Los muertos de la política migratoria: las denuncias por abusos del ICE ponen a Trump bajo creciente presión internacional
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Las imágenes de redadas masivas, agentes encapuchados y familias separadas ya habían convertido a la política migratoria de Donald Trump en uno de los temas más controvertidos de su segundo mandato. Sin embargo, durante las últimas semanas el debate ha adquirido una dimensión mucho más grave. Ya no se trata únicamente de deportaciones aceleradas o detenciones indiscriminadas. Ahora son las muertes de migrantes y las denuncias sistemáticas de violencia las que comienzan a instalar una pregunta de mayor alcance: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado estadounidense en la aplicación de su nueva política migratoria?
Diversos reportajes publicados por El País, junto con investigaciones de organizaciones de derechos civiles y medios estadounidenses, describen un escenario de creciente militarización de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde el uso de la fuerza aparece cada vez con mayor frecuencia como parte habitual de las detenciones.
Un patrón que deja de parecer excepcional
El detonante más reciente fue la publicación de un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU), que documenta más de 1.200 incidentes ocurridos durante 2025 relacionados con actuaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza.
El informe sostiene que el uso de fuerza dejó de ser excepcional para convertirse en una práctica recurrente. Entre los casos recopilados aparecen personas inmovilizadas mediante llaves de estrangulamiento, presión sobre el cuello y la espalda, utilización de gases químicos irritantes, granadas aturdidoras, armas menos letales y amenazas constantes durante las redadas. Según la investigación, al menos 432 procedimientos presentaron conductas consideradas abusivas y 375 involucraron el uso efectivo o la amenaza de fuerza física.
Los testimonios recopilados describen operativos realizados en viviendas, lugares de trabajo y espacios públicos donde incluso menores de edad habrían sido esposados durante las intervenciones.
Diecisiete mexicanos muertos
La dimensión más dramática del conflicto aparece en las cifras entregadas por el gobierno mexicano.
Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, 17 ciudadanos mexicanos han muerto durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En respuesta, México presentó 20 denuncias penales ante tribunales estadounidenses y anunció además gestiones ante organismos internacionales de derechos humanos, elevando el conflicto desde el plano diplomático hacia el ámbito judicial.
Uno de los casos que más conmoción provocó fue el de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano residente desde hace años en Houston.
Inicialmente las autoridades estadounidenses afirmaron que el hombre había embestido un vehículo policial durante un operativo. Sin embargo, una declaración posterior del fiscal federal eliminó esa afirmación y reconoció que los agentes buscaban en realidad a otras personas que viajaban en una camioneta similar. La familia sostiene que Lorenzo nunca representó una amenaza y que fue víctima de un grave error operativo.
Cuatro muertes en una semana
Las denuncias no afectan únicamente a ciudadanos mexicanos.
Durante una sola semana de julio murieron cuatro migrantes vinculados a actuaciones del ICE: un mexicano abatido en Texas, un colombiano muerto por disparos en Maine, un venezolano fallecido bajo custodia y un hondureño atropellado mientras intentaba escapar de un operativo migratorio.
Los episodios han generado protestas en distintas ciudades estadounidenses y reactivado las críticas hacia una agencia cuya expansión ha sido una de las prioridades políticas de Trump.
El crecimiento del ICE
La nueva administración ha impulsado una expansión sin precedentes del aparato migratorio.
El Congreso aprobó un presupuesto extraordinario destinado a reforzar las operaciones del ICE, ampliar centros de detención y contratar miles de nuevos agentes. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles sostienen que el aumento del personal no ha ido acompañado de controles equivalentes, mejores protocolos ni mecanismos eficaces de supervisión.
Entre las principales críticas aparece la ausencia generalizada de cámaras corporales, la escasa rendición de cuentas frente a denuncias por violencia y las presiones internas para cumplir cuotas diarias de detenciones.
La inmigración como escenario político
La política migratoria ocupa hoy un lugar central dentro del proyecto político de Donald Trump.
La Casa Blanca presenta las redadas masivas como una respuesta al crimen organizado, al tráfico de personas y a la inmigración irregular. Para sus partidarios, el endurecimiento representa el cumplimiento de una de las principales promesas electorales del presidente.
Pero las organizaciones humanitarias observan un fenómeno distinto.
Sostienen que la presión política por aumentar las detenciones estaría generando operativos cada vez más agresivos, errores de identificación, uso desproporcionado de la fuerza y condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Una imagen internacional cada vez más deteriorada
La ofensiva migratoria comienza además a tener consecuencias diplomáticas.
México, principal socio comercial de Estados Unidos y origen de la mayor comunidad migrante del país, ha decidido judicializar los casos de sus ciudadanos fallecidos. La decisión marca un cambio significativo respecto de etapas anteriores, cuando las controversias solían manejarse mediante canales exclusivamente diplomáticos.
Mientras Washington busca proyectar liderazgo internacional en materias como seguridad, comercio y competencia tecnológica, las imágenes de migrantes muertos, denuncias por estrangulamientos y relatos de violencia durante las redadas amenazan con erosionar su autoridad moral en materia de derechos humanos.
La paradoja resulta evidente. Estados Unidos continúa presentándose como referente mundial en la defensa de las libertades democráticas, mientras enfrenta crecientes cuestionamientos por el tratamiento que reciben miles de personas bajo custodia de una de sus principales agencias federales.
Para la administración Trump, el endurecimiento migratorio constituye una señal de fortaleza política. Para sus críticos, en cambio, las muertes y las denuncias acumuladas indican que la frontera entre el control migratorio y la vulneración sistemática de derechos fundamentales comienza a volverse peligrosamente difusa.
Félix Montano
Fuentes: El País, AP News, The Guardian, La Jornada.
