Poder y Política Portada

De ministra cuestionada a agregada diplomática: nuevo informe del Congreso confirma graves reparos a la gestión de Steinert

Tiempo de lectura aprox: 7 minutos, 1 segundos

Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó este martes, por seis votos contra cuatro, un informe que concluye que la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert excedió sus atribuciones e infringió el principio de probidad administrativa. También cuestiona su intervención en asuntos de la PDI, la ausencia de un plan de seguridad acreditado y las deficiencias de supervisión desde La Moneda. Las conclusiones llegan apenas una semana después de que el Gobierno confirmara su nombramiento como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.

El Gobierno de José Antonio Kast decidió reincorporar a Trinidad Steinert a una función pública en el exterior cuando todavía estaba pendiente la investigación parlamentaria sobre su breve y controvertida gestión al frente del Ministerio de Seguridad Pública. Una semana después de anunciarse su designación como agregada de seguridad en Paraguay, la Cámara de Diputados conoció un informe que formula severos cuestionamientos a su actuación y que abre nuevas interrogantes sobre los criterios utilizados por el Ejecutivo para otorgarle esa responsabilidad.

La Comisión Especial Investigadora aprobó este martes 17 de noviembre, por seis votos contra cuatro, un documento que concluye que Steinert excedió sus atribuciones legales, infringió el principio de probidad administrativa y no cumplió adecuadamente determinadas obligaciones de asesoría al Presidente de la República.

El informe también cuestiona la falta de control sobre decisiones adoptadas durante su gestión, la ausencia de antecedentes que acrediten la existencia de un plan gubernamental de seguridad al momento de asumir y las contradicciones detectadas en las explicaciones entregadas por asesores presidenciales.

Las conclusiones son especialmente relevantes porque varios de estos cuestionamientos habían sido planteados durante los primeros meses del Gobierno y contribuyeron a la crisis que terminó con la salida de Steinert del gabinete, el 19 de mayo, después de apenas 69 días en el cargo.

Ahora esos antecedentes forman parte de un informe parlamentario aprobado formalmente por la comisión, aunque todavía debe ser conocido por la Sala de la Cámara.

Contraloría y Congreso coinciden en los reparos

Uno de los principales capítulos de la investigación se refiere a un oficio reservado que Steinert envió el 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de asumir como ministra.

Mediante ese documento, identificado como oficio N.º 28, solicitó al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, información sobre funcionarios policiales vinculados a una investigación penal que había conocido durante su anterior desempeño como fiscal regional de Tarapacá.

La solicitud estaba relacionada con antecedentes de una causa en la que había participado antes de ingresar al Gobierno.

La Contraloría General de la República ya había determinado, mediante el dictamen D344 de 2026, que la exministra excedió sus atribuciones al efectuar ese requerimiento y que debía abstenerse de intervenir debido a su anterior condición de fiscal.

El informe parlamentario recoge ese pronunciamiento y concluye que Steinert infringió el principio de probidad administrativa al incumplir su deber de abstención.

El presidente de la comisión investigadora, diputado Raúl Leiva (PS), sostuvo que la actuación de la exministra también vulneró los principios de legalidad y juridicidad establecidos en la Constitución.

La coincidencia entre los reparos de Contraloría y las conclusiones parlamentarias constituye uno de los elementos centrales de la noticia.

No se trata solamente de críticas formuladas por adversarios políticos, sino de cuestionamientos administrativos previamente establecidos por el organismo fiscalizador y examinados posteriormente por una instancia de control de la Cámara.

El retiro de una alta oficial de la PDI

Otro de los episodios investigados fue el retiro de la prefecta general Consuelo Peña, quien desempeñaba funciones relevantes en la estructura de inteligencia y crimen organizado de la Policía de Investigaciones.

La decisión fue comunicada el 21 de marzo, pocos días después de que Steinert solicitara los antecedentes reservados.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, sostuvo que la exministra no participó en la decisión de llamar a retiro a la oficial.

Sin embargo, esa explicación abrió otro problema para la comisión.

De acuerdo con la legislación que regula el Ministerio de Seguridad Pública, corresponde a su titular asesorar al Presidente en materias relacionadas con la conformación de los altos mandos policiales, sus ascensos y retiros.

El informe sostiene que, si Steinert efectivamente no participó en esa decisión, habría incumplido esa función legal.

Los diputados también advirtieron que no lograron esclarecer suficientemente los fundamentos del retiro debido a la falta de antecedentes y a la ausencia de comparecencia de las exautoridades ministeriales.

