La política como espectáculo

By Edison Ortiz 12 julio, 2026 No comment

Tiempo de lectura aprox: 8 minutos, 35 segundos

En un escenario de deterioro, la verdadera preocupación debe ser el progresivo debilitamiento de la política como espacio de conducción, deliberación y construcción de un proyecto colectivo.

Hay momentos en que la política chilena parece haber renunciado a toda pretensión de solemnidad. Por instantes, da la impresión de que para llegar al Congreso o integrar un gabinete ministerial ya no se exige una trayectoria pública consistente, sino talento para el espectáculo, capacidad para dominar el ciclo mediático o una inclinación permanente por la polémica. El debate público se ha convertido, demasiadas veces, en una puesta en escena donde el impacto inmediato importa más que la deliberación democrática.

*_{Quiroz y el presidente Kast, líderes del oficialismo. Crédito: https://www.elmostrador.cl}*

El escenario político nacional recuerda, cada vez con mayor frecuencia, a un circo de tres pistas. En una de ellas, el gobierno encabezado por José Antonio Kast acumula errores políticos y dificultades para conducir su propia agenda. En otra, la oposición aparece atrapada en disputas internas que erosionan su credibilidad y reducen su capacidad de ofrecer una alternativa consistente. En la tercera, un grupo creciente de parlamentarios parece competir por protagonizar la controversia más extravagante de la semana, desplazando la discusión de los problemas reales que afectan a la ciudadanía.

El resultado es un deterioro progresivo de la calidad del debate democrático. Mientras el país enfrenta desafíos complejos en materia de crecimiento económico, seguridad pública, salud y cohesión social, buena parte de la dirigencia política parece más preocupada de administrar conflictos internos, producir titulares o alimentar la confrontación permanente que de construir acuerdos duraderos.

El descalabro oficialista y el fetichismo tributario

El gobierno de José Antonio Kast continúa acumulando tropiezos políticos que revelan dificultades para articular una estrategia legislativa eficaz. Uno de los episodios más ilustrativos fue el fracaso de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La iniciativa, impulsada por sectores del oficialismo, terminó siendo ampliamente rechazada en el Senado al evidenciarse la debilidad de sus fundamentos jurídicos y políticos. Más que debilitar a la oposición, la ofensiva terminó exponiendo improvisación y una preocupante tendencia a privilegiar los gestos simbólicos por sobre la eficacia política.

Sin embargo, los principales cuestionamientos al Ejecutivo no se reducen a errores tácticos. El debate de fondo se concentra en la orientación de su programa económico. Como ha sostenido el economista Gonzalo Martner, la insistencia gubernamental en impulsar iniciativas orientadas a reducir la carga tributaria sobre las grandes empresas y los contribuyentes de mayores ingresos responde a una determinada concepción del desarrollo que privilegia los incentivos al capital como motor casi exclusivo del crecimiento.

El problema es que esa apuesta implica costos fiscales significativos y ya tiene antecedentes desastrosos con la dictadura militar en 1983 cuando los Chicagos boys, por puro ideologismo llevaron el país a la bancarrota cuyos costos mayores los pagaron los de siempre: los más humildes. En un contexto de estrechez presupuestaria, menores ingresos permanentes para el Estado terminan ejerciendo presión sobre el financiamiento de políticas públicas esenciales. Salud, educación, vivienda e inversión social pasan a competir por recursos cada vez más escasos, trasladando el peso del ajuste hacia sectores que dependen en mayor medida de la acción estatal.

Especialmente discutible resulta la propuesta de mantener extensos períodos de invariabilidad tributaria para determinados sectores económicos. Más allá de si el plazo corresponde a veinte o veinticinco años, el problema es de naturaleza institucional. En una democracia, ninguna mayoría circunstancial debería restringir durante décadas la capacidad de futuros gobiernos y parlamentos para adaptar la política tributaria a nuevas condiciones económicas, sociales o fiscales. La estabilidad regulatoria constituye un objetivo legítimo; convertirla en una virtual inmovilidad legislativa supone, en cambio, tensionar un principio básico de la deliberación democrática: que las leyes pueden y deben modificarse cuando así lo exige el interés público.

