Trabajadores, estudiantes y pobladores se unen contra los recortes mientras el Presupuesto 2027 enfrenta rechazos en el Congreso
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La CUT, la Confech, la Red Nacional de Centros de Estudiantes y el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores acordaron fortalecer su coordinación territorial y preparar una agenda de movilizaciones frente al proyecto presupuestario del Gobierno de José Antonio Kast. La articulación coincide con el rechazo parlamentario a partidas de educación y ciencia, y con cuestionamientos a las reducciones de recursos para vivienda, salud y gobiernos regionales.
La discusión del Presupuesto 2027 comienza a trascender los debates parlamentarios. Mientras el Gobierno enfrenta rechazos a distintas partidas en las subcomisiones mixtas del Congreso, organizaciones sindicales, estudiantiles y de pobladores avanzan en la construcción de una coordinación nacional para enfrentar los recortes y sus posibles consecuencias sobre los derechos sociales, el empleo y las condiciones de vida de la población.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace) y el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores acordaron fortalecer el denominado Frente Común, una articulación que busca coordinar acciones territoriales y desarrollar una agenda de movilización que se prolongue durante 2027.
El acuerdo fue informado este lunes 26 de octubre, después de una nueva reunión de las organizaciones.
El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, explicó que el objetivo es construir una coordinación permanente, con presencia provincial y comunal, capaz de reunir las demandas de distintos sectores sociales.
El dirigente sostuvo que el Frente Común ya forma parte del debate nacional y anunció un calendario de reuniones y actividades, junto con la apertura del espacio a otras organizaciones interesadas en incorporarse.
La iniciativa tiene una característica relevante: reúne a sectores cuyas demandas suelen expresarse separadamente. Los trabajadores enfrentan la incertidumbre laboral y los ajustes en el sector público; los estudiantes cuestionan los recortes educacionales; y las organizaciones de pobladores advierten sobre la reducción de los recursos destinados a vivienda y desarrollo urbano.
La coincidencia de esas preocupaciones está dando lugar a una respuesta compartida frente a la orientación del proyecto presupuestario.
La respuesta social comienza a organizarse
Las organizaciones del Frente Común sostienen que el Presupuesto 2027 debe examinarse por sus efectos concretos sobre las familias y no únicamente por las metas de equilibrio fiscal presentadas por el Ejecutivo.
La CUT ha advertido sobre las posibles consecuencias de los recortes en el empleo público y en los servicios que dependen del financiamiento estatal.
Para el movimiento estudiantil, las preocupaciones incluyen la educación pública, las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y las modificaciones a programas de apoyo a los estudiantes.
En tanto, las organizaciones de pobladores han puesto el acento en los subsidios habitacionales, los programas de recuperación de barrios y las dificultades de acceso a la vivienda.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, planteó la necesidad de construir una agenda común que permita articular las distintas demandas.
El Frente Común acordó avanzar en el fortalecimiento de las coordinaciones territoriales y proyectar su trabajo más allá de las movilizaciones que puedan realizarse durante los próximos meses.
No existe todavía una convocatoria nacional unificada ni antecedentes suficientes para afirmar que se ha constituido un movimiento social de gran escala. Sin embargo, el acuerdo representa un paso organizativo que busca superar la fragmentación de las respuestas sectoriales.
El Congreso rechaza recortes en educación y ciencia
La formación del Frente Común se suma a las dificultades que enfrenta el Gobierno para obtener la aprobación de determinadas partidas del Presupuesto 2027.
Uno de los principales conflictos se produjo en Educación, donde la Cuarta Subcomisión Mixta rechazó los 71 capítulos correspondientes a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la Dirección de Educación Pública.
La decisión respondió, entre otras razones, a los cuestionamientos por la postergación de la entrada en funcionamiento de nuevos servicios locales y la reducción de horas docentes.
La diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista, advirtió que las modificaciones podrían significar la pérdida de puestos de trabajo para alrededor de 1.800 profesores.
La propuesta del Ejecutivo contempla financiar la entrada en funcionamiento de seis de los once servicios locales previstos para 2027, postergando los restantes.
El rechazo parlamentario también alcanzó al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
La partida contemplaba una reducción de 6,4%, equivalente a más de $37.000 millones respecto del presupuesto anterior. Durante su discusión, representantes del mundo académico y universitario cuestionaron las consecuencias de las rebajas para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
La votación reflejó que las objeciones no procedían exclusivamente de la oposición. El senador Sergio Gahona, de la UDI, se abstuvo después de expresar reparos a las explicaciones entregadas por el Ejecutivo sobre determinadas reducciones.
Estos rechazos no significan que las partidas hayan sido eliminadas definitivamente. El proyecto debe continuar su tramitación y las diferencias pueden resolverse mediante nuevas negociaciones y votaciones.
Vivienda: menos subsidios y recursos para barrios
La situación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo constituye otro foco de controversia.
La subcomisión correspondiente postergó la votación de la partida ante las críticas por las reducciones previstas en distintos programas habitacionales.
