Comunidad de Edén de Lajarilla enfrenta desalojo este martes y exige soluciones habitacionales
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La Asamblea de Pobladores de Edén de Lajarilla, ubicada en Reñaca Alto, ha manifestado su preocupación ante el inminente desalojo de su comunidad, programado para el martes 4 de marzo. La medida, ordenada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, afectará a 83 familias, compuestas por más de 350 personas, incluyendo menores de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
Según denuncian los pobladores, la orden de desalojo persiste a pesar de su disposición a retirarse voluntariamente del inmueble. Aseguran que las autoridades no han implementado medidas de protección adecuadas para las familias afectadas, sin ofrecer información sobre albergues ni espacios para resguardar sus pertenencias. Además, han expresado su preocupación por la separación por sexo que se ha anunciado, lo que consideran una criminalización de su situación.
La comunidad sostiene que desde febrero de 2022 han ocupado el terreno de manera pacífica, luego de recibir la autorización del propietario, José Massú. Según los pobladores, el terreno fue saneado y se realizaron pagos e inversiones para su mantenimiento. Sin embargo, acusan a Massú de haber presentado un recurso de protección en su contra, alegando falsamente que la ocupación fue forzada. En respuesta, los pobladores presentaron una querella por estafa ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la cual fue declarada admisible y actualmente es investigada por el Ministerio Público.
La Asamblea también ha denunciado que el proceso judicial se llevó a cabo sin que pudieran presentar su versión de los hechos, dejándolos en una situación de indefensión. Afirman que, en 2022, incluso realizaron un plano de sus viviendas y buscaron opciones para la compra del terreno, pero sus gestiones ante el SERVIU, la Municipalidad de Viña del Mar y otras entidades gubernamentales no obtuvieron ninguna respuesta.
Ante la inminente expulsión, la comunidad ha propuesto la compra de un terreno cercano, propiedad de un particular, como una solución viable para reubicarse. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido apoyo institucional para concretar esta alternativa.
Los pobladores han recibido respaldo de diversas organizaciones sociales y activistas, quienes han manifestado su solidaridad con la lucha por el derecho a la vivienda. La comunidad espera que la Corte de Apelaciones reconsidere la medida y otorgue un plazo razonable para la reubicación de las familias. «No pedimos regalos, solo justicia», han declarado los dirigentes de la asamblea.
DECLARACIÓN
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