Lejos de ser un plan acotado de reconstrucción, se trata de un megaproyecto misceláneo que combina ayudas a damnificados con una serie de reformas estructurales: rebajas tributarias a grandes empresas, flexibilización regulatoria, restricciones a políticas sociales como la gratuidad universitaria y una lógica de ajuste fiscal que pone en duda la sostenibilidad del gasto público.