La investigación no estableció una responsabilidad penal de Steinert por el retiro de Peña, pero sí formuló reparos a la forma en que se ejercieron las competencias institucionales y se supervisaron las decisiones policiales.

Un Gobierno sin plan de seguridad acreditado

La comisión extendió su investigación a la planificación de seguridad de la administración Kast.

El resultado constituye otro cuestionamiento relevante, considerando que el combate contra la delincuencia y el crimen organizado fue uno de los principales compromisos políticos del mandatario.

Según el informe, durante las sesiones se mencionó reiteradamente la existencia de un programa o plan de seguridad del Gobierno. Sin embargo, no se entregaron documentos específicos que permitieran acreditar su existencia al momento de asumir las nuevas autoridades.

Los parlamentarios concluyeron que no existían antecedentes suficientes para demostrar que la administración contara entonces con un programa de seguridad formalizado.

Esto no significa necesariamente que no hubiera propuestas o lineamientos políticos, sino que la comisión no recibió la documentación necesaria para verificar la existencia del instrumento mencionado.

El informe también cuestiona el anuncio de disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública y advierte que no se había presentado la estrategia bianual contemplada en la política nacional del sector.

Las observaciones amplían el alcance de la investigación: ya no se refieren únicamente a decisiones personales de la exministra, sino también al funcionamiento de una cartera creada para coordinar una de las prioridades centrales del Ejecutivo.

La Moneda y las responsabilidades de supervisión

La comisión examinó asimismo el papel de los asesores del denominado segundo piso presidencial.

Durante las sesiones surgieron contradicciones entre las declaraciones de representantes del equipo de La Moneda y los antecedentes disponibles sobre las funciones asignadas a determinados asesores jurídicos.

El informe plantea interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de esas responsabilidades y la veracidad o suficiencia de la información entregada a la instancia fiscalizadora.

También advierte que el gabinete presidencial no habría contado con mecanismos adecuados de conocimiento y supervisión respecto de ciertas decisiones adoptadas por la exministra y la dirección de la PDI.

En consecuencia, los cuestionamientos alcanzan a la organización del Gobierno y a la coordinación entre el Ministerio de Seguridad, las policías y la Presidencia.

El informe recomienda establecer protocolos para solicitar información a las instituciones policiales, reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de interés y precisar las funciones de los asesores presidenciales.

Seis citaciones sin comparecencia

Uno de los hechos que más cuestionamientos provocó entre los integrantes de la comisión fue la ausencia de Steinert durante toda la investigación.

La exministra fue invitada a comparecer en seis oportunidades: el 17 y 31 de agosto, el 7, 21 y 28 de septiembre y el 5 de octubre.

No asistió a ninguna de esas sesiones.

Tampoco compareció la exsubsecretaria de Prevención del Delito, pese a cuatro invitaciones.

El diputado Raúl Leiva criticó la falta de colaboración de la exministra con la fiscalización parlamentaria y sostuvo que su ausencia impidió esclarecer aspectos importantes de la investigación.

La comisión también remitió un cuestionario al presidente José Antonio Kast para conocer su versión sobre determinados acontecimientos. Al momento de aprobarse el informe, las respuestas todavía no habían sido recibidas.

El 14 de octubre, la comisión había acordado remitir antecedentes al Ministerio Público para que evaluara la eventual existencia de hechos constitutivos de delito, particularmente en relación con la filtración del oficio reservado y su vínculo con investigaciones penales.

La remisión de antecedentes no constituye una imputación penal ni una declaración judicial de culpabilidad. Corresponderá a la Fiscalía determinar si procede abrir o desarrollar investigaciones.

El Gobierno la destina a Paraguay

Mientras avanzaba la investigación parlamentaria, el Ejecutivo resolvió reincorporar a Steinert a una responsabilidad pública.

El 10 de noviembre, Cancillería confirmó su nombramiento como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay, cargo que está previsto que asuma el próximo 1 de diciembre.

La designación se produjo casi seis meses después de su salida del Ministerio de Seguridad.

No era la primera vez que el Gobierno examinaba una destinación diplomática para la exministra.

Durante julio se había evaluado enviarla a la Embajada de Chile en Perú, pero esa alternativa quedó suspendida en medio de los cuestionamientos y de la creación de la comisión investigadora.

