Presupuesto 2027 abre un nuevo conflicto: gobernadores rechazan recortes y advierten un retroceso en la descentralización

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 29 segundos

El proyecto reduce en términos reales los recursos destinados a los gobiernos regionales y modifica además la distribución de los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles fiscales. Hacienda cifra la caída global de la partida regional en 4,8%, pero los gobernadores sostienen que la disminución efectiva de los recursos disponibles para inversión puede superar ampliamente ese porcentaje. Tras una tensa reunión con el ministro Jorge Quiroz, las autoridades regionales advierten efectos sobre empleo, vivienda, salud e infraestructura y acusan un retroceso en el proceso de descentralización.

El Presupuesto 2027 comenzó a encontrar una resistencia que ya no proviene solamente de organizaciones afectadas por programas específicos ni de parlamentarios de oposición.

Ahora son los propios gobiernos regionales los que han abierto uno de los primeros conflictos territoriales de la discusión presupuestaria.

Los gobernadores de distintas regiones se reunieron durante más de tres horas con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para discutir los recursos contemplados en la partida 31, correspondiente al financiamiento regional.

El encuentro fue descrito por los propios participantes como “duro”, “intenso” y “tenso”.

El motivo es una discrepancia que parece inicialmente contable, pero que puede tener consecuencias políticas bastante mayores: cuánto disminuyen realmente los recursos que tendrán las regiones durante 2027.

Hacienda dice 4,8%

El desglose presentado por la Dirección de Presupuestos en el Informe de Finanzas Públicas permite establecer una primera cifra.

El financiamiento de los gobiernos regionales pasa desde aproximadamente $1,894 billones en 2026 a $1,804 billones en 2027.

La diferencia alcanza $90.884 millones menos, equivalentes a una caída real de 4,8%.

En términos absolutos, los gobiernos regionales constituyen la partida que registra la mayor disminución de recursos de todo el proyecto de Presupuesto.

La cifra, sin embargo, es cuestionada por los gobernadores.

No necesariamente porque consideren incorrecta la aritmética de Hacienda, sino porque sostienen que se están comparando cantidades construidas de manera diferente.

“Comparar peras con manzanas”

El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, ha explicado con particular claridad el problema.

Según la autoridad regional, Hacienda incorporó dentro de la base utilizada para calcular el Presupuesto 2027 ingresos propios que durante 2026 no aparecían inicialmente incorporados de la misma manera, entre ellos recursos provenientes de casinos de juego y patentes acuícolas y mineras.

A eso se suma una diferencia respecto de la inflación utilizada para actualizar los montos.

Los gobernadores sostienen que el presupuesto 2026 debería reajustarse considerando aproximadamente 4% de inflación, mientras Hacienda habría trabajado con una cifra de 2,8%.

Por eso Flies sostiene que se están comparando “peras con manzanas”.

En Magallanes la diferencia permite observar la magnitud del problema.

La apertura presupuestaria regional pasa aproximadamente desde $90 mil millones en 2026 hasta $84 mil millones en 2027.

Pero si los recursos de 2026 se reajustan por inflación, la base comparable alcanzaría aproximadamente $94 mil millones.

Según ese cálculo, la reducción efectiva se acercaría al 10%.

Flies cifra en $6.785 millones la disminución directa contemplada para Magallanes.

Valparaíso calcula más de $15 mil millones menos

Una discusión semejante ocurre en Valparaíso.

El gobernador Rodrigo Mundaca sostiene que, al considerar conjuntamente gasto corriente e inversión, la reducción supera el 15%.

Eso significaría más de $15 mil millones menos para la región.

Mundaca ha advertido que esos recursos financian inversiones que van desde construcción de viviendas y Cesfam hasta pavimentaciones, polideportivos y compra de ambulancias.

“Es una mala noticia para Chile, es una mala noticia para la descentralización, es una mala noticia para los territorios”, señaló al conocer la partida.

En Biobío, en tanto, el gobernador Sergio Giacaman ha estimado una disminución cercana al 10% de los recursos para inversión cuando se utiliza una base comparable con 2026.

La situación no afecta por igual a las dieciséis regiones.

Según los antecedentes discutidos con Hacienda, once gobiernos regionales enfrentarían disminuciones.

Pero la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, ha estimado que, si se consideran los diferentes componentes que conforman los presupuestos regionales, el impacto total podría ser considerablemente superior a los $90.884 millones que muestra la comparación agregada de Dipres.

La pelea por los terrenos fiscales

Existe además otro cambio menos visible que puede convertirse en una fuente importante de conflicto.

Actualmente, cuando el Estado vende un inmueble fiscal, 65% del dinero obtenido queda en el gobierno regional correspondiente, 10% se destina al Ministerio de Bienes Nacionales y 25% ingresa al Fisco.

El artículo 13 del proyecto de Presupuesto 2027 modifica radicalmente esa distribución.

La propuesta establece que solamente 35% quede en la región y 65% vaya directamente al Fisco.

Bienes Nacionales dejaría de recibir su actual 10%.

Para las regiones significa perder 30 puntos porcentuales de participación en esos ingresos.

El impacto será diferente según el territorio, porque depende de la cantidad y valor de los inmuebles fiscales vendidos.

Pero puede resultar especialmente significativo en regiones donde el Estado posee grandes extensiones de terrenos, particularmente en el norte del país.

Aquí la discusión deja de ser exclusivamente presupuestaria.

Comienza a tocar directamente la distribución territorial de los recursos del Estado.

