Bernardo Fontaine llega a Codelco en medio de cuestionamientos por deuda, producción y temores de privatización
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El gobierno de José Antonio Kast confirmó el nombramiento del economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, en reemplazo de Máximo Pacheco. La designación ocurre en uno de los momentos más complejos para la cuprífera estatal en la última década, marcado por problemas de producción, aumento de deuda y crecientes controversias internas.
La llegada de Fontaine no ha pasado inadvertida. Economista, empresario y exconvencional constituyente, su trayectoria pública ha estado estrechamente ligada al mundo empresarial, a la oposición de reformas tributarias y previsionales y a posiciones económicas favorables a una reducción del tamaño del Estado.
Aunque formalmente independiente, Fontaine ha mantenido cercanía política e ideológica con sectores de derecha y particularmente con el entorno de Kast. Durante la campaña presidencial y el diseño del programa económico del actual gobierno, participó activamente en la defensa de la denominada “megarreforma”, especialmente en la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%, minimizando el impacto fiscal que esa reducción tendría sobre los ingresos del Estado.
Su perfil genera inquietud en sectores sindicales y de oposición debido a su larga trayectoria como asesor y director de empresas privadas. Fontaine ha participado en numerosos directorios empresariales y ha defendido públicamente posiciones favorables a una mayor apertura al mercado en áreas estratégicas.
Su paso por la Convención Constitucional también fue polémico. Durante el proceso constituyente se transformó en una de las voces más visibles del bloque conservador y empresarial, oponiéndose a normas vinculadas al fortalecimiento del rol estatal en derechos sociales, recursos naturales y seguridad social. Esa trayectoria política explica parte de las críticas que hoy resurgen tras su llegada a la principal empresa pública del país.
El nombramiento además ocurre en medio de crecientes dudas sobre la situación interna de Codelco. En las últimas semanas se conocieron auditorías preliminares que detectaron inconsistencias en reportes de producción correspondientes a 2025, particularmente en la división Chuquicamata.
Informes internos apuntan a que cerca de 20 mil toneladas de cobre habrían sido contabilizadas sin cumplir completamente las especificaciones técnicas requeridas. La controversia es sensible porque diciembre de 2025 había sido presentado por la administración anterior como un mes récord de producción, permitiendo mostrar que la estatal cumplía metas anuales que venían siendo difíciles de alcanzar.
Ahora, las investigaciones abren interrogantes sobre la magnitud real de esa recuperación productiva y sobre los mecanismos de control interno de la empresa.
El propio gobierno anunció que el nuevo directorio encabezado por Fontaine tendrá como una de sus primeras tareas impulsar auditorías externas e investigaciones internas sobre las cifras productivas y financieras de la compañía.
La situación financiera de Codelco también aparece bajo fuerte presión. Aunque la estatal informó utilidades por más de 2.400 millones de dólares y un EBITDA superior a 6.600 millones en 2025, la empresa enfrenta una deuda acumulada que supera los 25 mil millones de dólares, asociada principalmente al financiamiento de proyectos estructurales y a años de caída productiva.
El problema de fondo es estructural. La producción propia de Codelco viene disminuyendo desde hace más de una década debido al envejecimiento de los yacimientos, menores leyes del mineral y retrasos en proyectos estratégicos de modernización.
Pese a los intentos de recuperación exhibidos durante el último año, los niveles actuales de producción siguen muy por debajo de los registros históricos que alguna vez consolidaron a la empresa como el principal sostén fiscal del país.
La estatal apuesta a recuperar hacia fines de la década una producción cercana a 1,7 millones de toneladas, pero enfrenta crecientes costos operacionales y enormes necesidades de inversión para mantener competitividad en un mercado internacional cada vez más exigente.
En ese escenario, el arribo de Fontaine encendió alertas políticas y sindicales respecto del futuro de la compañía. Sectores opositores y organizaciones de trabajadores temen que el nuevo directorio impulse una orientación más favorable a asociaciones privadas, venta de activos o mecanismos graduales de apertura al capital privado.
Las sospechas no son casuales. Fontaine representa una visión económica que históricamente ha defendido una mayor participación del sector privado en áreas estratégicas y una lógica de gestión más cercana a criterios empresariales tradicionales que al rol histórico de empresa estatal que ha tenido Codelco.
Para el gobierno, en cambio, el nuevo presidente del directorio representa un perfil orientado al control financiero, la disciplina presupuestaria y la modernización corporativa. La Moneda sostiene que la prioridad será recuperar la credibilidad de las cifras productivas y estabilizar financieramente la minera.
Sin embargo, la discusión sobre Codelco trasciende ampliamente lo técnico. La empresa no sólo es la principal productora mundial de cobre: representa uno de los pilares históricos del financiamiento estatal y uno de los símbolos más relevantes de soberanía económica desde la nacionalización del cobre impulsada durante el gobierno de Salvador Allende.
Por eso, el nombramiento de Bernardo Fontaine no aparece simplemente como un cambio administrativo. Para amplios sectores políticos y sociales constituye también una señal sobre el tipo de relación que el gobierno de Kast pretende establecer entre el Estado, los recursos estratégicos y el gran empresariado en una de las compañías más importantes del país.
Simón del Valle
Fuentes: Reuters, El País, The Clinic, BioBioChile, Diario Financiero, La Tercera, El Mostrador, Emol, CNN Chile
