Periodistas chilenos llaman a romper el cerco mediático sobre Cuba ante nueva votación en la ONU
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La Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba «Diana Arón» denunció las consecuencias económicas, sanitarias y sociales del bloqueo estadounidense contra la isla y convocó a los medios independientes a informar sobre sus efectos. La declaración se conoce en vísperas de una nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en un contexto de incertidumbre sobre la posición que adoptará Chile.
La Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba «Diana Arón» hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, comunitarios y alternativos a romper lo que denomina un cerco informativo sobre las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
La organización difundió una declaración pública en vísperas de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas de una nueva resolución que exige el término de las sanciones estadounidenses, una iniciativa que durante décadas ha recibido un amplio respaldo internacional.
Bajo el título «Romper el cerco mediático para denunciar el asedio criminal contra el pueblo de Cuba», la red sostiene que el periodismo tiene la responsabilidad de informar con rigor sobre los efectos del bloqueo, particularmente en las condiciones de vida de la población cubana.
La declaración adquiere especial relevancia en Chile, donde la votación vuelve a plantear interrogantes sobre la continuidad de una política exterior que históricamente ha rechazado el bloqueo, bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas.
Una eventual abstención del Gobierno de José Antonio Kast representaría un cambio respecto de esa tradición diplomática, aunque su significado político dependerá también de las explicaciones oficiales y del contexto de la votación.
El papel del periodismo frente al bloqueo
La Red «Diana Arón» cuestiona el tratamiento que los grandes medios de comunicación otorgan a las sanciones estadounidenses y sostiene que sus consecuencias humanitarias suelen quedar relegadas frente a las controversias políticas sobre el Gobierno cubano.
En su declaración afirma que el papel del periodismo no consiste en complacer al poder, sino en proporcionar información rigurosa, veraz y contextualizada históricamente.
La organización critica especialmente el uso de la expresión «embargo bilateral», que considera insuficiente para describir una política con efectos sobre las relaciones financieras y comerciales de Cuba con terceros países.
En ese sentido, sostiene que las sanciones constituyen una forma de presión económica de alcance extraterritorial y denuncia que su impacto sobre la población civil no recibe la atención informativa que merece.
La red convoca a medios populares, comunitarios, cooperativos, universitarios y creadores de contenido a investigar las consecuencias de estas restricciones y ampliar la cobertura sobre la realidad económica y social de la isla.
El llamado no se limita a reproducir posiciones oficiales cubanas, sino que plantea la necesidad de examinar las consecuencias materiales de las sanciones, particularmente en sectores sensibles como la salud pública, la alimentación y el abastecimiento energético.
Pérdidas económicas y restricciones financieras
La declaración incorpora cifras del informe oficial presentado por Cuba ante Naciones Unidas sobre los efectos del bloqueo.
Según esos antecedentes, los perjuicios económicos atribuidos a las sanciones estadounidenses entre marzo de 2025 y febrero de 2026 alcanzaron los 8.083,3 millones de dólares, mientras que las pérdidas acumuladas durante más de seis décadas superarían los 178.700 millones de dólares a precios corrientes.
El documento también recoge una estimación del Gobierno cubano según la cual, en ausencia de esas restricciones, el producto interno bruto de la isla habría registrado un crecimiento adicional de 10,8%.
Se trata de estimaciones oficiales cubanas que la red utiliza para dimensionar el impacto económico del bloqueo y que no deben confundirse con mediciones independientes de todos los factores que explican la situación económica del país.
La organización destaca asimismo las consecuencias de la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.
Según la declaración, esa clasificación dificulta las relaciones con bancos internacionales y restringe el acceso a financiamiento, operaciones comerciales y créditos destinados a la adquisición de bienes esenciales.
Las dificultades financieras se suman a los problemas estructurales de la economía cubana y a las limitaciones de su capacidad productiva, configurando un escenario especialmente complejo para la población.