En esa tensión entre estabilidad económica y soberanía democrática se encuentra uno de los debates más relevantes del Chile actual. El desafío consiste en ofrecer certezas para la inversión sin hipotecar la capacidad del Estado para responder a los cambios que inevitablemente experimenta una sociedad moderna. Allí parece residir una de las principales debilidades de la agenda económica del gobierno.

La pelotera opositora: el fratricidio del PS

Si el panorama del oficialismo resulta preocupante, el de la oposición difícilmente inspira mayor optimismo. Más allá de su legítimo rol fiscalizador, las fuerzas opositoras no han logrado articular una estrategia política coherente frente al gobierno. Las diferencias programáticas, las disputas de liderazgo y los conflictos personales han terminado por imponerse sobre la construcción de una alternativa política capaz de disputar la conducción del país.

*_{Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.}* *_{Crédito: https://www.elmostrador.cl}*

El caso más ilustrativo de esta crisis es el conflicto que atraviesa al Partido Socialista. Lo que comenzó como una discrepancia respecto de la estrategia para enfrentar al Ejecutivo terminó revelando una fractura más profunda: la ausencia de una visión compartida sobre el papel que debe desempeñar la principal fuerza histórica del socialismo en el actual escenario político.

Por una parte, la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, junto al senador Juan Luis Castro, ha defendido una oposición negociadora difícil de explicar cuando se abordan posibles a acuerdos sobre la llamada mega reforma. En el otro extremo, la senadora Daniella Cicardini, respaldada por buena parte de la bancada de diputados y por las resoluciones de su Comité Central, sostiene que el momento exige una confrontación política mucho más decidida frente a un gobierno cuya agenda consideran profundamente regresiva.

La controversia evidenció algo más relevante que una simple disputa de liderazgos. Expuso la falta de una estrategia común para enfrentar a un gobierno situado ideológicamente más a la derecha que cualquiera desde el retorno a la democracia. Sin una definición clara acerca de los objetivos políticos y del tipo de oposición que se pretende ejercer, las diferencias tácticas terminan transformándose inevitablemente en conflictos personales.

En medio de ese clima de recriminaciones cruzadas, adquirieron especial significado las palabras del senador Francisco Huenchumilla, quien recordó al Partido Socialista una verdad tan evidente como incómoda: quien aspira a liderar la oposición debe asumir también la responsabilidad política que ello implica. Liderar no consiste únicamente en denunciar los errores del gobierno; exige ofrecer conducción, cohesión y una propuesta alternativa capaz de convocar a una mayoría social.

A este escenario se suma la áspera confrontación entre el senador Fidel Espinoza y el diputado Daniel Manouchehri. Sus intercambios públicos, cargados de descalificaciones personales y acusaciones mutuas de operaciones políticas, han proyectado una imagen de desorden que trasciende a sus protagonistas y termina debilitando al conjunto de la oposición. Cuando las diferencias internas se ventilan permanentemente en los medios de comunicación, la ciudadanía percibe un sistema político más preocupado de resolver disputas personales que de responder a las demandas del país.

Esta dinámica refleja un problema más profundo que el economista Gonzalo Martner ha descrito como la lógica de «mitigar el mal». Bajo esa perspectiva, una parte de la oposición corre el riesgo de limitar su actuación a negociar modificaciones marginales sobre proyectos cuya orientación de fondo considera equivocada. Esa estrategia puede evitar derrotas circunstanciales, pero difícilmente construye una alternativa política para el electorado.

