HRW insta a Dina Boluarte a vetar ley que restringe a la prensa y la sociedad civil
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 27 segundos
Human Rights Watch (HRW) ha instado a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso, el cual impondría severas restricciones al trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
El pasado 12 de marzo de 2025, el Congreso peruano aprobó una ley que amplía significativamente la autoridad del gobierno sobre las organizaciones que reciben financiamiento extranjero. Según HRW, el lenguaje vago y amplio de la norma permitiría al Ejecutivo sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen sus políticas. Esta medida se enmarca dentro de un patrón más amplio de acciones legislativas que buscan debilitar las instituciones democráticas, obstaculizar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y crimen organizado, y socavar la independencia judicial.
De acuerdo con la Constitución peruana, Boluarte tiene 15 días para vetar la ley una vez que esta sea enviada a su despacho. Si deja pasar el plazo sin firmarla ni rechazarla, el Congreso podrá promulgarla directamente.
Críticas al Congreso y advertencias sobre sus consecuencias
«El Congreso peruano está siguiendo los pasos de regímenes autocráticos que demonizan y castigan a los grupos de derechos humanos y periodistas que reciben financiamiento extranjero», afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. «Si la presidenta Boluarte quiere demostrar que no es cómplice en la erosión del Estado de derecho, debe vetar esta abusiva ley».
El proyecto de ley otorga al gobierno la facultad de objetar y bloquear proyectos que usen fondos extranjeros, asegurarse de su «correcto uso», y suspender o cancelar el registro de organizaciones que hagan un «uso indebido» de los recursos financieros. Según el texto, se consideraría «uso indebido» emplear fondos extranjeros para acciones administrativas, judiciales o de cualquier índole contra el Estado peruano, lo que podría incluir denuncias por violaciones de derechos humanos ante tribunales nacionales e internacionales.
La ley también obliga al gobierno a revelar públicamente las direcciones y proyectos de los grupos que reciben financiamiento extranjero. Esto es preocupante, advierte HRW, dado que en los últimos años grupos de ultraderecha han acosado a periodistas y defensores de derechos humanos en sus hogares y oficinas.
Contexto y preocupaciones adicionales
El contexto económico también agrava la situación. La decisión del expresidente de EE.UU. Donald Trump de recortar la ayuda extranjera ha impactado a organizaciones peruanas y medios independientes. Entre julio de 2022 y junio de 2023, Perú fue el tercer mayor receptor de asistencia estadounidense en Sudamérica, con más de 240 millones de dólares, utilizados en programas de seguridad alimentaria y fortalecimiento de la independencia judicial.
El Congreso justificó la medida citando preocupaciones sobre la «desviación de fondos» por parte de organizaciones. No obstante, una investigación del medio Epicentro TV reveló que entre 2010 y 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú no detectó transacciones sospechosas en ONG. En cambio, la mayoría de las operaciones irregulares estaban vinculadas a la minería ilegal y el crimen organizado, sectores sobre los que el Congreso ha reducido la fiscalización.
«Si el Congreso realmente estuviera preocupado por el lavado de dinero, perseguiría a la minería ilegal y las bandas criminales», criticó Goebertus. «En cambio, han hecho lo opuesto, debilitando las investigaciones sobre el crimen organizado».
Precedentes y riesgo para la democracia
Boluarte ya ha permitido la promulgación de varias leyes que afectan el Estado de derecho. En julio de 2024, no vetó una norma que estableció la prescripción de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2003, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó frenar su tramitación. También permitió la entrada en vigor de otra ley que restringió la definición de «crimen organizado», dificultando la investigación de delitos como corrupción y extorsión.
Según tratados internacionales ratificados por Perú, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las restricciones a la libertad de expresión y asociación solo son válidas cuando persiguen objetivos legítimos y se aplican de manera proporcional. HRW advirtió que la nueva ley vulnera estas normativas y podría utilizarse arbitrariamente para debilitar el trabajo de la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil.
«Los Estados pueden regular las organizaciones para evitar irregularidades financieras», reconoció Goebertus. «Pero esta ley va mucho más allá y podría emplearse para castigar críticos y obstaculizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos».
HRW reiteró su llamado a Boluarte para que vete la norma y evite el debilitamiento de las libertades democráticas en Perú.
Fuente: HRW