Las consecuencias sobre la salud pública
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento se refiere al impacto de las sanciones en el sistema sanitario.
La Red «Diana Arón» sostiene, sobre la base de antecedentes oficiales cubanos, que las restricciones han ocasionado pérdidas anuales superiores a 367 millones de dólares en el sector salud.
El documento señala que más de 100.000 pacientes se encuentran en listas de espera quirúrgica, entre ellos más de 12.000 niños y niñas, y atribuye parte importante de estas dificultades a los obstáculos para adquirir medicamentos, anestésicos, prótesis, catéteres y equipamiento médico.
También advierte sobre problemas de acceso a tratamientos oncológicos pediátricos. La declaración cita cifras según las cuales la sobrevida en determinadas leucemias infantiles habría disminuido del 85% al 65%, una evolución que la organización vincula con las dificultades para obtener medicamentos especializados.
Estas cifras corresponden a los antecedentes presentados por la organización y requieren considerar las condiciones específicas de los tratamientos, la disponibilidad de recursos sanitarios y otros factores que inciden en los resultados clínicos.
La declaración aborda además los problemas de abastecimiento de combustible y sus consecuencias sobre la generación eléctrica.
Los cortes de energía, señala, afectan el funcionamiento de hospitales y establecimientos de salud, particularmente aquellos que dependen de equipos de soporte vital y tecnología médica de alta complejidad.
Una política de presión con antecedentes históricos
La organización recuerda que la estrategia estadounidense de presión económica sobre Cuba tiene antecedentes documentados desde los primeros años posteriores a la Revolución de 1959.
En particular, cita un memorándum del funcionario estadounidense Lester Mallory, fechado el 6 de abril de 1960, en el que se planteaba que las dificultades económicas podían contribuir a debilitar el respaldo popular al Gobierno cubano.
Para la red, ese antecedente demuestra que las privaciones económicas de la población no constituyen únicamente consecuencias indirectas de una disputa diplomática, sino que han formado parte de los objetivos históricos de la política estadounidense hacia la isla.
La organización califica esas medidas como una forma de castigo colectivo y sostiene que vulneran principios de soberanía, autodeterminación y derechos humanos.
Chile ante una definición diplomática
La declaración se conoce cuando la Asamblea General de Naciones Unidas se dispone a pronunciarse nuevamente sobre el bloqueo.
Chile ha respaldado históricamente las resoluciones que exigen su término, una posición mantenida por administraciones de distintas orientaciones políticas.
En ese contexto, una eventual abstención del Gobierno de Kast adquiriría un significado que trasciende el voto particular.
Aunque abstenerse no equivale jurídicamente a respaldar las sanciones estadounidenses, sí implicaría abandonar la posición tradicional de rechazo explícito al bloqueo y podría interpretarse como una señal de acercamiento diplomático a Washington.
La discusión también obliga a distinguir dos cuestiones que frecuentemente aparecen mezcladas en el debate público: la evaluación política del Gobierno cubano y el rechazo a medidas económicas que afectan a la población de la isla.
La oposición al bloqueo no supone necesariamente respaldar el sistema político cubano ni desconocer los cuestionamientos existentes sobre libertades y derechos fundamentales en ese país.
Para la Red «Diana Arón», sin embargo, el punto inmediato es la necesidad de denunciar las consecuencias humanitarias de las sanciones y exigir su término.
La organización concluye convocando a los trabajadores de la comunicación a informar sobre la situación cubana y a contribuir a un debate público basado en antecedentes históricos y datos verificables.
La votación de Naciones Unidas ofrecerá ahora una oportunidad para conocer si Chile mantiene su posición diplomática de las últimas décadas o introduce un cambio en su relación con Cuba y Estados Unidos.
Mientras tanto, la red de periodistas insiste en que la situación de la población cubana no debe quedar subordinada a las disputas geopolíticas ni desaparecer de la agenda informativa internacional
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