La Unión Europea discute una revisión de la Directiva de Facilitación del tráfico de migrantes que, según expertos de Naciones Unidas, amenaza con criminalizar la asistencia humanitaria. El punto neurálgico es la ausencia de una cláusula obligatoria de exención humanitaria: sin ella, quienes salvan vidas en las fronteras podrían ser perseguidos como delincuentes.