El caso Bernarda Vera y la miserable ofensiva negacionista de la derecha
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El reportaje de Chilevisión sobre Bernarda Vera —militante del MIR, registrada en el Informe Rettig como detenida desaparecida en 1973 y que ahora podría estar con vida en Argentina— abrió un nuevo capítulo en la memoria chilena. El hallazgo, de confirmarse, no disminuye en nada la magnitud del crimen sistemático que significó la desaparición forzada de más de mil personas bajo la dictadura cívico-militar. Por el contrario, obliga a reforzar la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, la ultraderecha chilena ha reaccionado con su peor rostro: el del negacionismo y el aprovechamiento político.
Lejos de respetar el dolor de las víctimas y sus familias, parlamentarios y abogados ligados a sectores pinochetistas interpusieron denuncias y querellas contra el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y contra la jefa del Programa de Derechos Humanos. Acusan omisiones y supuestos fraudes relacionados con los beneficios recibidos por la hija de Vera. Se trata de acciones jurídicas con poco o nulo sustento, utilizadas como armas de propaganda política en un año electoral. El diputado de la UDI Jorge Alessandri presentó una denuncia contra Cordero en tanto el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser presentó una querella a través del abogado pinochetista Maximiliano Murath.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reaccionó con contundencia: calificó estas denuncias como “irresponsables”, “poco serias” e “impresentables”. Y no le falta razón. Quien encabeza una de estas querellas es nada menos que el abogado de militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Ellos, los victimarios, los que aún sostienen el pacto de silencio sobre el paradero de cientos de desaparecidos, pretenden hoy erigirse en fiscales morales. Esa impostura no solo es insultante, es miserable.
Luis Cordero, por su parte, apuntó al trasfondo de este ataque: un negacionismo vergonzoso que intenta ensuciar la memoria de las víctimas y, en particular, dañar a la hija de Bernarda Vera, quien ha vivido toda su vida bajo la sombra del desconocimiento del destino de su madre. La querella del Partido Nacional Libertario, al acusarla indirectamente de obtener beneficios estatales de forma fraudulenta, constituye un acto de deshumanización pocas veces visto. Apuntar contra la descendencia de una víctima de la dictadura es, en los hechos, un nuevo atropello a los derechos humanos.
No es casualidad que estas maniobras surjan en paralelo a la difusión mediática del caso. Como denunció la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos (AFEP), el reportaje de Chilevisión pecó de sensacionalismo y de sesgo: a partir de un caso excepcional pretende instalar dudas sobre el conjunto de la verdad histórica. Esa relativización es funcional a los sectores negacionistas, que buscan erosionar el consenso nacional en torno a la brutalidad de la dictadura.
La organización Londres 38 fue aún más clara: el caso de Vera no puede ser usado para cuestionar la existencia de la desaparición forzada como política de Estado. Más de mil personas siguen desaparecidas, sus familias aún esperan respuestas, y los responsables materiales e intelectuales nunca han entregado información. Ese es el núcleo del problema: el pacto de silencio de los victimarios, no la conducta de las víctimas ni de sus familiares.
La derecha que hoy presenta querellas se ampara en un doble discurso. Pretende mostrarse como garante de la probidad, mientras en su historia política carga con el apoyo abierto o encubierto a la dictadura que perpetró los crímenes más atroces de nuestra historia reciente. Lo que busca es minar el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno, debilitando así la política de Estado destinada a esclarecer el destino de los desaparecidos.
Conviene insistir: si Bernarda Vera efectivamente sobrevivió y rehízo su vida en el extranjero, el hecho debe ser esclarecido por los tribunales. Pero nada cambia el carácter de los crímenes sistemáticos. Un caso excepcional confirma la regla: la desaparición forzada fue una política de exterminio. Y si ella vivió, ello debe alegrarnos como sociedad, como subrayó Londres 38, porque significa que al menos una persona pudo escapar a la tortura y la muerte.
El verdadero problema no está en la familia de Vera ni en los programas de reparación, sino en la impunidad persistente a más de cinco décadas del golpe. Los que hoy se querellan son los mismos que ayer justificaron o aplaudieron los secuestros, las ejecuciones y la tortura. No buscan justicia: buscan ensuciar la memoria, relativizar los crímenes y normalizar el negacionismo.
La respuesta del gobierno ha sido correcta: defender a los ministros y a los equipos de derechos humanos, y denunciar la calumnia como lo que es. Pero este caso también exige un compromiso más amplio de la sociedad civil y de los medios de comunicación: no prestarse al juego del sensacionalismo, sino recordar que detrás de cada nombre hay familias, dolor y una verdad pendiente.
El caso de Bernarda Vera debe ser investigado, pero sin convertirlo en un arma política contra las víctimas. La derecha ha mostrado una vez más su miseria moral. Y frente a esa miseria, solo cabe reafirmar la defensa irrestricta de los derechos humanos, sin matices ni condiciones. Porque la memoria no se negocia, y la justicia, aunque demorada, sigue siendo un deber ineludible de Chile.
Por Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
Serafín Rodríguez says:
Lo que corresponde es una investigación judicial por presunto fraude. Es la única manera de esclarecer lo ocurrido.
Serafín Rodríguez says:
«En Villarrica deciden retirar placa de Bernarda Vera del memorial Memoria»
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2025/10/04/en-villarrica-deciden-retirar-placa-de-bernarda-vera-del-memorial-memoria-herida.shtml
Resulta difícil pensar que no hubo comunicación entre Bernarda y su hija que es beneficiaria de una pensión reparatoria, pero es una posibilidad que debería ser investigada seriamente. Por otra parte, dado que Suecia fue país de asilo político para un número importante de chilenos que participaban en actividades de solidaridad, también resulta difícil suponer que Bernarda como activista política no se haya enterado de que en Chile tenía la condición de detenida desaparecida y que su hija calificaba para recibir una pensión reparatoria. Si estaba enterada y calló, sería un problema de integridad ética y política aunque también habría que entender el dilema que tuvo que enfrentar como madre de una hija que dejó atrás para salvar su vida. Muy difícil todo y en la ausencia de de una investigación seria y responsable que permita entender claramente lo ocurrido, parece un desatino alzar dedos acusatorios, vengan del sector político que vengan.