Trabajadores anuncian “apagón judicial” este jueves tras una semana de paro nacional
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Funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial paralizarán completamente sus labores este 10 de abril, en protesta por el abandono del Ministerio de Justicia. Exigen soluciones a una crisis estructural que afecta al acceso a la justicia para miles de personas vulnerables.
Con protestas en las calles y movilizaciones a lo largo del país, las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) anuncian un “apagón judicial” para este jueves 10 de abril, en el marco del paro indefinido que mantienen desde hace una semana. Este día, no habrá atención a usuarios, no se tramitarán causas judiciales ni se desarrollarán labores asociadas al servicio, en una acción coordinada que busca presionar al Ministerio de Justicia.
La paralización, impulsada por la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), visibiliza una serie de demandas históricas que, según denuncian los trabajadores, han sido ignoradas por las autoridades. Las CAJs, encargadas de garantizar el acceso gratuito a la justicia a sectores vulnerables de la población, viven una situación crítica: infraestructura precaria, escasez de personal, sobrecarga laboral, problemas de salud mental en los funcionarios y el incumplimiento de acuerdos sobre sueldos y condiciones de trabajo.
“El apagón judicial busca que la ciudadanía comprenda la magnitud del abandono estatal. Sin justicia gratuita, miles de personas quedan sin defensa. Y los funcionarios ya no pueden sostener este sistema en las condiciones actuales”, señala Fenadaj en su último comunicado.
Las CAJs atienden a más de 600 mil personas al año, en su mayoría usuarios de escasos recursos, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, personas migrantes y pueblos originarios. Pese a esta función social clave, sus trabajadores denuncian una desigualdad profunda frente a otros servicios del Estado, especialmente en lo referido a remuneraciones y jornadas laborales.
La paralización comenzó hace una semana con protestas locales y asambleas. Pero ante la falta de respuesta concreta del Ministerio, los 3.000 funcionarios a nivel nacional decidieron escalar su movilización hacia un apagón judicial total, que podría repetirse o incluso extenderse si no hay señales claras desde el Ejecutivo.
Entre las demandas específicas están:
Cumplimiento del acuerdo de homologación de remuneraciones firmado en 2018.
Aceleración de la implementación de la jornada laboral de 40 horas.
Normas claras para el teletrabajo.
Mejora en la infraestructura física y tecnológica.
Fortalecimiento del personal, especialmente en regiones.
Apoyo institucional frente al aumento de licencias por salud mental.
En regiones como Valparaíso, Biobío, Maule y Los Lagos ya se han realizado movilizaciones masivas, y oficinas completas han dejado de funcionar desde el lunes. En Santiago, la CAJ Metropolitana funciona con equipos mínimos y ha reducido sus horarios de atención.
Desde Fenadaj advierten que la radicalización de las acciones es inminente si el ministro Jaime Gajardo no convoca una mesa de trabajo con propuestas concretas. “No basta con declaraciones. Necesitamos compromisos reales y plazos. Esta crisis no da para más”, indica la dirigencia nacional.
A pesar del impacto del paro en miles de usuarios, organizaciones sociales y gremios han expresado su respaldo a las demandas. Desde el Colegio de Abogados y diversas ONG de derechos humanos se han sumado voces que señalan la urgencia de fortalecer la justicia gratuita y dignificar a quienes la sostienen.
“El Estado no puede permitir que el acceso a la justicia se debilite aún más. Las CAJs no son una carga fiscal, son un derecho garantizado por la Constitución”, declaró un vocero del Observatorio Ciudadano.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Justicia no ha emitido comunicados oficiales ni ha convocado reuniones con la Fenadaj. El silencio del Ejecutivo, sumado al desgaste acumulado en años de promesas incumplidas, mantiene la tensión en aumento.
Este jueves, el país vivirá un hecho inédito: un apagón judicial organizado desde dentro del sistema público de justicia, en protesta por su propia precarización. La advertencia de los funcionarios es clara: sin respuestas concretas, la paralización continuará y se ampliará.
