Acusar por proyectar: el peligroso precedente que abre la ofensiva contra Nicolás Grau
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 30 segundos
La acusación constitucional impulsada por republicanos y libertarios contra el exministro de Hacienda no solo pone en cuestión una disputa sobre cifras fiscales. También abre un debate más profundo: ¿puede un ministro ser destituido políticamente por proyecciones económicas discutibles? Cuatro exjefes de Hacienda advierten que el costo podría ser la erosión de una de las instituciones más valoradas de la democracia chilena.
Por estos días, el debate político chileno parece girar en torno a una cifra: más de US$10 mil millones de diferencia entre las proyecciones de deuda pública elaboradas por el gobierno de Gabriel Boric y las estimaciones presentadas por la actual administración de José Antonio Kast. Sobre esa controversia, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano decidieron avanzar con una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
La ofensiva ha sido presentada por sus impulsores como una respuesta a una supuesta negligencia grave en la conducción de las finanzas públicas. Sin embargo, la discusión ha comenzado a desplazarse hacia otro terreno. Más que una controversia sobre números, lo que está en juego es la definición de los límites de la responsabilidad política y constitucional de quienes conducen la economía del país.
La pregunta es simple y al mismo tiempo compleja: ¿puede una diferencia en las proyecciones económicas convertirse en una causal de acusación constitucional?
Una frontera nunca antes cruzada
Chile ha vivido numerosos cambios de gobierno desde el retorno a la democracia. En cada transición, los nuevos equipos económicos han cuestionado los supuestos, proyecciones o estimaciones de sus antecesores. Ocurrió entre los gobiernos de la Concertación y Sebastián Piñera. Ocurrió nuevamente cuando Michelle Bachelet regresó a La Moneda. Y volvió a ocurrir durante la llegada del gobierno de Gabriel Boric.
Las diferencias en materia de crecimiento, ingresos fiscales, déficit estructural o deuda pública forman parte de la normalidad de la discusión económica. La economía, después de todo, no es una ciencia exacta. Las proyecciones dependen de variables futuras que pueden cambiar drásticamente por factores nacionales o internacionales.
Lo inédito es que una discrepancia de este tipo haya terminado convertida en una acusación constitucional contra un exministro de Hacienda.
Ese es precisamente el punto que motivó una inusual intervención pública de cuatro exministros de Hacienda: Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco y Mario Marcel.
En una carta publicada en El Mercurio, los exsecretarios de Estado sostuvieron que una acusación contra Grau “dañaría a Chile” y abriría una senda que podría debilitar la institucionalidad económica del país.
No deja de ser significativo que los firmantes provengan de tradiciones económicas distintas. Marfán representa una visión desarrollista; Velasco fue uno de los principales referentes del socialismo liberal; Marcel encabezó la política fiscal del gobierno de Boric; y Eyzaguirre participó en gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. No suelen coincidir en todo. Pero esta vez sí.
El temor a la judicialización de la política económica
La preocupación de los exministros va más allá del caso específico de Nicolás Grau.
Si una proyección fiscal cuestionada puede transformarse en una acusación constitucional, cualquier ministro de Hacienda futuro podría quedar expuesto a una amenaza similar cada vez que cambie el signo político del gobierno.
Las proyecciones económicas son, por definición, estimaciones sujetas a incertidumbre. Un cambio en el precio del cobre, una crisis internacional, una pandemia, una guerra o una recesión global pueden alterar completamente los escenarios previstos.
Bajo esa lógica, la discusión técnica corre el riesgo de transformarse en un conflicto político permanente.
El resultado podría ser paradójico. En lugar de fortalecer la transparencia fiscal, se incentivaría una conducta defensiva de las autoridades económicas, preocupadas no solo de proyectar correctamente, sino también de evitar futuras persecuciones políticas.
Las dudas en la propia derecha
No es casual que la acusación haya generado incomodidad en sectores de Renovación Nacional y la UDI.
Aunque varios parlamentarios de esos partidos podrían terminar votándola favorablemente, el entusiasmo inicial estuvo lejos de ser unánime.
Parte de las reservas tienen que ver con la fragilidad jurídica del argumento. Otra parte responde a consideraciones políticas más amplias. En Chile Vamos existe preocupación por el efecto que una escalada de acusaciones constitucionales puede tener sobre la capacidad del gobierno de Kast para construir acuerdos legislativos en el Congreso.
Pero también existe una inquietud institucional.
Una acusación constitucional es una herramienta excepcional. Fue concebida para sancionar infracciones graves a la Constitución o a las leyes. Cuando se utiliza para resolver disputas políticas o controversias técnicas, corre el riesgo de perder legitimidad y transformarse en un mecanismo de revancha entre gobiernos.
Un síntoma de la degradación política
La carta de Marfán, Eyzaguirre, Marcel y Velasco contiene una observación que merece atención.
Los exministros sostienen que desde 2010 las administraciones que han llegado al poder lo han hecho desde la oposición al gobierno anterior, generando dinámicas crecientes de confrontación, agresividad y revanchismo.
No es una crítica menor.
Durante la última década, las acusaciones constitucionales se han multiplicado. Ministros, intendentes, jueces y presidentes han enfrentado procesos que antes eran excepcionales. Lo que en algún momento fue concebido como un mecanismo de control institucional se ha convertido progresivamente en un instrumento de disputa política.
La acusación contra Nicolás Grau parece insertarse en esa tendencia.
Más allá de Grau
El futuro del libelo aún es incierto. La Cámara deberá evaluar sus fundamentos y determinar si corresponde avanzar hacia el Senado.
Sin embargo, el debate ya dejó de tratar exclusivamente sobre Nicolás Grau.
Lo que realmente está en discusión es si Chile está dispuesto a cruzar una frontera inédita: convertir las diferencias sobre proyecciones económicas en materia de responsabilidad constitucional.
Si esa puerta se abre, difícilmente volverá a cerrarse. Y quienes hoy celebran la acusación podrían mañana encontrarse defendiendo a ministros de su propio sector frente al mismo criterio.
Esa es la advertencia que realizan cuatro exministros de Hacienda. Y es también la razón por la que esta controversia podría terminar siendo recordada menos por las cifras en disputa que por el precedente institucional que busca establecer.
Simón del Valle
