Las razones de fondo para remover al fiscal Cooper
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La decisión de la Fiscalía Nacional de remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura no solo es legalmente justificable: es necesaria y urgente. El viernes pasado, el Ministerio Público resolvió trasladar la causa a la Fiscalía Regional de Antofagasta, designando a su titular, Juan Castro Bekios, como nuevo responsable de la investigación. La resolución se ampara en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y responde, según se informó oficialmente, a la “complejidad y gravedad” del caso, así como a la necesidad de “asegurar su continuidad y objetividad”.
Pero más allá del comunicado técnico, la decisión tiene un trasfondo que conviene observar con atención: la Corte de Apelaciones de Antofagasta acaba de declarar ilegales las escuchas telefónicas que autorizó la Fiscalía contra Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la cuestionada fundación ProCultura, Alberto Larraín.
En un fallo unánime, la Corte acogió un recurso de amparo a favor de Huneeus y fue categórica: las resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta que permitieron la interceptación de sus comunicaciones eran “ilegales, arbitrarias e infundadas”. Los jueces acusaron al persecutor de no cumplir con los requisitos básicos del artículo 222 del Código Procesal Penal, que exige señalar con claridad los hechos que justifican fundadas sospechas sobre la participación de una persona en un delito. Nada de eso ocurrió.
Además, la Corte fue más allá, cuestionando con dureza el actuar del Ministerio Público. Señaló que se avalaron prácticas “propias de tiempos pretéritos de la República”, en los que las garantías fundamentales eran vulneradas por agentes del Estado. El fallo no solo anula las resoluciones judiciales que autorizaron las escuchas, sino que ordena eliminar de la investigación toda la evidencia obtenida a partir de ellas. Un golpe demoledor.
En ese contexto, la permanencia del fiscal Cooper al frente de la causa se tornaba insostenible. No se trata únicamente de un error técnico o de una resolución judicial adversa. Se trata de un quebrantamiento grave de derechos fundamentales, en el marco de una causa de alta connotación pública y política. La remoción, por tanto, es no solo razonable, sino imprescindible para restablecer algo del prestigio institucional del Ministerio Público.
No es la primera vez que investigaciones sensibles se ven empañadas por prácticas persecutorias que rozan el abuso de poder. Lo que está en juego aquí no es solo la investigación contra una fundación, sino el respeto a las garantías que protegen a todos los ciudadanos frente a los excesos del aparato penal. Que se haya tenido que llegar a una resolución judicial para corregir la deriva de la fiscalía habla de una preocupante falta de autocrítica dentro del sistema.
El cambio de fiscal, además de necesario, es una oportunidad para reencauzar una causa que se había contaminado desde sus cimientos. Lo que sigue será observar si el nuevo persecutor será capaz de retomar las riendas con objetividad, legalidad y, sobre todo, con un respeto irrestricto a los derechos de los involucrados.
En tiempos en que la confianza en las instituciones está en crisis, este caso revela, una vez más, por qué.
