“No se compensa y se acabó”: la frase de Quiroz que revela una forma de ejercer el poder
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La respuesta del ministro de Hacienda a los alcaldes que cuestionan la megarreforma no fue solamente una expresión de molestia. Al presentar la compensación municipal como una concesión que el Gobierno puede entregar o retirar, Jorge Quiroz dejó al descubierto una concepción centralista del Estado, una escasa tolerancia al cuestionamiento territorial y la seguridad de quien sabe que su proyecto económico dispone de respaldos mucho más poderosos que los municipios afectados.
“Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”.
La frase pronunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, podría ser archivada como uno más de esos exabruptos que periódicamente revelan la tensión acumulada durante la tramitación de una ley. Un ministro apurado, una reforma detenida a pocos metros de la meta y un grupo de alcaldes que insiste en discutir una fórmula que el Gobierno considera resuelta.
Pero la frase contiene algo más profundo.
No es solo irritación. No es únicamente soberbia personal. Tampoco puede reducirse a una mala respuesta comunicacional.
Es la expresión condensada de una determinada concepción del poder.
Quiroz no respondió al argumento de los alcaldes. Tomás Vodanovic, Karina Delfino y otros jefes comunales no habían pedido que se eliminara la compensación. Lo que cuestionaron fue la manera en que se distribuirían los recursos públicos destinados a sustituir los ingresos perdidos por la exención de contribuciones.
Su objeción era concreta: utilizar impuestos generales para reponer íntegramente lo que dejarán de recaudar comunas con patrimonios inmobiliarios excepcionalmente altos puede profundizar las desigualdades territoriales.
Karina Delfino puso cifras a esa diferencia. Según la alcaldesa de Quinta Normal, Las Condes recibiría más de $13 mil millones, Quinta Normal alrededor de $59 millones y Cerro Navia apenas $4 millones. El mecanismo, sostuvo, terminaría financiando principalmente con impuestos generales —y por tanto con una participación decisiva del IVA— a las comunas que concentran las propiedades de mayor valor.
La respuesta del ministro no desmintió esos datos.
Tampoco explicó por qué sería justo que el presupuesto nacional restituya peso por peso los ingresos que una comuna rica deja de recibir, en lugar de utilizar esos recursos para reforzar el Fondo Común Municipal o corregir las desigualdades entre territorios.
Quiroz simplemente cambió el terreno de la discusión.
Ante una crítica a la distribución de los recursos, respondió con la amenaza de retirar los recursos.
La compensación convertida en concesión
La frase “si prefieren que no se compense, no se compensa” transforma lo que debiera ser una obligación del Estado en una concesión discrecional del Gobierno.
Los municipios no decidieron eliminar las contribuciones. Tampoco son responsables de la pérdida de recaudación que provocará la reforma. Fue el Ejecutivo el que impulsó una exención tributaria y el Congreso el que la tramitó.
Por lo tanto, la compensación no es un regalo para los alcaldes.
Es la consecuencia fiscal de una decisión adoptada por el poder central.
Cuando el ministro presenta esa restitución como algo que puede entregar o retirar dependiendo del comportamiento de los municipios, invierte completamente la relación política. Quienes deben enfrentar las consecuencias de la reforma aparecen como beneficiarios de la generosidad gubernamental, y quienes diseñaron la pérdida de ingresos se atribuyen el derecho de castigar a quienes cuestionan su fórmula.
La advertencia resulta especialmente significativa porque los recursos municipales no pertenecen a los alcaldes. Financian consultorios, escuelas, retiro de residuos, seguridad comunitaria, mantención de calles, áreas verdes, asistencia social y una extensa red de servicios cotidianos.
Decirle a un alcalde que, si critica el mecanismo, puede quedarse sin compensación, equivale en los hechos a decirles a los habitantes de su comuna que el acceso a esos recursos dependerá de la docilidad política de su autoridad local.
Probablemente el ministro no pretendía anunciar literalmente una represalia. Pero la estructura de su respuesta reproduce esa lógica: quien recibe recursos del Gobierno no tendría derecho a discutir las condiciones bajo las cuales se entregan.
“No es materia de decisión municipal”
Quiroz completó su planteamiento con una segunda frase tan importante como la primera.
