La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos junto al gran líder yanomami Davi Kopenawa, ganador del Right Livelihood Award 2019, y el Instituto Socioambiental (ISA), denuncian las graves situaciones de los pueblos indígenas en Brasil ante la 43° sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza.

El objetivo de la Comisión es denunciar el riesgo de genocidio y etnocidio de pueblos indígenas aislados en Brasil, abriendo el diálogo con la comunidad internacional en torno a los intentos de retroceder en los derechos fundamentales de estos pueblos y los frecuentes ataques que sufren actualmente, motivados por deforestadores, acaparadores de tierras mineros, mineros ilegales, evangelizadores, etc.

También es cuestionado el discurso que el gobierno federal brasileño ha adoptado sobre estas poblaciones tradicionales. Además de los efectos del desmantelamiento de órganos como la Fundación Nacional India (Funai) y el asesinato de líderes indígenas brasileños. Laura Greenhalgh, directora ejecutiva de la Comisión Arns, estará en la mesa con el líder indígena Davi Kopenawa, portavoz del pueblo yanomami y presidente de la Hutukara Associação Yanomami, e investigador Antonio Oviedo, del Instituto Socioambiental (ISA) para profundizar estos temas en un evento paralelo previsto el 3 de marzo en el Palacio de Naciones Unidas.

“Agradecemos al Relator Especial del Medio Ambiente por subrayar en su informe que los pueblos indígenas tienen más probabilidades de invertir en el buen manejo de los bosques, el suelo y el agua”, declara Davi Kopenawa ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos durante su intervención en la Sala del Consejo el 2 de marzo. “Sin embargo, el ejemplo de las buenas prácticas de Brasil con respecto a la legislación, la agricultura agroecológica y la protección de la tierra se ha desmantelado severamente desde que la nueva administración asumió el cargo. Nuestras vidas están amenazadas una vez más”.

“La protección de la tierra no está garantizada ya que los ataques violentos, la destrucción de la propiedad y las invasiones de tierras en las comunidades indígenas aumentan marcadamente. A pesar de que nuestro territorio ha sido oficialmente demarcado, el gobierno no quiere respetar nuestros derechos. Ya hay alrededor de 20,000 mineros ilegales invadiendo nuestro territorio, contaminando nuestra agua y llevando enfermedades como la intoxicación por mercurio y la malaria. El proyecto de ley en el Parlamento para legalizar la minería industrial dentro de los territorios indígenas sería un verdadero acto de genocidio para las comunidades indígenas. No renunciaremos a nuestra tierra. No deseamos ser como personas no indígenas. El Gobierno Federal debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y garantizar nuestros derechos. Esto no sería una buena práctica, sino un deber”, sigue Davi Kopenawa.

 

El contexto: el Acuerdo de París, Estados Unidos y Brasil.

En 2015, los Estados respaldaron el objetivo del Acuerdo de París de fortalecer la respuesta internacional al cambio climático, al mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2ºC por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1.5ºC. Estados Unidos decidió retirarse del Acuerdo ya que consideró sus intereses económicos como prioritarios.

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Desde que se firmó el Acuerdo de París, al menos 365 activistas por los derechos a la tierra han sido asesinados. Mientras tanto, la pérdida de cobertura forestal en los países tropicales de todo el mundo alcanzó las 12 millones de hectáreas en 2018, la cuarta cantidad anual más alta desde que se comenzó a registrar este dato en 2001.

Durante el mes de agosto del año pasado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (International Panel on Climate Change, Ipcc en inglés) publicó el más reciente y extenso informe de investigación científica sobre el cambio climático y la tierra. Por primera vez en la historia, se reconoció científicamente y desde un organismo multilateral el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales como los mejores guardianes de las tierras y bosques del mundo.

Sin embargo, Brasil, cuyo Presidente Jair Bolsonaro promueve la violencia contra los pueblos indígenas y un retroceso de sus territorios reconocidos, es líder mundial tanto en términos de deforestación tropical como de destrucción de las antiguas (o primarias) selvas tropicales.

Denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU.

“El marco legislativo creado por Brasil desde su nueva democratización se está desmantelando a una velocidad impresionante. Hoy en el Congreso hay más de 800 proyectos que atentan contra este marco. Entre estos, está el proyecto de ley 191/20, que autoriza la minería en territorio indígena, que afecta a los pueblos contactados y no contactados y pone en riesgo la desaparición de varias poblaciones indígenas” denuncia Paulo Lugon del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) ante el Consejo de Derechos Humanos.

“La legislación efectiva también supone el cumplimiento de buena fe y un presupuesto compatible. Sin embargo, el gobierno actual ha reducido el 24% del presupuesto anual de IBAMA y el 95% de la inversión para prevenir el cambio climático. El discurso de odio provocado por el gobierno federal legitima la violencia en el terreno, lo que lleva al asesinato de 7 líderes indígenas solo en 2019. Brasil difícilmente cumplirá con el ODM 2030 si no considera a los pueblos indígenas como agentes de cambio, con un principio fundamental de desarrollo sostenible. La falta de respeto por el medio ambiente y los pueblos indígenas conduce a crisis humanitarias, como cortar canastas de alimentos de emergencia a Guarani-Kaiowá, personas sin tierras demarcadas que han sufrido durante décadas, con altas tasas de suicidio”, sigue Paulo Lugon.

“Espero que la ONU pueda resolver el problema que tenemos nosotros los pueblos indígenas, que nos ayude a que nuestros derechos sean respetados”, concluye Davi Kopenawa.

 

Por Elena Rusca (en Ginebra)

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