Dominga: el proyecto que desangra la institucionalidad ambiental chilena
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El reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor del cuestionado proyecto Dominga reaviva las denuncias por corrupción, tráfico de influencias y desprecio por la ciencia y las comunidades. Organizaciones ambientales anuncian nuevas acciones para frenar lo que consideran un atentado contra el ecosistema del Archipiélago de Humboldt.
Una nueva alerta se enciende en los territorios costeros del norte chico. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) resolvió rechazar la contienda de competencias presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental en relación al proyecto Dominga. Con el voto favorable de tres ministros —María Silva Gallardo, Marcela Peredo Rojas y Raúl Mera Muñoz— y el voto en contra de la ministra Nancy Yáñez, el fallo fue recibido como un golpe a la ya debilitada institucionalidad ambiental del país.
Desde la Alianza Humboldt —que agrupa a organizaciones sociales, comunidades costeras, científicos y ambientalistas— se calificó esta resolución como una nueva señal de que los intereses privados siguen por encima del bien común. “El proyecto Dominga destruyó el tejido social de La Higuera; pretende acabar con uno de los ecosistemas más ricos del planeta; y ahora, ha destruido la institucionalidad ambiental del país”, sentenció Rodrigo Flores, pescador artesanal y presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
El fallo, afirman diversas voces, ha evitado abordar el fondo del conflicto: el daño ambiental irreparable que causaría el megaproyecto minero-portuario. Para Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, la justicia “ha sido diseñada a la medida de la industria”, ignorando sistemáticamente la ciencia y a las comunidades.
Desde el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), su presidenta Carolina Bahamondes fue enfática: “No vamos a permitir que Dominga se instale. Seguiremos hasta las últimas consecuencias, denunciando la corrupción y la desidia”. En la misma línea, Nancy Duman, vocera de Alianza Humboldt Atacama Coquimbo, recalcó que el TC no tiene competencia sobre el fondo del proyecto. “Esto no es una luz verde para Dominga. Aún existen procesos judiciales abiertos y este proyecto sigue estando viciado por sus impactos irreversibles”, dijo.
Un historial manchado
El prontuario de Dominga es extenso. Antes de ingresar a evaluación ambiental, ejecutivos de Andes Iron ya coordinaban con autoridades de gobierno. Pablo Wagner, entonces subsecretario de Minería, recibía pagos del grupo Penta mientras gestionaba el avance del proyecto. Wagner fue condenado por enriquecimiento ilícito, pero el delito de cohecho fue desestimado por el fiscal Manuel Guerra. No fue la última vez que Guerra actuaría a favor de los intereses empresariales: también sobreseyó a Sebastián Piñera en 2017, tras revelarse sus vínculos familiares con la minera.
Años más tarde, los Pandora Papers expusieron un contrato firmado por la familia Piñera Morel para vender su parte de Dominga a Carlos Alberto Délano. El contrato incluía una cláusula que supeditaba el último pago de 10 millones de dólares a que el gobierno no declarara el Archipiélago de Humboldt como área protegida. Piñera, ya presidente, no avanzó en esa protección, y la transacción se concretó. La fiscalía inició una nueva investigación por soborno y delitos tributarios, pero tras la muerte del expresidente, el caso fue archivado.
El escándalo reapareció recientemente con el caso audios. El exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, filtraba información confidencial al abogado Luis Hermosilla sobre investigaciones que afectaban a Piñera y a Dominga. Hermosilla, además, operaba en las sombras junto a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para instalar candidatos afines al poder económico, entre ellos el propio Raúl Mera, hoy ministro del TC y parte del voto favorable al proyecto.
La lucha continúa
Dominga ha sido rechazado en tres oportunidades durante su evaluación ambiental, precisamente por sus impactos negativos sobre un ecosistema único y sobre las actividades sustentables que hoy existen en la zona. La comunidad científica ha sido categórica: ningún estudio serio avala el proyecto. Por el contrario, advierten que de instalarse, causará un daño irreversible.
“El proyecto está bien rechazado y debe mantenerse así”, afirmó el abogado Ezio Costa, de la ONG FIMA. Para la Alianza Humboldt, este fallo no es el final, sino una nueva etapa en la defensa del territorio, la ciencia y el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro.