Una oposición democrática no fortalece su credibilidad administrando resignadamente las iniciativas del gobierno. La fortalece cuando es capaz de formular un proyecto propio, defenderlo con convicción y utilizar todas las herramientas institucionales disponibles —desde el debate parlamentario hasta el control constitucional— para confrontar aquellas políticas que estima contrarias al interés general. La ciudadanía espera mucho más que una oposición reactiva; espera una fuerza política capaz de proyectar una visión distinta de país.

En definitiva, el problema de la oposición chilena no radica únicamente en sus divisiones internas. Su principal debilidad es la dificultad para transformar esas diferencias en un debate estratégico fecundo. Mientras las disputas personales continúen desplazando la discusión sobre las ideas y el proyecto, seguirá ofreciendo la imagen de un conglomerado atrapado en sus propios conflictos, incapaz de capitalizar el desgaste del gobierno y de construir una alternativa de poder creíble.

Farándula, corrupción, conspiraciones y platillos voladores

Mientras el gobierno enfrenta sus propias dificultades y la oposición se consume en disputas internas, el espacio que deja vacante la política es ocupado por un fenómeno igualmente preocupante: la progresiva espectacularización de la representación parlamentaria. La lógica del debate público parece haber capitulado ante la lógica del espectáculo, donde la visibilidad vale más que la consistencia y la viralización termina sustituyendo al trabajo legislativo.

No se trata de un problema exclusivamente chileno. En numerosas democracias, la política ha comenzado a adoptar las reglas del entretenimiento: la controversia desplaza al argumento, la provocación genera más atención que la deliberación y el rendimiento en redes sociales adquiere, para algunos dirigentes, mayor importancia que la elaboración de políticas públicas. Chile no ha sido inmune a esa tendencia.

En ese escenario proliferan figuras cuya principal fortaleza no radica en su capacidad para construir acuerdos o producir legislación de calidad, sino en ocupar permanentemente la agenda mediática. Las performances de Pamela Jiles, las intervenciones estridentes que buscan instalar polémicas instantáneas o el desembarco en el Congreso de personalidades provenientes del mundo televisivo —como Javier Olivares— son expresiones distintas de un mismo fenómeno: la creciente confusión entre representación política y espectáculo.

A esta transformación se suma un factor aún más corrosivo para la confianza ciudadana. En los últimos años, investigaciones por corrupción, fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho y financiamiento irregular han involucrado a representantes de distintos sectores políticos, confirmando que la degradación institucional no reconoce fronteras ideológicas. Cada nuevo caso no solo compromete la responsabilidad individual de sus protagonistas; también profundiza la percepción de que las instituciones funcionan bajo estándares éticos cada vez más débiles.

Como si ello fuera insuficiente, una parte de la actividad pública de algunos parlamentarios termina monopolizada por episodios propios de la prensa de espectáculos: conflictos sentimentales expuestos en redes sociales, polémicas televisivas, enfrentamientos personales o controversias diseñadas para alimentar el ciclo informativo de veinticuatro horas. El resultado es que debates decisivos sobre seguridad, crecimiento económico, salud, educación o pensiones quedan relegados por asuntos cuya relevancia pública resulta, en el mejor de los casos, discutible.

Existe, además, una expresión particularmente llamativa de esta deriva. La presencia parlamentaria de figuras como Cristián Contreras, conocido como «Dr. File», ha incorporado al debate político discursos marcados por teorías conspirativas, explicaciones pseudocientíficas y referencias a fenómenos extraterrestres que poco contribuyen a la discusión de los problemas concretos que enfrenta el país. Toda democracia admite la diversidad de ideas; lo preocupante es cuando la frontera entre el pensamiento crítico y el espectáculo conspirativo comienza a desdibujarse dentro de las propias instituciones representativas.

La consecuencia de este proceso trasciende las anécdotas. Cuando el Congreso deja de ser percibido como el espacio donde se confrontan proyectos de país y pasa a ser visto como un escenario de escándalos, controversias personales o extravagancias mediáticas, no solo se deteriora la imagen de quienes lo integran. Se erosiona también la legitimidad de la política como herramienta para resolver pacíficamente los conflictos sociales.

