Entrevista a Franck Gaudichaud: Las lecciones de la derrota del plebiscito para la izquierda

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De vuelta en Santiago, donde pudo asistir a la recta final de la campaña electoral y al referéndum sobre el cambio de Constitución, Franck Gaudichaud vuelve en esta entrevista sobre las distintas lecturas que se pueden hacer de la derrota del «Apruebo».

RPD: En lo que en Chile se conoce como las «zonas de sacrificio», donde el ecosistema es arrasado por las grandes empresas, así como en las circunscripciones más populares del país, donde la izquierda radical había hecho sus mejores puntajes, hace unos meses, en Diciembre de 2021, durante la elección de Gabriel Boric, fue el «Rechazo» el que tomó la delantera en gran medida. Este es el caso de los municipios suburbanos de la capital o de Valparaíso, la segunda ciudad, o de ciertas comunas del sur o del norte del país. ¿Deberíamos concluir que las clases trabajadoras habrían votado en contra de sus intereses y demandas, al asociar su voto con el de la derecha y el “Rechazo”? ¿Cómo se explica este cambio de rumbo?

Franck Gaudichaud: Los resultados del domingo 4 de septiembre muestran muy claramente un voto popular, un voto de clase, a favor del rechazo. De los más de 300 municipios del país, solo ocho votaron, la mayoría de las veces por una ligera mayoría, por el “Apruebo” a la nueva Constitución. Y todos los demás en contra. Y este es particularmente el caso, en efecto, de los municipios más populares del país, ya sea todo el oeste de Santiago, con municipios como La Pintana o Cerro Navia, por ejemplo. También vemos un voto muy polarizado, una división territorial, pero que es menor a lo que habíamos visto en elecciones anteriores. Esta vez, de hecho, fue el 85% del electorado el que se movilizó, habiéndose declarado obligatorio el voto, y el «Rechazo» fue por amplia mayoría: un voto y una derrota irrevocable. Pero el «Rechazo» fue aún más fuerte en el norte del país, donde el tema del narcotráfico, la inseguridad y el manejo de los flujos migratorios está en el centro de los debates y reacciones del mundo popular, en particular con mayor fuerza del racismo y la xenofobia. Y, en el sur del país, en la «macrozona sur», particularmente en la región del Bío Bío, donde vive el pueblo mapuche, allí también hay un voto muy fuerte en contra de la Constitución.

¿Cómo se explica este cambio de rumbo? Al momento del referéndum de “entrada”, en torno a la convocatoria o no de una Asamblea Constituyente, en octubre de 2020, teníamos el 80% de votantes por una nueva Constitución y el 78% votó por que el proceso tomara la forma de  Convención Constituyente, es decir la versión más abierta, a pesar de todo, y con sufragio universal. Y en el referéndum de “salida”, en torno a la ratificación o no del proyecto constitucional, terminamos con un rechazo de más del 62%. Hay varios factores para explicar esto.

Primer elemento, un efecto del sistema electoral: por primera vez los chilenos votaron con voto obligatorio e inscripción automática en las listas. Tenemos por tanto un componente de más de 4,5 millones de electores que, hasta entonces, no votaban. Cabe recordar que, para el referéndum de entrada, por ejemplo, la abstención se había acercado al 50%. Esta vez, estas fracciones abstencionistas se movilizaron, con voto obligatorio y amenazas de multas. Había una gran incógnita sobre este “electorado silencioso”, un electorado políticamente desilusionado o desafiliado, muchas veces muy precario, también joven: ¿a qué iban a votar? Podemos decir que, en su mayor parte, contribuye a consolidar e inclinar aún más el voto del lado del “rechazo”. Algunos dicen que este “rechazo” es también efecto de 50 años de neoliberalismo, fragmentación política y social, represión autoritaria, individualización neoliberal y desinterés por la vida y la política. Lo que hace que estos “recién llegados” a las elecciones lo hagan, en gran parte, sobre la base de la despolitización y el apoyo (parcial) a la campaña muy ofensiva de la derecha.

Franck Gaudichaud

Un segundo elemento. Hubo una campaña mediática extremadamente fuerte. La financiación para esto fue infinitamente mayor que para el «Apruebo». Y toda la burguesía, los think tanks neoliberales y las fuerzas conservadoras financiaron una ofensiva muy agresiva en los medios y en la TV, en las redes sociales. Y, en paralelo, una campaña de fake news, anunciando que íbamos a “expropiar las casas”, que la “multinacionalidad” que proyectaba el nuevo texto constitucional iba a dividir a la nación, que habría ciudadanos de segunda. y que los naturalizados chilenos tendrían todos los derechos, etc., etc. Fue muy eficaz y, en cambio, la campaña por el «Apruebo» se mostró timorata, fue mala en los medios, se mostró dividida y mal dirigida.

