El silencio del candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, frente al escándalo de las redes de trolls y bots revelado por un reportaje de Chilevisión, ha abierto un nuevo flanco político.
El diputado socialista Daniel Manouchehri fue categórico al exigir a Kast que responda. A su juicio, la evidencia acumulada sobre el funcionamiento de cuentas falsas, trolls y bots coordinados no deja espacio para la duda.
El escándalo de los bots de Kast no es un episodio aislado, sino una señal de alarma sobre cómo se degrada la democracia en la era digital. Las campañas de odio, impulsadas por máquinas que no son ciudadanos, moldean la conversación pública, silencian voces críticas y erosionan la confianza en la política.
La Fiscalía acogió una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas y designó al fiscal César Astudillo para investigar la existencia de redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots presuntamente asociados al entorno del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.
El gobierno condenó este jueves la existencia de una red de bots y trolls vinculada a campañas de hostigamiento y desinformación contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la abanderada oficialista de Unidad por Chile, Jeannette Jara.
El nombre que más sorprendió fue el de Patricio Góngora Torreblanca, periodista y miembro del directorio de Canal 13, canal propiedad del Grupo Luksic. Según la pesquisa, Góngora sería el responsable de la cuenta @Patitoo_Verde, activa en campañas de desinformación y acoso masivo en redes sociales.
En plena recta final hacia las elecciones presidenciales, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, decidió aportar al debate con una de las declaraciones más estrambóticas de la campaña: “La izquierda va a tratar de derrocar a cualquier gobierno opositor que sea electo”.
En las últimas semanas, el programa económico del candidato José Antonio Kast ha disparado las alarmas: propone un recorte del gasto público de US$ 6.000 millones en apenas 18 meses. En la jerga electoral, se habla de un “plan de emergencia”, pero detrás de esa etiqueta hay promesas que bordean lo imprudente.