José Kast no puede abandonar a sus referentes en lo que para él es lo más sustantivo, la lucha contra el comunismo y la defensa a ultranza del modelo capitalista en su expresión neoliberal.
Explicarse la conducta de sujetos como Milei o Kast sólo es posible escrutando la conducta del modelo. Son repetidores de conductas externas.
El 1% de los más altos ingresos se apropiaba hace 20 años de aproximadamente el 30% del ingreso nacional. Hoy, ese mismo 1% de los más ricos se apropia del 49% de todo el ingreso nacional. Esta progresión es peligrosa e insostenible en una sociedad que pretende ser democrática.
El reciente Informe Anual 2025-2026 de Amnistía Internacional no es un documento más en el calendario de las organizaciones de derechos humanos. Es un diagnóstico de época: exhaustivo, riguroso y, sobre todo, incómodo. Su análisis de 144 países durante 2025 configura una imagen global que obliga a detenerse y reflexionar sobre el tipo de mundo que estamos construyendo —o
El Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso en medio de un escenario económico marcado por el alza del costo de la vida y tensiones fiscales.
La ANEF y el Colegio de Periodistas de Chile presentaron este miércoles 22 de abril una denuncia ante la Contraloría General de la República de Chile por eventuales irregularidades en el uso de imágenes generadas o alteradas mediante inteligencia artificial (IA) en comunicaciones institucionales del Estado.
Un grupo de exjefas del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia acusó un cambio en la política institucional que, según señalan, ha impedido a los abogados del Estado intervenir en procesos judiciales clave relacionados con condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
La organización advierte que excluir la colación de la jornada implica un retroceso en derechos laborales y exige intervención urgente del Ministerio de Justicia.
Una planilla que circuló en los últimos días y que contiene comentarios sobre supuestas inclinaciones políticas de funcionarios públicos en la Región de Coquimbo generó reacciones en el ámbito político y abrió una investigación administrativa para esclarecer su origen y eventual uso.
La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Públicos de la Educación (FENAEDUP) manifestó su preocupación frente al proyecto de ley sobre “seguridad en las comunidades educativas”, actualmente en tramitación, señalando que la iniciativa no aborda las causas estructurales de la violencia escolar.