El argumento del empleo

Los gobernadores han encontrado además un punto especialmente sensible para cuestionar el ajuste.

El desempleo nacional alcanza actualmente 9,6%, mientras el propio Gobierno ha reconocido que la economía se encuentra más debilitada de lo que esperaba.

El ministro Quiroz ha señalado incluso que el deterioro, particularmente en minería, resultó mayor al previsto inicialmente.

El Ejecutivo respondió a ese escenario con el programa Chile Despega con Pega, destinado a acelerar inversiones y contribuir a la creación de más de 100 mil empleos.

Los gobernadores plantean una aparente contradicción.

Si el objetivo es reactivar la economía y generar empleo, sostienen, reducir la capacidad de inversión regional puede actuar precisamente en la dirección contraria.

“Si queremos empleo, hay que darle plata a las regiones”, resumieron las autoridades tras la reunión con Hacienda.

El argumento tiene una dimensión práctica.

Buena parte de los recursos regionales se transforma directamente en inversión: caminos, pavimentación, infraestructura sanitaria, centros de salud, espacios públicos, equipamiento municipal, vivienda y proyectos ejecutados por empresas locales.

No todo gasto regional genera automáticamente empleo ni toda inversión regional es necesariamente eficiente.

Pero una disminución importante de la inversión pública territorial puede tener efectos sobre economías locales que ya muestran dificultades.

Coquimbo: 8,6% menos para inversión

Coquimbo permite observar otro ejemplo.

Según los antecedentes conocidos después de la reunión con Hacienda, los recursos destinados específicamente a inversión regional disminuirían alrededor de 8,6%.

Las autoridades regionales advierten que eso obligaría a postergar proyectos o disminuir nuevas iniciativas.

Y esa es precisamente una de las diferencias entre observar solamente la cifra agregada de la partida 31 y estudiar lo que ocurre dentro de cada región.

Un presupuesto regional financia gastos administrativos, pero también transferencias e inversiones.

La pregunta fundamental para los territorios no es solamente cuánto disminuye el presupuesto total.

Es qué obras dejarán de ejecutarse.

El Gobierno también tiene argumentos

Hacienda sostiene que el Presupuesto 2027 debe analizarse dentro de un escenario de restricción fiscal y que la distribución de recursos considera también los niveles de ejecución de los gobiernos regionales.

El Ejecutivo ha insistido desde la presentación del proyecto en que busca mejorar la eficiencia del gasto público y concentrar recursos en programas capaces de ejecutarlos adecuadamente.

La discusión sobre ejecución regional no es nueva.

Durante años distintos gobiernos han cuestionado que algunos GORE acumulen recursos sin conseguir gastarlos dentro del ejercicio presupuestario.

Desde esa perspectiva, Hacienda puede argumentar que asignar recursos que después no se ejecutan tampoco contribuye a generar inversión ni empleo.

Los gobernadores responden que parte de los problemas de ejecución proviene precisamente de los procedimientos administrativos, las autorizaciones centrales y el sistema de remesas mediante el cual Hacienda libera recursos durante el año.

Por eso han pedido también mayor autonomía y acceso más expedito a los fondos aprobados.

Una discusión sobre descentralización

Debajo de las cifras aparece así una discusión política bastante más antigua.

Chile comenzó hace pocos años a elegir democráticamente a sus gobernadores regionales.

Pero la descentralización política no ha avanzado al mismo ritmo que la descentralización fiscal.

Los gobiernos regionales siguen dependiendo en buena medida de decisiones tomadas por el Gobierno central respecto de sus recursos, transferencias y capacidad de ejecución.

El Presupuesto 2027 vuelve a poner esa tensión sobre la mesa.

Si disminuyen los recursos de inversión regional y simultáneamente aumenta la proporción de los ingresos por venta de terrenos fiscales que queda en manos del Fisco central, los gobernadores pueden argumentar que el ajuste no solamente reduce gasto.

También redistribuye capacidad financiera desde las regiones hacia Santiago.

Esa afirmación tendrá que ser examinada durante la discusión parlamentaria.

Pero el conflicto ya está instalado.

El primer frente territorial del Presupuesto

Hasta ahora, buena parte de la discusión sobre el Presupuesto 2027 se había concentrado en programas específicos.

La reducción del programa asociado a la Ley Cholito, el cierre de PRODEMU, la eliminación de Yo Elijo Mi PC, los recortes en Cultura y las modificaciones dentro de Medio Ambiente y Energía han ido revelando las prioridades del primer presupuesto elaborado íntegramente por el Gobierno de José Antonio Kast.

El conflicto con los gobiernos regionales agrega una dimensión diferente.

Ya no se trata solamente de decidir qué programas financia el Estado.

También comienza a discutirse desde dónde se decide y en qué territorios se gastan los recursos públicos.

Hacienda tiene razones fiscales para contener el gasto.

Los gobernadores tienen razones territoriales para exigir inversión.

El Congreso deberá resolver una parte importante de esa disputa durante las próximas semanas.

Pero en un país que intenta simultáneamente reducir el déficit, combatir un desempleo de 9,6% y profundizar un proceso de descentralización todavía incompleto, la pregunta difícilmente podrá reducirse a determinar si el recorte regional es de 4,8%, 7%, 10% o 15%.

La cuestión de fondo es otra:

¿puede el Estado reactivar la economía de las regiones reduciendo al mismo tiempo la capacidad de inversión de sus gobiernos regionales?