Bolivia enfrenta creciente ola de protestas y bloqueos en medio de crisis económica y política
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 43 segundos
Bolivia atraviesa una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. Desde hace más de una semana, el país enfrenta protestas, bloqueos de carreteras, enfrentamientos con fuerzas policiales y una creciente presión sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en un escenario marcado por el desabastecimiento de combustible, la inflación y el deterioro económico.
Las movilizaciones comenzaron inicialmente como rechazo a una polémica reforma agraria impulsada por el Ejecutivo boliviano, conocida como Ley 1720, que permitía utilizar tierras agrícolas como garantía financiera y abría la puerta a cambios en el régimen de propiedad rural. Diversas organizaciones campesinas, indígenas y sindicales denunciaron que la medida favorecía la mercantilización de la tierra y beneficiaba a grandes grupos agroindustriales.
Aunque el Parlamento terminó derogando la norma en un intento por contener la crisis, las protestas no se detuvieron. Por el contrario, las demandas comenzaron a ampliarse hacia cuestiones económicas más profundas: aumento salarial, escasez de combustibles, falta de dólares, encarecimiento de productos básicos y críticas al ajuste económico impulsado por el gobierno.
En los últimos días, la tensión escaló especialmente en La Paz y El Alto, donde mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana y otros sectores sindicales protagonizaron violentos enfrentamientos con la policía. Manifestantes utilizaron dinamita durante las marchas y trataron de avanzar hacia la Plaza Murillo, sede del poder político boliviano, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y operativos de dispersión.
El gobierno respondió desplegando un amplio operativo militar y policial denominado “Corredor Humanitario”, orientado a despejar rutas bloqueadas y garantizar el suministro de alimentos, medicamentos y combustible hacia las principales ciudades del país. Las autoridades bolivianas sostienen que los cortes de caminos están generando una situación humanitaria crítica y afectando gravemente la economía nacional.
La crisis también tiene una fuerte dimensión política. Sectores opositores y organizaciones sociales han comenzado a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió hace apenas seis meses prometiendo estabilizar la economía y aplicar reformas de orientación más liberal tras casi dos décadas de predominio político del Movimiento al Socialismo (MAS).
En paralelo, la figura del expresidente Evo Morales vuelve a aparecer en el centro del escenario político boliviano. Morales enfrenta actualmente una orden de búsqueda y captura dictada por un tribunal de Tarija en una causa por presunta trata de personas, mientras permanece resguardado por seguidores en Cochabamba. El gobierno acusa al exmandatario y a sectores “evistas” de incentivar parte de las movilizaciones y profundizar la desestabilización.
Analistas bolivianos e internacionales advierten que el país enfrenta una combinación particularmente delicada: agotamiento del modelo económico basado en subsidios, caída de ingresos energéticos, escasez de divisas y creciente fragmentación política y social. La falta de combustibles y dólares ha comenzado a impactar directamente sobre transporte, abastecimiento y producción, alimentando el malestar ciudadano.
Mientras continúan las negociaciones entre el gobierno y algunos sectores movilizados, Bolivia permanece bajo un clima de alta incertidumbre política y tensión social que recuerda otros episodios críticos de su historia reciente
