Redadas del ICE en Los Ángeles desatan protestas y denuncias de “terrorismo institucional”
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Una serie de redadas simultáneas realizadas por autoridades federales de inmigración en diversos puntos de Los Ángeles el pasado viernes encendió la indignación de activistas, autoridades locales y ciudadanos, y dejó un saldo de al menos 45 personas arrestadas sin órdenes judiciales. La operación provocó enfrentamientos con manifestantes y el uso de granadas aturdidoras por parte de agentes armados, lo que fue calificado por la alcaldesa Karen Bass como un intento de “sembrar terror”.
Los arrestos se llevaron a cabo en siete ubicaciones distintas, entre ellas dos tiendas de Home Depot, un local en el distrito de la moda y una tienda de donas, según confirmó Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), durante una conferencia de prensa. “Nuestra comunidad está bajo ataque y está siendo aterrorizada. Estos son trabajadores, padres, madres. Esto tiene que parar”, afirmó Salas ante una multitud de manifestantes.
Los operativos se enmarcan en la intensificación de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que bajo la administración del expresidente Donald Trump, prometió deportaciones masivas. Según Todd Lyons, director del ICE, la agencia realiza un promedio de 1.600 arrestos diarios, asegurando que se trata de “criminales peligrosos”. Sin embargo, defensores de derechos humanos y representantes locales denuncian que muchas de las personas detenidas no tienen antecedentes penales y que las tácticas empleadas son desproporcionadas.
Imágenes transmitidas por medios locales mostraron escenas de tensión: personas escoltadas con las manos atadas detrás de la espalda, enfrentamientos en los sitios de detención y agentes utilizando cinta policial para contener a las multitudes. En algunos puntos, se lanzaron granadas aturdidoras y bombas de humo para dispersar a los manifestantes, mientras vehículos SUV y camionetas con identificación del FBI, ICE y HSI evacuaban rápidamente a los detenidos.
Una de las imágenes más impactantes fue la de una persona que intentó bloquear el paso de una camioneta del ICE colocando las manos sobre el capó. El vehículo retrocedió, esquivó al manifestante y huyó del lugar mientras otros arrojaban objetos en señal de protesta.
Frente a esta ola de acciones, 11 de los 15 concejales de la ciudad de Los Ángeles emitieron un comunicado conjunto denunciando “una escalada atroz” por parte de las agencias federales de inmigración. La alcaldesa Bass fue aún más enfática: “Estas tácticas alteran los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad. Estoy profundamente indignada por lo ocurrido”.
Desde el ICE, la respuesta fue evasiva. La agencia no entregó detalles específicos de las redadas y reiteró, mediante un comunicado, que su objetivo son personas que han violado las leyes migratorias. La portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional, Yasmeen Pitts O’Keefe, sostuvo que los operativos estaban relacionados con el albergue de personas en situación migratoria irregular.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Activistas se movilizaron rápidamente, usando megáfonos para recordar a los trabajadores sus derechos constitucionales e instándolos a no firmar ni declarar nada frente a los agentes. Casos como el de Katia Garcia, una joven de 18 años que abandonó su escuela tras enterarse de que su padre —indocumentado y con dos décadas en el país— podría haber sido uno de los detenidos, reflejan el miedo y la incertidumbre que se vive en las comunidades inmigrantes.
Los operativos en Los Ángeles se suman a otras intervenciones recientes en ciudades como San Diego y Minneapolis, donde agentes federales han aparecido en barrios latinos con equipo táctico, generando un clima de persecución y temor.
Para organizaciones como CHIRLA y múltiples representantes locales, los hechos del viernes son una señal alarmante de la deriva autoritaria de las políticas migratorias federales. “Lo que hemos visto no es aplicación de la ley, es terrorismo institucional”, advirtió un manifestante.
La ciudad de Los Ángeles, históricamente santuario para inmigrantes, enfrenta hoy una prueba crucial frente al avance de medidas que amenazan la dignidad y seguridad de miles de sus habitantes.
