El 12 de octubre debería ser, por tanto, una fecha para interrogar el poder y no para glorificarlo; para examinar los tratados incumplidos, la ocupación militar, las transformaciones de la propiedad y las políticas de asimilación
Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 58 segundosHoy, cuando la denominada “cuestión Mapuche” se presenta en el debate público chileno como un problema de seguridad, violencia rural, terrorismo o insuficiente integración, podemos afirmar que esa formulación tiene una intencionalidad política de fondo, que busca alterar la relación histórica del pueblo mapuche con la
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 9 segundosLos abogados Alberto Espinoza y John Maulén cuestionaron que la situación del dirigente mapuche sea presentada como un caso de delincuencia común, denunciaron irregularidades en su clasificación penitenciaria y anunciaron que recurrirán a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. También vincularon su
Pelentaro Llaitul y otros tres condenados vinculados a la CAM cuestionaron el tratamiento del caso realizado por Mega y sostienen que el juicio presentó graves debilidades probatorias. Ahora su defensa intenta anular la sentencia que les impuso penas de entre 14 y casi 16 años de cárcel.
La defensa de Héctor Llaitul sostiene que, a casi un año de una orden del Juzgado de Garantía de Temuco, Gendarmería aún no ha aclarado qué antecedentes utilizó para determinar su clasificación penitenciaria. El caso reabre el debate sobre el uso de imputaciones sin condena en evaluaciones administrativas que pueden incidir en las condiciones de cumplimiento de la pena
La abogada María Rivera, integrante del equipo defensor de Pelentaro Llaitul y de otros comuneros mapuche condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, calificó el proceso judicial como un "juicio político" dirigido contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y sostuvo que el objetivo de las condenas es debilitar la lucha por la recuperación territorial del pueblo
Mientras el Estado continúe respondiendo principalmente con el Código Penal a una demanda cuyos orígenes son coloniales, territoriales y políticos, cada nuevo juicio seguirá siendo leído por amplios sectores del pueblo mapuche no solo como la persecución de determinadas personas, sino como un capítulo más de una larga historia de desigualdad, exclusión y racismo
No se debe olvidar que Boric y los partidos de su alianza dejaron un marco institucional mucho más represivo y modernizado de carácter abiertamente antimapuche, como no se conocía (Ley Naim Retamal, Ley Antitomas, Militarización permanente, Ley Antiterroista, etc.). Normativa que se extiende a la realidad social de los oprimidos en general. Dejaron todo listo, hoy los
La comunidad cuestionó el tratamiento comunicacional dado al procedimiento y acusó al gobierno de José Antonio Kast de utilizar la detención como una operación política y mediática destinada a mostrar control territorial en la Macrozona Sur.
El efecto es preciso: al amplificar la detención en Temucuicui en el mismo ciclo noticioso que el escándalo Naranjo, se genera un contrapeso narrativo implícito. Si hay racismo en la élite, también hay criminalidad indígena. Las dos historias se neutralizan mutuamente en el imaginario público, y lo que podría convertirse en una reflexión colectiva sobre el racismo
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