Sostuvo que la distribución de la compensación es “un tema político que se discute en el Congreso y no es materia de decisión municipal”. Añadió que el procedimiento ya estaba cerrado, que la comisión mixta había aprobado la fórmula y que ahora “se tiene que votar nomás”.
Desde un punto de vista estrictamente reglamentario, tiene razón: son el Ejecutivo y el Congreso los que tramitan y aprueban las leyes tributarias.
Pero políticamente su respuesta resulta reveladora.
Los alcaldes administran las instituciones que perderán los recursos. Conocen directamente las necesidades territoriales, las desigualdades entre comunas y los efectos que una reducción presupuestaria tiene sobre los servicios públicos locales.
Decir que la materia no corresponde a la decisión municipal puede ser jurídicamente correcto, pero democráticamente es insuficiente.
La descentralización no consiste únicamente en transferir obligaciones administrativas. También supone reconocer a los gobiernos locales como actores políticos con derecho a intervenir en decisiones que afectan sus presupuestos y sus comunidades.
El mensaje del ministro va en la dirección contraria: los municipios pueden administrar las consecuencias, pero no cuestionar el diseño.
El centro decide. Los territorios ejecutan.
El problema que Quiroz evita responder
La discusión de fondo sigue intacta.
La exención de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años fue presentada como una ayuda a la clase media. Sin embargo, una parte importante de las viviendas de menor avalúo ya se encuentra exenta del impuesto territorial.
El nuevo beneficio adquiere mayor valor precisamente donde las propiedades son más caras y donde, por consiguiente, las contribuciones también son más altas.
La controversia no consiste en negar que existan adultos mayores con dificultades para pagar contribuciones. Ese problema es real y podría resolverse mediante exenciones focalizadas según ingresos, patrimonio o valor de la vivienda.
La pregunta es por qué el beneficio debe ser prácticamente universal y por qué su costo debe ser trasladado al presupuesto nacional.
En la práctica, habitantes de comunas populares que pagan IVA cada vez que compran alimentos, medicamentos o artículos básicos contribuirán a financiar la exención tributaria de propietarios de viviendas de alto valor.
Eso es lo que Vodanovic describió como una operación regresiva.
El alcalde de Maipú sostuvo que los habitantes de su comuna y del resto del país terminarán financiando los “presupuestos estratosféricos” de municipios de altos ingresos. Su propuesta no fue eliminar la compensación, sino que los recursos fueran canalizados mediante el Fondo Común Municipal para distribuirlos con criterios de equidad territorial.
Quiroz no respondió esa objeción.
Respondió que podía no pagar.
La seguridad de quien se sabe respaldado
La dureza de la frase también puede leerse a partir de la posición desde la cual habla el ministro.
Quiroz no es simplemente un técnico encargado de equilibrar cifras. Es el principal conductor de una reforma que reorganiza una parte importante del sistema tributario, ambiental y regulatorio chileno.
El proyecto reduce el impuesto corporativo, ofrece estabilidad tributaria a grandes inversiones, modifica procedimientos ambientales y elimina ingresos territoriales que luego deberán ser restituidos desde el presupuesto nacional.
Detrás de esas medidas existen intereses económicos concretos. Grandes empresas, inversionistas, propietarios y gremios empresariales esperan beneficios permanentes de la reforma.
Los municipios, en cambio, llegan a la discusión fragmentados, dependientes del presupuesto central y con capacidades fiscales profundamente desiguales.
La frase del ministro expresa también esa asimetría.
Es difícil imaginar que Hacienda respondiera a una asociación empresarial que cuestionara una norma tributaria diciendo: “Si no les gusta, se acaba el beneficio”.
Con el empresariado, el Estado suele abrir mesas técnicas, escuchar advertencias, calcular impactos y buscar certezas regulatorias.
Con los alcaldes, la respuesta fue: se vota y se acabó.
La comparación ayuda a comprender que no estamos solamente ante un problema de carácter personal. Estamos ante una jerarquía política. Algunos actores son considerados interlocutores estratégicos; otros son administradores subordinados.
Una reforma aprobada entre apuros
La declaración fue pronunciada, además, cuando el Gobierno acababa de sufrir un tropiezo inesperado en el Senado.
