La última semana ha estado en el tapete de la discusión política la cobertura del llamado IFE 2.0. Dicho proyecto, ya convertido en ley,  pretende dar un apoyo directo en dinero a un cierto porcentaje de las familias más vulnerables del país, basado para ello en las estadísticas y registros existentes en las diferentes instancias gubernamentales a través de las cuales los chilenos vamos dejando huellas de nuestra relación con el Estado y con la economía nacional.

Pero existe un contingente de hombres y mujeres de los cuales muy poco se ha hablado, y que sufren la crisis sanitaria, económica y social con más fuerza y menos defensas que nadie. Me refiero a los extranjeros residentes, cualquiera que sea la situación legal que los cobija. La mayoría de ellos no tienen defensas institucionales, pues no pertenecen a sindicatos, ni tienen contratos formales de trabajo, ni han pagado impuestos en los años anteriores, ni están inscritos ni en isapres ni en Fonasa, ni son parte del Registro Social de Hogares, ni tienen mayores redes familiares o sociales a las cuales recurrir para apoyarse mutuamente. Son miles. Entre venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos y haitianos deben haber cerca de un millón de ciudadanos que son en su mayoría informales dentro de la informalidad, indefensos dentro de los vulnerables y anónimos dentro de los que no tienen voz.

Con todos ellos el Estado y el Gobierno chileno tiene deberes y obligaciones, que no nacen exactamente de una legislación, pero que son parte de la moral pública y del espíritu humanitario y solidario que se supone es parte consustancial de la cultura occidental en la cual estamos insertos.

En los debates parlamentarios y gubernamentales han estado presentes los taxistas, los pescadores, los peluqueros, los que boletean, los que tienen pensiones de hambre, los campesinos, los que tienen subsidios de cesantía, etc. Todos ellos tienen legítimo derecho a recibir las ayudas que se apresta a entregar el Gobierno, aun cuando en escasa cuantía.

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Pero en la cobertura de esos beneficios hay que considerar a los extranjeros residentes, que en su mayoría son pobres, informales y vulnerables. Chile los recibió en su territorio no como ciudadanos de segunda o de tercera clase, sino como ciudadanos a los cuales les abríamos las puertas del país, para que compartieran con nosotros nuestras actividades, alegrías, problemas y pesares. No los podemos ahora dejar abandonados. Tenemos que darles hoy en dÍa el mismo grado de protección y de ayuda que le damos a todos los ciudadanos del país.

Desde mi modesta condición de ex residente en Venezuela, y que fui durante muchos años beneficiario de la generosidad con que ese pueblo recibió a los chilenos, cuando miles de nosotros nos vimos obligados, por razones económicas o políticas a salir de país le solicito, le ruego y le pido al Gobierno, a los parlamentarios y a toda la sociedad civil  chilena que no deje abandonados a su suerte a los miles de extranjeros residentes que claman hoy en día por la solidaridad de los chilenos.

 

Por Sergio Arancibia

 

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