Graves denuncias contra fiscal por presuntos apremios ilegítimos en investigación por desaparición de dirigenta mapuche
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La investigación por la desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche vista por última vez en noviembre de 2024, ha dado un giro inesperado tras graves acusaciones contra la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Según informó The Clinic, la familia de la dirigenta presentó denuncias penales por apremios ilegítimos ocurridos durante un operativo en enero pasado, donde una de las hijas de Chuñil habría sido interrogada por horas en un vehículo policial, presionada para autoinculparse por el presunto delito. La Corte de Valdivia acogió a trámite un recurso de amparo interpuesto por la familia, mientras la fiscal Esquivel solicitó formalmente su inhabilidad en la causa.
El caso, que hasta ahora estaba bajo responsabilidad de la Fiscalía Regional de Los Ríos, podría pasar a manos de un nuevo persecutor. Según establece la normativa del Ministerio Público, cuando el fiscal investigado es un jefe regional, la indagatoria debe quedar en manos de otro fiscal del mismo rango. Este viernes 30 de mayo, el consejo de fiscales regionales deberá resolver si acepta la inhabilidad planteada por Esquivel y definir quién continuará con la investigación.
La denuncia presentada por la familia se centra en los hechos ocurridos el 30 de enero, cuando funcionarios de Carabineros —incluyendo personal del GOPE, Labocar y la SIP— y la propia fiscal Esquivel acudieron al domicilio de Jeannette Troncoso, hija de Julia Chuñil. Según el recurso de amparo, Troncoso fue subida a un vehículo policial donde el funcionario José Arriagada le habría exigido, mediante un interrogatorio intimidante, que confesara la participación suya y de su exesposo en la desaparición de su madre.
El documento judicial sostiene que Arriagada habría recurrido incluso a gestos amenazantes con su arma reglamentaria, mientras la fiscal Esquivel presenciaba la escena. Troncoso permaneció en el vehículo más de tres horas, sin acceso a defensa y sin que se formalizara una detención. Posteriormente fue llevada al fundo donde desapareció Chuñil, sin explicaciones ni orden judicial clara.
Ante estos antecedentes, la familia acusa un trato persecutorio y teme represalias. La hija de la dirigenta relató su experiencia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde señaló haber estado en estado de shock y recibir tratamiento psicológico desde entonces. Su abogada, Carmen Caifil, afirmó que a su representada se le vulneraron garantías básicas, como el derecho a defensa y a no autoincriminarse.
A la ofensiva judicial de la familia se suman los cuestionamientos por la orientación de la investigación. En los primeros meses, las sospechas se centraban en Juan Carlos Morstadt, empresario forestal que habría presionado a Julia Chuñil por la venta de tierras. Incluso fue citado a declarar en enero, instancia en la que guardó silencio. Sin embargo, posteriormente la indagatoria viró hacia la familia de la dirigenta. Según Meganoticias, en el allanamiento al domicilio de Jeannette Troncoso se habría encontrado una mancha de sangre coincidente con el perfil genético de Chuñil, aunque su hijo Pablo San Martín acusa un montaje para incriminar a los familiares.
En su oficio de inhabilitación, al que accedió The Clinic, la fiscal Esquivel rechaza las acusaciones, pero admite que su continuidad en la causa podría comprometer la percepción de imparcialidad. Por ello, plantea que tanto ella como su equipo deben apartarse del caso, “resguardando la objetividad y legitimidad institucional que exige esta investigación”. La decisión final queda en manos del fiscal nacional subrogante, Héctor Barros.
Mientras tanto, la Corte de Valdivia ha solicitado a la Fiscalía, Carabineros y la PDI que entreguen informes detallando sus actuaciones en la causa. La familia de Julia Chuñil espera que el proceso retome una orientación centrada en su condición de víctimas y no en su criminalización.
El caso refleja no solo la complejidad de las investigaciones en contextos de conflicto territorial, sino también los riesgos de vulneración de derechos en procedimientos judiciales que deben respetar estrictamente las garantías del debido proceso.
Felipe Portales says:
Y de la PDI.
Felipe Portales says:
¡No queda claro si el «funcionario» José Arriagada es carabinero o de la Fiscalía!…
En todo caso, esto representa una muestra más de que la decadencia y corrupción no sólo afectan al mundo económico y político nacional, sino también al Poder Judicial, Ministerio Público y Carabineros…