Posteriormente surgió la opción de Paraguay, finalmente confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cancillería ha defendido el nombramiento destacando la trayectoria de Steinert durante más de veinte años en el Ministerio Público, especialmente en investigaciones sobre narcotráfico, crimen organizado transnacional, tráfico de migrantes y explotación sexual.

Según la explicación oficial, su función consistirá en colaborar en la coordinación regional contra estas organizaciones delictivas, en el marco de los compromisos de cooperación suscritos entre Chile y otros países sudamericanos.

La experiencia profesional de Steinert constituye un antecedente relevante. Sin embargo, el nuevo informe parlamentario plantea una cuestión distinta: qué evaluación realizó el Ejecutivo sobre los reparos administrativos y las responsabilidades investigadas antes de decidir su reincorporación.

Un nombramiento cuestionado incluso en el oficialismo

La designación había provocado críticas antes de conocerse las conclusiones de la comisión.

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán la describió como un posible premio de consuelo, mientras parlamentarios opositores cuestionaron la conveniencia de otorgar una nueva responsabilidad pública a una exministra cuya gestión seguía bajo investigación.

También surgieron interrogantes sobre la creación y necesidad de la agregaduría, considerando que Paraguay ya cuenta con representación policial chilena.

Tras aprobarse el informe, el diputado comunista Bernardo Salinas volvió a cuestionar la decisión del Gobierno.

El parlamentario sostuvo que los antecedentes reunidos por la comisión hacían especialmente problemática la destinación diplomática y calificó el nombramiento como un premio otorgado a una autoridad cuestionada.

Estas críticas expresan una interpretación política de la decisión del Ejecutivo. No demuestran por sí mismas que la designación sea ilegal, pero ponen en discusión los criterios de responsabilidad administrativa y política utilizados para efectuarla.

Las preguntas que deja el informe

El nuevo documento parlamentario modifica el contexto en que debe examinarse la designación de Steinert.

Cuando Cancillería confirmó su nombramiento, ya existía un pronunciamiento de Contraloría que cuestionaba su actuación y una comisión investigadora que examinaba las decisiones adoptadas durante su gestión.

Ahora existe, además, un informe aprobado por mayoría que recoge esos reparos, formula nuevas conclusiones y recomienda cambios en los mecanismos de control institucional.

La situación plantea preguntas que el Gobierno todavía debe responder públicamente.

¿Se consideró el dictamen de Contraloría al decidir el nombramiento? ¿Qué antecedentes se tuvieron a la vista sobre la investigación parlamentaria? ¿Por qué se optó por una agregaduría de seguridad en Paraguay? ¿Qué funciones específicas desempeñará Steinert y cómo se coordinarán con las tareas que ya cumplen las instituciones policiales chilenas en ese país?

También corresponde conocer el costo de la nueva destinación, sus condiciones administrativas y los mecanismos mediante los cuales se evaluará el cumplimiento de sus objetivos.

El Ejecutivo puede sostener que la experiencia de Steinert como fiscal justifica su incorporación a tareas de cooperación internacional. Pero esa explicación no elimina la necesidad de responder por las observaciones formuladas sobre su ejercicio anterior de funciones públicas.

La controversia tampoco termina con la aprobación del informe. Sus conclusiones deben seguir la tramitación parlamentaria correspondiente y cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser establecida por los tribunales competentes.

Lo que sí queda documentado es una secuencia políticamente significativa: una ministra removida después de 69 días, cuestionada por Contraloría, investigada por el Congreso y finalmente destinada por el mismo Gobierno a una nueva responsabilidad en materia de seguridad.

La aprobación del informe parlamentario vuelve a colocar esa decisión bajo escrutinio.

Más allá del caso personal de Trinidad Steinert, la cuestión es qué consecuencias tienen los reparos de los organismos de control sobre las decisiones del Ejecutivo y cuáles son los criterios de responsabilidad que se aplican cuando una autoridad deja un cargo cuestionada y posteriormente regresa a la administración pública.

 

Simón del Valle

Autor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Memoria, documentos y archivos históricos de la Fundación Presidente Allende

Historia y litigio por la confiscación de El Clarín

 Proceso judicial y antecedentes del caso Pinochet

Proceso en España a los crímenes de la dictadura

 Entrevistas, escritos y discursos de Salvador Allende

 Fondos recuperados del caso Riggs destinados a víctimas de la dictadura

El Clarín de Chile · Aviso legal Privacidad Política de cookies
Danzai Software