Poder y Política

Por veto de minoría Senado rechaza consagrar el agua como bien público: caso de laboratorio para el proceso constituyente

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Un arduo y extenso debate precedió ayer a la votación de la idea de legislar del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre dominio y uso de las aguas. Con 24 votos a favor y 12 en contra, la norma fue rechazada por la Sala, puesto que se requerían dos tercios para su respaldo, 29 votos a favor.  De esta forma, la minoría de un tercio se impuso a la mayoría de dos tercios, generando un muy mal precedente para el debate de la nueva constitución, el que cada artículo requiere la aprobación de una mayoría de dos tercios.

 

Esta discusión tuvo como trasfondo el debate por una nueva constitución, donde se pretende redactar una serie de principios y derechos sobre una hoja en blanco. Así se mencionó que el consagrar el agua como bien nacional de uso público en la Carta Fundamental, se realizará de todas formas en los próximos meses.

 

Esta argumentación, levantada por la derecha, que votó en bloque contra el proyecto, es sin duda una contradicción. Ayer mismo, los senadores de Renovación Nacional se sumaros a los de la UDI para anunciar que votarán en contra de una nueva constitución.

 

«La derecha una vez más notifica al país que el modelo no se toca. Rechazaron la reforma constitucional que recuperaba el agua para todos los chilenos. Siguen sin querer asumir que Chile cambió el 18 de octubre. Su ceguera es la máxima expresión del abuso», escribió en twitter el senador Alejandro Guillier.




 

Los legisladores que se mostraron a favor del texto argumentaron que es vital consagrar en la Constitución este derecho que calificaron como un derecho humano fundamental. Se aseguró que la norma pretende regular el agua no quitar los derechos entregados a perpetuidad, a pesar de ellos comentaron que aquellos que las tienen en sus manos han actuado con fines economicistas que han perjudicado el acceso al agua, mencionando los especuladores.

 

También los senadores opositores mencionaron la crisis hídrica con baja pluviometría y altas temperaturas en el marco del cambio climático, asegurando que hoy más que nunca es vital cuidar este recurso. En ese sentido, algunos congresistas apuntaron a la necesidad de que el Estado gestione el agua.

 

En contraposición, los parlamentarios oficialistas insistieron que el agua sí es un bien nacional de uso público que está en la legislación. Respecto a la propiedad y el dominio del recurso, plantearon que ésta siempre ha existido. También aseguraron que el consumo humano sí está garantizado pero el Ejecutivo nunca ha hecho uso de su facultad de expropiarla.

 

Desde un punto de vista económico, argumentaron que un proyecto de esta naturaleza podría tener consecuencias en la inversión sanitaria porque se abre la puerta a que en un futuro las acciones se orienten a quitar los derechos entregados. En esta línea, también se expresó que no hay razones para apurar la aprobación de esta iniciativa puesto que en el debate constitucional todo será cambiado. Y en cuanto a la crisis hídrica, dijeron que esto no se resuelve con esta norma.

 

La reforma de la Carta Fundamental tiene por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Así:

  • Consagra constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.
  • Entrega a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.
  • Garantiza la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.
  • Contempla el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.



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