Fenadaj acusa al gobierno de “sepultar” la reforma de acceso a la justicia y se declara en alerta máxima
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos
La Federación cuestiona retrasos, falta de información y la postergación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Anuncia despliegue nacional ante parlamentarios.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) se declaró en alerta máxima y acusó al Gobierno de incumplir los compromisos asociados a la implementación de la Ley N° 21.780, que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
La decisión fue adoptada por unanimidad en una Asamblea Nacional Extraordinaria, donde la organización acordó intensificar su despliegue territorial y llevar sus cuestionamientos ante parlamentarios de todo el país.
La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, cuestionó duramente el manejo del proceso por parte del Ministerio de Justicia.
“Lo que estamos viendo es un incumplimiento grave de una ley que fue aprobada para fortalecer el acceso a la justicia. No aceptaremos que esta reforma se transforme en una simple fusión de instituciones precarizadas, sin presupuesto, sin dotación suficiente y sin garantías para sus trabajadores ni para los usuarios”, señaló.
La federación apunta directamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y cuestiona el manejo del proceso de instalación del nuevo servicio.
Entre los principales reparos del gremio se encuentra la remoción de la primera directora implementadora, el retiro desde Contraloría del primer decreto destinado a iniciar el despliegue del Servicio y la falta de información a las organizaciones de trabajadores sobre materias como el traspaso de funcionarios, jornadas, remuneraciones y futura dotación.
FENADAJ también cuestionó el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo para postergar la instalación del nuevo Servicio, advirtiendo que la medida no aborda las condiciones estructurales que requiere la reforma.
El gremio exigió al Gobierno resolver la falta de presupuesto y dotación, las jornadas parciales, las deficiencias de infraestructura y la homologación de remuneraciones y condiciones laborales.
Finalmente, la Federación anunció un despliegue nacional ante el Congreso para informar a los parlamentarios sobre la situación y defender la implementación de una reforma que, aseguran, debe garantizar un servicio público digno tanto para sus trabajadores como para la ciudadanía.
Autor
