
El Ministerio Público decidió “no perseverar” en la investigación de 1.509 casos de denuncias por violencia ejercida por agentes del Estado contra ciudadanas y ciudadanos chilenos en el contexto de la revuelta social de 2019. Entre otros argumentos, se apuntó a la falta de antecedentes para continuar investigando y se supo de criterios respecto a no proseguir con un número














