La salud en Chile: Un problema insalubre

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Chile cuenta entre sus innumerables problemas, el de la salud. En otros tiempos fuimos pioneros, dentro del concierto de países americanos, en esta área, sin embargo, desde los años 80, cuando se instalan cambios radicales en las formas organizativas y ejecutivas del Estado, también se incorpora una estructura de deficiencias y segregaciones que nos han convertido en una de las naciones más desiguales y con flagrantes deficiencias en el área de la salud pública. 

Esto no podía ser de otra forma, si pensamos que durante la dictadura se acumuló un retroceso de casi el 10% de la inversión pública en infraestructura, dentro de lo cual cae la inversión en el sector salud. Por su parte, la llegada de la democracia, si bien invirtió más en el sector, no se dedicó a recuperar  agresivamente la salud del 80% de los chilenos, más que de forma marginal, lo que terminó-por políticas bien inspiradas pero sesgadas-favoreciendo al 20% que atiende a los sectores más privilegiados de la sociedad. 

¿Cómo se distribuyen los recursos en la estructura de salud en Chile? 

El Estado, con ingresos generales sólo financia el 25% del gasto total de la salud. El  75% restante lo financian las familias mediante cotizaciones. 25% lo financian los cotizantes de FONASA y el restante 50% los cotizantes en ISAPRES y servicios particulares y gastos farmacológicos. En los países de la OCDE, la proporción es justamente la inversa, es decir el Estado, con los impuestos, se hace cargo del 75% del gasto total. 

El problema está en que el 50% del gasto total en salud va a beneficiar apenas al 20% de la población de mejores ingresos, mientras que el otro 50% se dirige al 80% de la población de menores ingresos. Esto ya representa una copia bastante exacta de la desigualdad estructural de Chile, que se ve reflejado en otras áreas, como la educación, las pensiones, el salario y los impuestos. 

El sistema público de salud intenta acoger a todo el mundo, pague o no pague, pero esta excesiva demanda, contra tan escasos recursos, ha generado, además de las listas de espera, otro problema mayor, y es que, en el intento de aligerar la carga sobre el sistema público se creó el AUGE, es decir un beneficio que permitía asegurar el tratamiento de las enfermedades más prevalentes en un plazo definido. Pero esto se hizo sin medir las consecuencias, y las consecuencias vendrían del hecho de no ampliar los servicios públicos de atención, con la infraestructura adecuada y el personal correspondiente, en previsión de la demanda que se preveía. Entonces se abrió la idea que el sector privado podía suplir las deficiencias del sector público, derivando los pacientes hacia las clínicas privadas, pagando el Estado tales atenciones. 

Resultado de esta brillante idea fue el endeudamiento demencial de los hospitales para con los entes privados y el enriquecimiento visible y expansión exponencial de las clínicas privadas a expensas del erario público. 

Esta misma experiencia la vive Estados Unidos, que desde el gobierno de Johnson implementó el MEDICADE, es decir un sistema de seguros financiados desde el Estado, con posibilidades de atención en el sector privado. Resultado visible: el gasto del estado en salud les saltó del 6% hasta el 16%, cosa que tiene en jaque a los gringos. Nosotros hemos hecho lo mismo, con la diferencia que somos un país tres veces más pobre. 

Actualmente, las transferencias del sector público a las clínicas privadas se ha logrado estabilizar en unos 1.300 millones de dólares por año. Eso, para que usted compare, es el equivalente a la construcción de unos dos mega hospitales por año.  

Otro problemita, que asomó de pronto, fue que las ISAPRES, que administran las cotizaciones privadas, comenzaron a reajustar de manera antojadiza sus planes y a crear una normativa draconiana para con sus clientes: mujeres en edad fértil, adultos mayores expulsados del sistema, el rechazo para con las enfermedades preexistentes, cobros por menores de dos años, negación de licencias y otras lindezas de mercado, que permitieron que una institución destinada a prestar un servicio público tan sensible como la salud de los chilenos, se convirtiera en la más agresiva forma de negocios, al estilo chilensis, es decir, metiendo alevosamente la mano para rastrear el escuálido bolsillo de las familias de clase media, hasta llegar a acumular un sobre cobro de 1.400 millones de dólares (según la Superintendencia de salud) hasta marzo del 2023. Y según un experto que participó en la comisión del Senado para la elaboración de la Ley Corta de ISAPRES, estos cobros indebidos se aproximan a los 4.700 millones de dólares si se actualizan a octubre del 2023 y se agregan unos cobros que no consideró la Corte Suprema, al momento de dictar la sentencia famosa. 

Como toda la institucionalidad abusiva del empresariado nacional (que explica gruesa parte de su inmenso enriquecimiento), estas triquiñuelas tramposas venían siendo denunciadas desde hace más de una década, pero las ISAPRES, como ya es costumbre en las altas esferas del poder, “no se oye padre”, desatando una judicialización con miles de cotizantes cabreados que le vaciaran sus bolsillos. Eso les costó miles de dólares a las ISAPRES, ganaron mucha plata los abogados litigantes, pero nunca llegará al monto ganado por las ISAPRES producto de esta defraudación: US$ 4.700 millones de dólares es una cifra por la que vale la pena correr la aventura. 

En los países bananeros se acostumbra a decir: ”Roba suficiente como para pagar un buen abogado y que, además, alcance para celebrar”. 

Bueno, en Chile alcanza para los abogados y para los parlamentarios, quienes inmediatamente comenzaron a revisar las cifras a la baja, reduciendo la deuda a 400 millones de dólares y pagaderos a 10 años y con fórmulas bastante relajadas y exóticas, todo lo cual hace prever que nuevamente las deudas de los ricos pasan al olvido, mientras que la de los pobres pasan al sistema carcelario. 

Esto mismo pasó con la deuda subordinada, que terminamos pagando todos los chilenos (la farra fue de los empresarios chicaguistas), con las platas apropiadas desde las farmacias, el papel, los pollos, los Penta, los Soquimich, las pesqueras; para qué decir de los perdonazos, de las usurpaciones territoriales (Araucanía), de la apropiación de las aguas y tanto abuso de todo tipo que ya  hace asemejar a Chile a un “Lejano Oeste”, claro, sin la “Asociación del rifle”, pero con el código bajo el brazo (por algo lo elaboraron ellos mismos…y los están haciendo de nuevo). 

Por Hugo Latorre Fuenzalida

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