En una democracia saludable, la notoriedad pública debería ser consecuencia del trabajo legislativo y no su principal objetivo. Cuando la búsqueda permanente de atención desplaza la responsabilidad institucional, el Parlamento corre el riesgo de convertirse en una caja de resonancia del espectáculo antes que en el principal foro deliberativo de la República. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía deja de observar a sus representantes con respeto para hacerlo con una mezcla de incredulidad, cansancio y resignación.

Epílogo: La insoportable levedad de nuestra clase política

Lo más inquietante del escenario descrito no son los errores de un gobierno, las fracturas de una oposición o las extravagancias de algunos parlamentarios considerados aisladamente. La verdadera preocupación surge cuando todos esos fenómenos convergen para revelar un problema más profundo: el progresivo debilitamiento de la política como espacio de conducción, deliberación y construcción de un proyecto colectivo.

El gobierno parece convencido de que administrar el Estado consiste, ante todo, en materializar una determinada concepción ideológica de la economía, aun cuando ello implique tensionar los equilibrios fiscales y sociales que sostienen la cohesión del país. La oposición, por su parte, continúa atrapada entre disputas internas, cálculos tácticos y dificultades para ofrecer una alternativa capaz de interpretar las inquietudes de una ciudadanía cada vez más distante de los partidos tradicionales.

Entretanto, el Congreso proyecta con demasiada frecuencia una imagen contradictoria con la dignidad de la institución que representa. La lógica de la exposición permanente, la búsqueda de notoriedad, las polémicas efímeras y los escándalos personales terminan desplazando aquello que debería constituir el núcleo de la vida democrática: el debate serio sobre los problemas nacionales y la elaboración de políticas públicas orientadas al bien común.

El resultado es una paradoja difícil de ignorar. Mientras millones de chilenos enfrentan cotidianamente el aumento del costo de la vida, la incertidumbre económica, la inseguridad y las deficiencias de los servicios públicos, una parte importante de la dirigencia política parece desenvolverse en un universo paralelo, donde las prioridades se ordenan según la lógica del conflicto mediático y no de las necesidades ciudadanas.

Quizás por eso la metáfora del circo no resulte exagerada. No porque la política deba carecer de pasión, controversia o incluso de momentos de humor, sino porque el espectáculo ha comenzado a sustituir al gobierno; la estridencia, al argumento; y la performance, a la responsabilidad pública. Cuando esa sustitución se vuelve habitual, la democracia pierde densidad y los ciudadanos comienzan a mirar a sus representantes con una mezcla de distancia, escepticismo y desencanto.

Sin embargo, sería un error concluir que este deterioro es inevitable. La política sigue siendo el único instrumento democrático capaz de procesar los conflictos sociales, distribuir el poder y construir acuerdos duraderos. Precisamente por ello, exige dirigentes con mayor estatura intelectual, sentido institucional y disposición a anteponer el interés público a la rentabilidad inmediata de una declaración, una encuesta o un video viral.

De allí que la principal tarea no consista únicamente en cambiar gobiernos o renovar liderazgos. El desafío es recuperar una cultura política donde las ideas vuelvan a pesar más que los eslóganes, la deliberación prevalezca sobre el espectáculo y la responsabilidad pública recupere el lugar que nunca debió perder.

Porque, al final, el problema no es que Chile viva un mal momento político. El problema es acostumbrarse a él. Cuando una democracia normaliza la frivolidad de sus élites, la polarización como método de acción y el espectáculo como sustituto del debate, deja de advertir que el verdadero riesgo no es el ruido cotidiano, sino el silencioso deterioro de sus instituciones. Y esa, más que cualquier polémica de la semana, es una amenaza frente a la que ningún debiera estar dispuesto a claudicar.