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La oposición frente a un cambio de época

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Las tensiones provocadas por las negociaciones del PPD y dirigentes del PS con el ministro Jorge Quiroz terminaron con una oposición unida en torno a un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El episodio, sin embargo, dejó al descubierto un debate mucho más profundo: si la cultura política de la transición sigue siendo suficiente para enfrentar un proyecto de ultraderecha que busca transformar y blindar el Estado.

La controversia por las negociaciones entre senadores del Partido Socialista y del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó con una fotografía que hace apenas unos días parecía improbable.

Toda la oposición decidió recurrir al Tribunal Constitucional contra aspectos centrales de la megarreforma.

El Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal y el propio PPD —cuyos senadores habían alcanzado un acuerdo con Hacienda sobre la invariabilidad tributaria— terminaron firmando una declaración conjunta ratificando la ofensiva constitucional.

Podría parecer simplemente un episodio más de la política parlamentaria.




No lo es.

Lo ocurrido durante estas semanas revela una transformación mucho más profunda: la política chilena cambió de naturaleza, pero una parte de la oposición todavía intenta enfrentar ese cambio utilizando las herramientas de la transición.

El fin de una cultura política

Durante tres décadas la política chilena descansó sobre una premisa compartida.

Las grandes reformas debían surgir de acuerdos.

La negociación era considerada una virtud democrática.

Los consensos constituían el principal mecanismo para asegurar estabilidad institucional.

Esa cultura tuvo una explicación histórica.

Después de la dictadura, Chile necesitaba reconstruir su democracia.

La política aprendió a convivir con una Constitución restrictiva, con quórums elevados y con una derecha que conservaba importantes poderes de veto.

La negociación no era sólo una opción.

Era, muchas veces, la única posibilidad de gobernar.

Ese ciclo terminó.

No porque negociar haya perdido valor.

Terminó porque cambió el tipo de proyecto político que hoy gobierna el país.

Una derecha distinta

La derecha encabezada por José Antonio Kast ya no actúa bajo la lógica de la transición.

No busca administrar el modelo heredado.

Busca consolidarlo institucionalmente.

La invariabilidad tributaria por veinticinco años constituye probablemente el mejor ejemplo.

No se trata únicamente de rebajar impuestos.

Se trata de limitar deliberadamente la capacidad de los futuros gobiernos para modificar esa política.

Es decir, una mayoría circunstancial intenta proyectar sus decisiones mucho más allá de su propio mandato.

Ese tipo de reformas responde a una lógica distinta.

Ya no busca convencer a las futuras mayorías.

Busca restringirlas.

Por eso la discusión sobre la invariabilidad tributaria nunca fue un simple desacuerdo técnico.

Era una discusión sobre la calidad de la democracia.

La política de la fragmentación

La actuación del ministro Jorge Quiroz tampoco responde a los patrones tradicionales.

Su estrategia ha sido consistente desde el primer día.

No ha buscado construir un gran acuerdo nacional.

Ha negociado separadamente.

Con unos partidos.

Con determinados senadores.

Con distintos sectores de la oposición.

No necesita convertir a la oposición en oficialista.

Le basta con impedir que actúe unida.

Es una forma distinta de ejercer el poder.

Y, hasta ahora, extraordinariamente eficaz.

La aprobación de la megarreforma en el Senado por un margen estrecho demuestra precisamente eso.

El Gobierno no dispone de una mayoría amplia.

Pero ha conseguido construir mayorías circunstanciales suficientes para sacar adelante uno de los proyectos más ambiciosos de su programa.

La lección para la izquierda

Desde la izquierda resulta inevitable formular una pregunta incómoda.

¿Puede seguir actuándose como durante la transición cuando el adversario político ya no comparte esa misma lógica?

Durante años, una parte importante del progresismo defendió la negociación permanente como una virtud democrática.

Y lo fue.

Pero ninguna virtud política es eterna.

Las herramientas sirven mientras corresponden al tiempo histórico que les dio origen.

La discusión abierta en el Partido Socialista y en el PPD demuestra precisamente ese agotamiento.

No porque negociar sea ilegítimo.

La democracia necesita acuerdos.

El problema aparece cuando la negociación deja de referirse a políticas públicas y comienza a involucrar cuestiones que afectan las propias reglas del sistema democrático.

La capacidad tributaria del Estado pertenece a las futuras mayorías.

No puede convertirse en un derecho adquirido de un determinado modelo económico.

Una nueva oposición

Quizás la principal consecuencia política de esta crisis sea otra.

La oposición terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que parecía ocurrir hace apenas unos días.

Presentará requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

No lo hizo porque desaparecieran las diferencias internas.

Lo hizo porque comprendió que había una línea que no podía cruzarse sin poner en riesgo su propia credibilidad política.

Ese aprendizaje puede resultar más importante que la propia resolución del Tribunal Constitucional.

Porque la izquierda enfrenta hoy un desafío histórico.

No consiste solamente en derrotar electoralmente a la ultraderecha.

Consiste en comprender que enfrenta un proyecto político diferente al que conoció durante los últimos treinta años.

Uno que no busca administrar el Estado.

Busca rediseñarlo.

Y cuando el objetivo del adversario consiste en modificar las reglas para hacer más difícil su reversión, la política deja de ser únicamente el arte del acuerdo.

Pasa a ser, también, la defensa de aquellos principios democráticos que no deberían convertirse en moneda de negociación.

Simón del Valle

Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín

 



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Simon Del Valle

Periodista

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