Uno de los puntos cuestionados es el subsidio DS49, destinado a facilitar el acceso a la vivienda de familias vulnerables.
El proyecto contempla una meta de 25.000 subsidios, lo que representa una disminución de 15.000 respecto de la meta establecida en el presupuesto anterior.
También se ha informado una reducción de 16% en los recursos para subsidios de arriendo y de 48,5% en los destinados a campamentos, junto con rebajas en programas de recuperación de barrios y pequeñas localidades.
Durante el debate parlamentario, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó especialmente la disminución de recursos para el Serviu de la Región Metropolitana, considerando la elevada demanda habitacional de Santiago y sus comunas periféricas.
Desde el oficialismo también surgieron observaciones. El senador republicano Renzo Trisotti reconoció la necesidad de mejorar la propuesta presupuestaria antes de someterla a votación.
La discusión resulta particularmente relevante para las organizaciones de pobladores que integran el Frente Común, porque afecta programas directamente vinculados con sus principales reivindicaciones.
Salud y regiones: nuevas controversias
El debate se extiende a otras áreas del gasto público.
Aunque el presupuesto global de Salud contempla un aumento de 4,7%, equivalente a unos $830.000 millones, parlamentarios han formulado reparos al financiamiento de la atención primaria y a las reducciones de recursos para programas específicos.
Entre ellos figuran la Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos de alto costo, y el Plan Nacional de Inmunización.
La discusión evidencia que un incremento del presupuesto total de un ministerio puede coexistir con disminuciones en programas determinados.
En el ámbito regional, la propuesta del Ejecutivo contempla una reducción de aproximadamente $250.000 millones para los gobiernos regionales.
La Cuarta Subcomisión Mixta acordó postergar la votación para permitir nuevas conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y los gobernadores.
La disminución propuesta ha generado preocupación por sus eventuales efectos sobre la inversión pública, las obras de infraestructura y la actividad económica en regiones.
Las diferencias sobre la política fiscal
El Gobierno ha defendido el Presupuesto 2027 como una propuesta de responsabilidad fiscal, reasignación de recursos y priorización del gasto público.
Desde Hacienda se sostiene que los ajustes buscan mejorar la eficiencia de programas estatales y compatibilizar las necesidades sociales con las restricciones de las finanzas públicas.
El Ejecutivo también ha manifestado confianza en que los rechazos registrados durante la discusión inicial podrán revertirse mediante acuerdos parlamentarios.
La oposición, en cambio, cuestiona que el ajuste se concentre en áreas sensibles para la población y exige que las rebajas sean revisadas antes de aprobar determinadas disposiciones presupuestarias.
La senadora Yasna Provoste, presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta, ha planteado que las prioridades deben ser la generación de empleo y la reactivación económica mediante una mayor inversión pública.
También ha cuestionado la solicitud de endeudamiento contemplada en el proyecto, argumentando que debe examinarse junto con las reducciones de recursos para programas sociales.
El senador oficialista Javier Macaya, presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, ha defendido la orientación fiscal del Ejecutivo y señalado que existe disposición a revisar algunas partidas durante el trámite legislativo.
Por tanto, las diferencias no se limitan a la magnitud total del gasto. También comprenden la distribución de los recursos, las prioridades del Estado y los efectos de las decisiones presupuestarias sobre distintos sectores de la sociedad.
Una convergencia entre la oposición parlamentaria y las organizaciones sociales
La aparición del Frente Común introduce un elemento nuevo en este escenario.
Hasta ahora, buena parte de la discusión presupuestaria se había desarrollado mediante negociaciones entre el Gobierno, los parlamentarios, los ministerios y las organizaciones directamente afectadas por determinadas partidas.
La coordinación de trabajadores, estudiantes y pobladores busca conectar esas controversias y transformarlas en una agenda compartida.
Por una parte, el Congreso ha expresado reparos concretos a distintas asignaciones presupuestarias. Por otra, las organizaciones sociales comienzan a coordinarse para intervenir en el debate desde los territorios.
No existe evidencia de una conducción conjunta entre ambos espacios ni de que los rechazos parlamentarios sean consecuencia directa de la movilización social. Sin embargo, ambos procesos muestran que las decisiones presupuestarias están encontrando resistencias en diferentes ámbitos.
El desarrollo de esta articulación dependerá de su capacidad para ampliar la participación, sostener acuerdos entre organizaciones y traducir sus planteamientos en demandas concretas.
También será decisivo el resultado de las negociaciones parlamentarias. El Gobierno todavía dispone de instancias para modificar su propuesta y buscar acuerdos que permitan aprobar el Presupuesto 2027.
Mientras tanto, la formación del Frente Común muestra que la discusión sobre los recursos públicos ha comenzado a convertirse también en una discusión sobre la organización social y la defensa de derechos.
El alcance de esa convergencia se conocerá durante las próximas semanas, cuando el Congreso avance hacia las votaciones decisivas y las organizaciones definan sus primeras acciones conjuntas.
Redacción del Clarín
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