Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechaza postura del Gobierno ante la CIDH por caso Cheyre
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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) expresó su profunda indignación frente a la postura adoptada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric en relación a una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La acción busca impugnar la pena aplicada al general en retiro y excomandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre, condenado por su participación en uno de los episodios más cruentos de la dictadura: la Caravana de la Muerte.
En una declaración pública emitida este 14 de abril, la AFEP calificó como una “denegación de justicia” la solicitud del Ejecutivo para que la CIDH declare inadmisible la denuncia, la cual sostiene que la pena impuesta a Cheyre —cinco años de presidio con libertad vigilada— no guarda proporción con la gravedad de los delitos cometidos: quince homicidios calificados y reiterados ocurridos en 1973.
La agrupación recordó que los crímenes atribuidos a Cheyre corresponden a ejecuciones de víctimas como Óscar Aedo Herrera, Carlos Alcayaga Varela, José Eduardo Araya González, entre otros, todos asesinados durante los operativos de la Caravana de la Muerte. Aunque la sentencia de 2023 lo condenó como cómplice, el beneficio de libertad vigilada permite que el exmilitar no cumpla efectivamente la pena en prisión.
La denuncia ante la CIDH argumenta que la sanción otorgada constituye un agravio a la garantía de no repetición establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, el gobierno chileno ha sostenido que la Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre hechos que ocurrieron antes de que Chile reconociera su jurisdicción.
Desde la AFEP consideran esta respuesta como una ofensa a las víctimas y una forma de revictimización, señalando que evade el control de convencionalidad y refuerza una penalidad desproporcionada frente a crímenes de lesa humanidad. Además, acusan al Ejecutivo de menospreciar la defensa de los derechos humanos al desconocer la dimensión y gravedad de los hechos.
En su declaración, la agrupación exigió al gobierno legislar con urgencia para eliminar la figura de la “media prescripción” aplicada en casos de crímenes de lesa humanidad. Recordaron que en marzo de 2024, la CIDH condenó al Estado chileno por recurrir a esta figura jurídica en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Asimismo, llamaron a derogar el Decreto Ley 2.191 de 1978, que aún otorga amnistía por estos delitos.
La AFEP concluyó reiterando su compromiso con la Verdad, la Justicia y la Memoria, exigiendo al Estado acciones concretas que impidan nuevas afrentas a las víctimas del terrorismo de Estado.
Felipe Portales says:
Boric continúa la política diseñada por la Concertación bajo Aylwin: Sólo dosis de verdad, pero la injusticia (¡no la justicia!) en la medida de lo posible. Pruebas al canto: El «Acuerdo-Marco» (1990); el proyecto de Ley Aylwin (1993); el proyecto de Ley Frei (1995); el Acuerdo Figueroa-Otero (1995-96); el proyecto de la Comisión de DD. HH. del Senado (1999); el proyecto de ley de inmunidad de Lagos (2003), un acuerdo de senadores concertacionistas y aliancistas (2005); y un intento de reflotamiento de aquel (2007). Y todo esto que culminó con la «fiera» lucha por la impunidad de Pinochet encabezada por los gobiernos de Frei RT. y Lagos y por su ministro clave Insulza. Primero contra la acusación constitucional a Pinochet de comienzos de 1998 la que lograron derrotar; luego, con la «exitosa» presión para liberar a Pinochet de su proceso en Europa; y finalmente con las denodadas y «exitosas» presiones a los tribunales chilenos por lograr la impunidad de Pinochet…
Serafín Rodríguez says:
Toda la razón profe, pero este tipo hoy en La Moneda es el de la peor calaña política y moral posible.