El Ejecutivo debió postergar la votación final porque no contaba con los 26 votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta. El senador UDI Gustavo Sanhueza había anunciado su rechazo, Enrique van Rysselberghe estaba ausente y también existían dudas respecto de otros parlamentarios.
Pese a ello, Quiroz rechazó hablar de fracaso y restó importancia al artículo pendiente. Lo fundamental, afirmó, es que la reforma ya fue aprobada en sus aspectos centrales.
Esa seguridad ayuda a explicar el tono.
El ministro sabe que, aun cuando exista resistencia en determinadas normas, el corazón económico del proyecto consiguió avanzar gracias al oficialismo y a votos provenientes del Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente y sectores de la Democracia Cristiana.
La propia DC acusó posteriormente a Quiroz de atribuirle un respaldo político que el partido niega haber entregado. Su secretaria nacional, Alejandra Krauss, afirmó que el ministro buscaba otorgar legitimidad a la reforma mediante un relato que no correspondía a las votaciones efectivamente realizadas.
El episodio muestra una forma de conducción política que no parece demasiado preocupada por construir consensos duraderos.
Los votos se reúnen artículo por artículo. Los apoyos parciales se presentan como adhesiones generales. Las objeciones municipales se reducen a disputas entre alcaldes. Las dificultades reglamentarias son tratadas como simples tropiezos.
Y cuando alguien insiste en discutir el contenido distributivo de la reforma, la respuesta es que el proceso ya terminó.
La economía como territorio sin deliberación
Hay en las palabras de Quiroz otra idea que ha acompañado históricamente a las políticas neoliberales: la pretensión de presentar las decisiones económicas como asuntos técnicos que deben permanecer relativamente protegidos de la deliberación democrática.
La fórmula de compensación sería, según este enfoque, un mecanismo técnico diseñado por Hacienda y aprobado reglamentariamente por el Congreso.
Pero decidir quién paga impuestos, quién recibe exenciones y cómo se distribuyen los recursos fiscales nunca es una cuestión puramente técnica.
Es una decisión política sobre ganadores y perdedores.
Compensar directamente a cada municipio de acuerdo con lo que deja de recaudar preserva la estructura territorial existente. Las comunas que hoy concentran una mayor base tributaria inmobiliaria recibirán también las mayores transferencias.
Enviar todos los recursos al Fondo Común Municipal permitiría, en cambio, introducir un criterio redistributivo.
Las dos alternativas tienen consecuencias distintas. Elegir una no es aplicar una verdad económica neutral. Es optar por una determinada concepción de justicia territorial.
Al declarar que la decisión ya fue tomada y que los municipios deben limitarse a aceptarla, el ministro busca cerrar precisamente esa discusión.
“Se acabó”
Las últimas dos palabras son quizás las más reveladoras.
“Se acabó” no describe solamente el final de una conversación con la prensa. Pretende clausurar políticamente el debate.
Se acabó la discusión sobre la regresividad.
Se acabó la posibilidad de reformular el mecanismo.
Se acabó la intervención de los alcaldes.
Se acabó porque el Gobierno ya decidió, porque la comisión mixta ya votó y porque Hacienda considera que los municipios deben agradecer que serán compensados.
Pero el debate no se acabó.
Persistirá mientras un habitante de Maipú, Quinta Normal o Cerro Navia deba contribuir mediante sus impuestos al financiamiento de servicios municipales en Las Condes sin que exista una corrección significativa de las desigualdades entre esos territorios.
Persistirá mientras el Gobierno describa como protección a la clase media una exención cuyo valor aumenta junto con el precio de las propiedades.
Y persistirá mientras el Ejecutivo trate los recursos públicos como una herramienta con la que puede premiar la aceptación o castigar el desacuerdo.
La frase de Quiroz pasará probablemente al archivo de las polémicas políticas. Sin embargo, merece permanecer como una síntesis del momento.
En siete palabras, el ministro mostró la distancia entre el poder central y los territorios, entre la técnica económica y la deliberación democrática, entre la consideración que reciben los grandes intereses económicos y la que se reserva a los municipios.
No fue simplemente una mala frase.
Fue una declaración de poder.
Simón del Valle
