Más represión, menos diálogo: Gobierno prorroga el estado de excepción en la Macrozona Sur
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En una nueva señal de continuidad de la política represiva en el sur de Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric volvió a solicitar —y obtuvo— la aprobación del Congreso Nacional para extender por otros 30 días el estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada Macrozona Sur, que abarca las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos. Esta es la medida número 23 desde su instauración en mayo de 2022, apenas semanas después de asumir el actual gobierno.
La solicitud, respaldada por 90 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones, fue presentada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien defendió su eficacia apuntando a una baja sostenida en los llamados “eventos de violencia rural”. Según el informe del Ejecutivo, los controles policiales superaron los 612 mil en este período, resultando en 1.295 personas detenidas. Además, se reportó una disminución del 53% en hechos de violencia respecto al mismo periodo del año anterior, con una caída significativa en ataques incendiarios y sustracción de madera.
Sin embargo, lo que el gobierno presenta como una victoria operativa es leído por organizaciones sociales, comunidades mapuche y defensores de derechos humanos como una profundización de una política de militarización que no resuelve las causas históricas del conflicto, sino que las agrava. Desde hace tres años, vastos territorios del sur viven bajo control militar, con miles de controles vehiculares e identitarios que afectan cotidianamente a la población civil, en especial a las comunidades mapuche.
La criminalización de la protesta y la resistencia mapuche se ha expresado también en la utilización reiterada de la Ley Antiterrorista, una legislación cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos. El caso de Héctor Llaitul, condenado a más de 20 años de prisión, es paradigmático. Su detención y juicio no solo evidencian el uso político de esta ley, sino también una ofensiva contra los liderazgos mapuche más visibles, en un contexto de expansión de las industrias forestales en territorios en disputa.
Durante el debate parlamentario, la oposición de derecha y ultraderecha, representada por figuras como Miguel Mellado, Cristóbal Urruticoechea y Marlene Pérez, criticó la medida… por considerarla insuficiente. Acusaron al Gobierno de debilidad frente a “grupos terroristas”, reclamando un “accionar más decisivo y planificado”. En sus discursos, exigieron una política de Estado con mayor capacidad de represión, invisibilizando —una vez más— las legítimas demandas territoriales y culturales del pueblo mapuche.
Desde el oficialismo, el ministro Cordero defendió la estrategia gubernamental, señalando que los datos policiales muestran una baja sostenida de la violencia. No obstante, también justificó el uso de la Ley Antiterrorista y habló de “asociaciones terroristas” que, según el Ejecutivo, desafían al Estado. A su juicio, hechos como el ataque a la central hidroeléctrica Rucalhue no solo cuestionan los esfuerzos del gobierno, sino que ponen en riesgo “la integridad de las instituciones”.
Con más de 491 querellas y 552 condenas desde el inicio de esta política, el balance de la represión estatal es contundente. Lo que falta, en cambio, es un camino claro de diálogo, reparación y reconocimiento. El Estado de Chile sigue sin responder a las demandas históricas del pueblo mapuche, y opta por criminalizar su existencia en lugar de reconocer sus derechos.
En vez de prorrogar una medida de excepción que normaliza la militarización del sur, es urgente abrir espacios reales de diálogo, desmilitarizar los territorios y avanzar en una solución política y plurinacional. La represión no es, ni será, la salida.
Felipe Portales says:
Nada nuevo ni sorprendente…