Caso Cerimedo abre un nuevo frente en Chile: Fiscalía inicia investigación penal por sus operaciones digitales
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El Ministerio Público abrió formalmente una investigación por las actividades de Fernando Cerimedo en Chile y la eventual comisión de delitos informáticos, amenazas y asociación delictiva. La causa quedó radicada en la Fiscalía Local de Santiago Centro y se suma a la Comisión Especial Investigadora aprobada por la Cámara para indagar el uso de bots, trolls y redes de desinformación en procesos políticos chilenos.
El caso Fernando Cerimedo dio este jueves un paso cualitativamente distinto en Chile. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte resolvió abrir una investigación penal para determinar si existen delitos relacionados con las actividades desarrolladas en el país por el consultor político argentino y las redes digitales asociadas a su entorno.
La resolución fue adoptada por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien entregó la investigación a la Fiscalía Local de Santiago Centro, encabezada por la fiscal jefa Macarena Cañas.
Hasta comienzos de esta semana el Ministerio Público se encontraba analizando los antecedentes. Inicialmente fueron revisados por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional, antes de ser derivados a Centro Norte.
La decisión conocida este jueves significa que esa etapa preliminar terminó: ahora existe formalmente una investigación penal en Chile sobre el caso Cerimedo.
La denuncia de Juan Santana
El origen inmediato de la causa es la denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana, quien solicitó investigar las actividades de Cerimedo en Chile y determinar si detrás de las operaciones digitales denunciadas existen conductas constitutivas de delito.
La presentación menciona eventuales delitos informáticos, amenazas y una posible asociación delictiva.
Uno de sus ejes es la eventual existencia de una estructura de cuentas coordinadas destinada a intervenir en el debate político chileno, amplificar determinados contenidos y atacar a figuras políticas.
Entre los antecedentes entregados aparecen cuentas como Neuroc y las actividades desarrolladas en Chile por Numen, empresa de estrategia y marketing político vinculada directamente a Cerimedo.
La presencia de Numen en Chile no es una hipótesis. Cerimedo operó en el país durante el ciclo constitucional y Numen SpA fue constituida en Santiago en 2020, con el abogado Enrique García Arancibia como socio y representante de la operación chilena.
Cerimedo reconoció posteriormente que García era su socio y que viajaba regularmente a Chile.
Los eventuales vínculos políticos
La investigación puede adquirir especial relevancia por las conexiones que han aparecido durante las últimas semanas entre personas que participaron en el ecosistema político del Rechazo y funcionarios que posteriormente llegaron al gobierno de José Antonio Kast.
Entre los nombres que han surgido en investigaciones periodísticas aparecen Felipe Costabal, actual responsable de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda; Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso; e Ignacio Dülger, quien integró ese equipo presidencial.
Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre que estas personas hayan participado en una organización delictiva o coordinado operaciones ilegales con Cerimedo.
El propio presidente Kast reconoció conocer personalmente al consultor argentino y haber coincidido con él en actividades internacionales, pero niega que Cerimedo haya trabajado en alguna de sus campañas o para su Gobierno.
Determinar hasta dónde llegaron esas relaciones será ahora también materia susceptible de investigación judicial si los fiscales encuentran antecedentes que lo justifiquen.
Los bots no son delito por sí mismos
La Fiscalía enfrenta, sin embargo, una cuestión jurídica fundamental.
El fiscal nacional Ángel Valencia ya había advertido que la utilización de bots o cuentas coordinadas no constituye por sí misma un delito en Chile.
Por ello, la investigación deberá establecer si detrás de esas redes existieron conductas específicamente sancionadas por la legislación: amenazas, accesos ilícitos a sistemas o datos, obtención irregular de información u otras acciones que eventualmente permitan configurar una asociación delictiva.
Ese será precisamente el salto entre una controversia política sobre manipulación de redes sociales y una causa penal.
Dos investigaciones avanzan en paralelo
La apertura de la causa ocurre apenas un día después de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara, por 69 votos contra 43 y una abstención, la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre el caso Cerimedo.
La CEI investigará durante 60 días el uso de bots, trolls, cuentas automatizadas, redes coordinadas, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en procesos electorales y plebiscitarios desde 2020.
Desde ahora existirán, por tanto, dos investigaciones distintas y paralelas.
La Cámara intentará determinar responsabilidades políticas y administrativas y establecer qué conocían los organismos públicos sobre estas operaciones.
La Fiscalía buscará algo diferente y potencialmente más grave: si detrás de las redes digitales existieron delitos y quiénes participaron en ellos.
La arista chilena del caso Cerimedo ha dejado así definitivamente el terreno exclusivo de las denuncias periodísticas y políticas.
Desde este jueves también es una investigación penal del Ministerio Público.
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