Comisión de la Cámara ratifica texto aprobado en general que repone el voto obligatorio

La Comisión de Gobierno Interior concluyó el debate del proyecto de reforma constitucional, de origen en mociones refundidas, que buscan restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares (boletines 13.212 y 13.213).

La medida fue aprobada en general por la Sala de la Corporación el pasado 26 de mayo, y regresó a la instancia técnica para la discusión de las indicaciones que se presentaron. Todas ellas fueron declaradas inadmisibles por la instancia, durante esta última sesión, pero dejando abierta la opción de que dichas materias se materialicen en proyectos paralelos.

De este modo, primó la idea de avanzar en iniciativas complementarias, para lo cual la presidenta de la instancia, diputada Andrea Parra (PPD), propuso poner en tabla el proyecto que modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar.

De igual manera, puntualizó avanzar en el proyecto que modifica la Ley 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, para incorporar un procedimiento de desinscripción voluntaria del registro electoral.

PNUD

En cuanto al debate por el voto obligatorio, la comisión recibió la opinión de tres expertos previo a la discusión particular.

La  representante de la PNUD-CHILE, Marcela Ríos, se refirió a los procesos de participación electoral señalando que, mientras en América Latina está ha aumentado, en las últimas décadas en Chile ha caído dramáticamente.

Dijo que el país tiene una caída abrupta debido a un problema que tiene que ver tanto con el funcionamiento de nuestra democracia como con una característica estructural. Argumentó que no es solo un tema del voto voluntario sino de una crisis de representación, baja confianza en las instituciones y desesperanza en la política.

Cámara aprobó reforma constitucional para volver a establecer el voto obligatorio

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Ríos precisó que la mayoría de los países del mundo tienen voto voluntario y solo el 13% contempla el voto obligatorio. La mitad de esos países (27) están en América Latina.

Pero, explicó, en la mayoría de los países con obligatoriedad del voto no hay sanciones; lo que puede parecer contra intuitivo.

“Existe mucha evidencia que señala que la obligatoriedad no resuelve los problemas de base pero sí ayuda a disminuir las condiciones de desigualdad. Esto sí, acompañado de políticas permanentes de valores cívicos e incentivos de participación, reduce las desigualdades políticas en vista de que quienes menos votan son las personas jóvenes, de escasos recursos y nivel educativo. Lo que es así en todo el mundo”, enfatizó.

“Con voto voluntario hay mayor desigualdad y son los sectores menos favorecidos económicos los que menos están votando”.

Servel

En segundo término, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, puntualizó que uno de los grandes problemas del actual sistema es la desactualización del domicilio electoral. Sin embargo, señaló que el uso de la Clave Única ha mejorado esto, ya que el grueso de los cambios de domicilio se hacen por esta vía.

En materia de sanciones, indicó que el cambio al voto obligatorio es muy importante y sostuvo que “hacer el camino de vuelta sin sanción, en mi opinión, es lo mismo que no hacer nada”.

En cuanto a lo que ocurría antes del cambio a voto voluntario con las sanciones, explicó que estas nunca se aplicaron.

“Se mandaba una nómina a los jueces de policía local para que notificaran a una parte importante de los electores y el resultado era que en definitiva los juzgados no tenían tiempo, no tenían los recursos para las notificaciones y al final no se enviaban y se acumulaban en una bodega”.

Por ello, planteó Tagle, de implementarse una sanción las personas deben tener la percepción de que existe. “Esos países que tienen sanciones tienen una participación cercana al 80%. Por lo tanto, si eso es lo que buscamos así debiera ser el mecanismo”.

Asimismo, se mostró partidario de que la persona tenga un espacio de tiempo, de unos dos meses, para justificarse frente a una entidad y, si no llega a hacerlo, se le aplique una sanción automática que lo deje en un registro en el que se le impida una serie de cosas.

“En Perú, por ejemplo, si no ha votado no puede salir del país. Si llega al aeropuerto, su DNI está registrado, tiene prohibición porque no ha pagado la multa u otros trámites como no sacar licencia o no renovar patente”.

Espacio Público

Por último, el abogado de Espacio Público, Javier Sajuria, dijo que el voto obligatorio está asociado con mayor participación;  sin embargo, no asegura la participación plena ni la eliminación de sesgos.

Detalló que en países latinoamericanos la tasa varía entre 55% y 80%, lo que está asociado a confianza institucional y existencia de sanciones.

Agregó que votar es un hábito y los efectos de socialización son más fuertes a más temprana edad. Si la sanción es alta se genera sesgo de clase y si es baja muchos deciden pagarla por lo que los efectos en llevar a la gente a votar pueden no ser tan directos.

En términos de facilitación de votos, instaló la pregunta sobre qué ocurrirá con las personas privadas de libertad o si se implementarán mecanismos alternativos para ellos.

Finalmente, se explayó sobre la oportunidad de instalar este debate en medio de un periodo electoral que ya está funcionando; y, complementó, que en otros países como el Reino Unido se establece un periodo desde que se convoca a elecciones hasta que ocurren las elecciones donde los gobiernos no pueden hacer cambios de política pública que puedan afectar el transcurso de las elecciones.

Fuente: Cámara

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