltos.

El gobierno de Kast enfrenta ahora una decisión que tendrá consecuencias más allá de la Región de Coquimbo.

Si el Comité de Ministros reconsidera el rechazo, deberá explicar de manera verificable los fundamentos técnicos y jurídicos de esa resolución. Si mantiene la decisión desfavorable, la controversia probablemente continuará en otras instancias.

En ambos casos, la independencia del procedimiento y la transparencia de sus fundamentos serán determinantes para su legitimidad pública.

Mientras tanto, la movilización convocada para el sábado expresa una dimensión que los expedientes administrativos no siempre alcanzan a reflejar: la existencia de comunidades que consideran la defensa del territorio parte inseparable de sus condiciones de vida, su trabajo y su futuro.

Dominga se ha convertido en un símbolo porque reúne, en un mismo conflicto, la protección de un ecosistema excepcional, la promesa de grandes inversiones, las disputas por la institucionalidad ambiental y las sospechas sobre la influencia del poder económico.

La marcha nacional permitirá observar hasta qué punto esas preocupaciones, surgidas en territorios diferentes, pueden transformarse en una acción colectiva sostenida.

Lo que se discute no es solamente si se construirá un puerto minero en La Higuera. Es también quién decide sobre el destino de los territorios, bajo qué condiciones se adoptan esas decisiones y qué lugar ocupa la protección de la naturaleza en el desarrollo económico de Chile.

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