Corte Suprema solicita a Italia la ampliación de la extradición de Walther Klug Rivera
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La Corte Suprema de Chile ha determinado solicitar al Gobierno de Italia la ampliación de la extradición del exoficial del Ejército, Walther Klug Rivera, quien es requerido por el ministro en visita extraordinaria Carlos Aldana Fuente debido a su presunta participación en el homicidio simple del obrero agrícola Adelino Alfonso Pérez Navarrete. El delito ocurrió el 18 de septiembre de 1973 en la ciudad de Los Ángeles.
En una decisión dividida (causa rol 3.854-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, Roberto Contreras y la abogada (i) Leonor Etcheberry, consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la ampliación de la extradición del exmilitar, quien actualmente cumple condena en el penal de Punta Peuco.
El fallo destaca que Chile e Italia suscribieron un Tratado de Extradición en 2002, con un Protocolo Adicional firmado en 2012, el cual establece el compromiso entre ambos países de extraditar a personas buscadas por la autoridad judicial de la otra parte. De acuerdo con el documento, la extradición es procedente cuando el delito en cuestión es sancionado en ambas naciones con penas privativas de libertad superiores a un año y no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el tratado.
El fallo también aborda el principio de especialidad de la extradición, el cual establece que la persona extraditada solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue concedida la extradición, salvo que el país requerido otorgue su consentimiento. En este caso, la Corte Suprema argumentó que la ampliación de la extradición es necesaria para incluir el nuevo delito imputado a Klug Rivera.
Asimismo, la resolución señala que todos los requisitos legales se cumplen en este proceso, ya que el crimen se cometió en territorio chileno y está tipificado en ambas legislaciones con penas superiores a un año de cárcel. Además, se descarta que se trate de un delito político o puramente militar, lo que permitiría la ampliación de la extradición.
Si bien el tribunal reconoció que podría discutirse la prescripción de la acción penal, consideró que esta cuestión deberá ser resuelta en una sentencia definitiva una vez que la extradición sea ampliada.
En su resolución, la Corte Suprema ordenó que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie las gestiones diplomáticas necesarias. Se adjuntarán los antecedentes legales y documentales pertinentes, incluyendo la identificación del imputado y su posible participación en los hechos.
La decisión fue adoptada con los votos en contra de los ministros Valderrama y Gajardo, quienes discreparon con la mayoría del tribunal sobre la procedencia de la solicitud de ampliación de la extradición.
