Trump ordena deportaciones masivas a El Salvador pese a prohibición judicial
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La administración de Donald Trump ha llevado a cabo la deportación de cientos de inmigrantes hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente dichas expulsiones. La acción se ejecutó bajo la declaración de una ley de guerra del siglo XVIII dirigida a presuntos miembros de pandillas venezolanas, según informaron funcionarios el domingo. Sin embargo, los vuelos con migrantes ya estaban en el aire en el momento en que se emitió la decisión judicial.
El juez federal de distrito James E. Boasberg dictó una orden el sábado por la noche para frenar las deportaciones, pero se le informó que dos aviones ya habían despegado, uno con destino a El Salvador y otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que las aeronaves regresaran, pero su instrucción no fue incluida en la orden escrita, por lo que los vuelos continuaron su curso.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado de Trump, reaccionó con burla en la red social X, publicando: “Oopsie… Too late” (Demasiado tarde), en referencia a la decisión del juez. Su mensaje fue compartido por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.
Las deportaciones se justificaron en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto utilizado solo en tres ocasiones previas en la historia de EE.UU. durante conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812. Dicha ley otorga poderes extraordinarios al presidente para detener o expulsar a extranjeros sin necesidad de pasar por los procedimientos migratorios habituales. Su uso más reciente había sido la detención de ciudadanos japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Críticas y reacciones internacionales
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpuso la demanda que resultó en la orden de Boasberg, declaró que estaba investigando si la administración de Trump desafío la orden judicial al proceder con las expulsiones. “Esta mañana, pedimos al gobierno que asegure a la Corte que su orden no fue violada y estamos esperando su respuesta, además de intentar hacer nuestra propia investigación”, indicó en un comunicado Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU.
El gobierno de Venezuela también reaccionó en contra de la decisión de Trump, condenando el uso de la ley y calificándola como una medida que “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.
El Tren de Aragua, grupo al que se les atribuye la pertenencia de los deportados, surgió en una prisión del estado de Aragua, en Venezuela. Sin embargo, según expertos en seguridad, la mayoría de los migrantes venezolanos que han llegado a EE.UU. buscan mejores condiciones de vida y no tienen vínculos con el crimen organizado. Críticos de la administración Trump han denunciado que el presidente utilizó la amenaza de esta pandilla para justificar deportaciones masivas, incluyendo la expulsión de individuos sin antecedentes penales comprobados.
Condiciones en las cárceles salvadoreñas
Imágenes divulgadas por el gobierno de El Salvador mostraron a los deportados descendiendo de los aviones con las manos y tobillos encadenados, escoltados por agentes en equipo antimotines. Luego fueron transportados en un convoy de autobuses a la prisión CECOT, la instalación más grande de la estrategia de Bukele contra las pandillas, donde fueron rapados y vestidos con uniformes blancos de prisionero.
A su vez, la administración Trump informó que la decisión de deportación se basó en la proclamación firmada por el presidente el viernes por la noche, en la que se declaraba que el Tren de Aragua estaba “invadiendo” EE.UU. Según organizaciones de derechos humanos, la medida allana el camino para la expulsión indiscriminada de venezolanos, incluso sin pruebas de vinculación con el grupo criminal.
El abogado Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina, alertó en redes sociales: “Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser removido bajo el pretexto de pertenecer a Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”.
El juez Boasberg ha programado una audiencia para el viernes, en la que se analizará si la administración Trump excedió su autoridad legal al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros. Mientras tanto, la prohibición de deportaciones se mantiene por un periodo de 14 días, durante el cual los migrantes permanecerán bajo custodia federal.
“Una vez que estén fuera del país, hay poco que podría hacer”, advirtió Boasberg, subrayando la gravedad de la situación para los afectados.