Tercer elemento: hay un voto de sanción muy claro contra el gobierno de izquierda de Boric. Hay toda una parte del electorado que es muy crítica con su historial de los primeros meses de su mandato: ausencia de reformas sociales de fondo, un gobierno volcado hacia el centro social-liberal, con sectores de la antigua Concertación. Un gobierno atemorizado por la posible reacción de las grandes empresas, un ejecutivo cuyo peso pesado es Mario Marcel, el ministro de Hacienda, un liberal expresidente del banco central. Pero lo que determina todo, a mi juicio, es un voto de rechazo del mundo popular, basado en las dificultades de la situación concreta y cotidiana: la inflación, la precariedad de la vida, las dificultades de la vivienda, el endeudamiento. Esto se ha visto reforzado por temas que están surgiendo cada vez más, como la “inseguridad”, que está realmente en el centro de la vida cotidiana, es decir, la cuestión de la seguridad y la violencia cotidiana, del narcotráfico. Y también, la “cuestión de la acogida migratoria”, sobre la que la izquierda parece incapaz de liderar una campaña solidaria verdaderamente ofensiva para contrarrestar los discursos xenófobos (particularmente dirigidos contra los migrantes de Haití, Venezuela o Colombia). Y finalmente, es necesario subrayar la responsabilidad propia de la Convención Constituyente y de los constituyentes, quienes aparecían cada vez más apartados de los debates cotidianos de la población, de los intereses de clase del mundo popular, como sobre sí mismos. Con una Constitución, sí, muy avanzada pero compuesta por 388 artículos en los que queríamos encajar todo. La cuestión de incluir el derecho al aborto en la Constitución, por ejemplo, creó un frente común de católicos contra la Constitución (era posible una declaración general con un proyecto de ley en paralelo). El proyecto de Constitución fue muy progresista en términos de paridad y derechos de las mujeres, pero también en una cantidad increíble de temas. Pero los Constituyentes a veces han querido detallar todos estos derechos hasta el final, sin siempre lograr explicar e involucrar a la población en el desarrollo de estos nuevos derechos, y sin mostrar tampoco la conexión esencial entre estos nuevos derechos sociales fundamentales, también societarios y las condiciones de clase de la población, la cuestión del trabajo y la precariedad de la vida. Así que hubo una brecha creciente entre la convención y la población, una separación que condujo, al final, al resultado del 4 de septiembre.

Frente a esto, también hay que decir que las apuestas de varias pequeñas organizaciones de la izquierda revolucionaria y anticapitalista (débiles y muy dispersas en Chile) han fracasado. Estas corrientes políticas que pedían el voto en blanco o la abstención “activa” tuvieron resultados que muestran que esto siguió siendo ultraminoritario. Llevar a cabo tal campaña a contrapelo de una oportunidad aunque sea parcial para poner fin a la Constitución de Pinochet y consolidar una serie de nuevos derechos (derechos laborales también) fue, en mi opinión, un gran error táctico por parte de estas organizaciones.

RPD: El “Rechazo” fue un éxito, y el “Apruebo” superó incluso las encuestas de opinión más “optimistas” que habían encargado los medios conservadores antes de la consulta popular del 4 de septiembre. ¿Significa esto que el campo de «Rechazo» encarna una derecha reconstituida y consolidada tras su derrota en las elecciones presidenciales? ¿Y los sectores más extremistas, xenófobos, vengativos y nostálgicos de la dictadura que había encarnado Antonio Kast, el candidato derrotado en la segunda vuelta?

FG: Podemos decir que los significados de “Rechazo” son múltiples. Hay una multiplicidad de formas de rechazo en ese 62%. Obviamente, la derecha no puede reclamar toda esta enorme derrota electoral del campo del «Apruebo». Además, parece ser consciente de ello, al menos parcialmente. Hay un voto efectivamente conservador, incluso racista, de parte de Chile contra el Estado Plurinacional, contra nuevos derechos para los pueblos indígenas, contra los migrantes. Por lo tanto, existe esta base histórica de la derecha y de los conservadores que está ahí. Pero estos últimos han ganado una apuesta: hacer una campaña mucho más amplia, diciendo «Rechazo» a esta nueva Constitución pero «Apruebo» una posible reforma constitucional, logrando así ampliar la campaña hacia el centro, integrando a miembros de la Democracia Cristiana. y destacados representantes de la ex Concertación, que también hicieron campaña por el rechazo.

En este voto hay también, aunque todavía sea difícil de medir, un voto de rechazo radical como tal a todo el sistema político. En este sentido, la crisis de legitimidad del sistema político chileno y de las instituciones de las clases dominantes está por tanto siempre en el centro de la secuencia actual. Como se expresó en la calle en octubre de 2019, se expresa hoy de manera muy contradictoria, confusa, incluso a través del “Rechazo”, expresando un rechazo a las instituciones, a la “casta” política profesional y, entre ellas, a la Convención Constituyente. Así, los conservadores se equivocarían al querer reclamar todo este maremoto electoral. Pero es innegable que están recuperando el control, después de tres años de casi ver derrocado a su presidente por las calles, donde vieron un maremoto de independientes y movimientos sociales elegidos a la Convención Constituyente, donde vieron la elección de Gabriel Boric contra la extrema derecha. ..

Franck Gaudichaud

Para ellos, hoy es realmente una oportunidad para tratar de retomar el control, y con ellos los sectores más rancios de la oligarquía chilena, los mismos que han apoyado el golpe de 1973 y el neoliberalismo durante 50 años. Eso es lo que están haciendo. El gobierno de Boric dijo enseguida que el proceso constituyente continuaba, pero esta vez bajo el liderazgo del actual Congreso, mayoritariamente dominado por los conservadores y la derecha, en alianza con algunos social liberales. Avanzamos pues hacia un nuevo proceso constituyente, pero mucho más acotado, controlado por los partidos tradicionales, que sin embargo han sido los responsables de la crisis que lleva tres años y siguen en gran parte desacreditados ante los ojos de la opinión pública. Y con un gobierno aún más debilitado, aún más timorato, y dispuesto a toda negociación con la vieja Concertación. Por su parte, Antonio Kast y la extrema derecha están muy contentos con el resultado electoral. Pero son hostiles a la reapertura de un proceso constituyente y por eso están dispuestos a mantener la Constitución de 1980, de la época de Pinochet, que igualmente había sido -parcialmente- rechazada desde 1990. Y, sobre todo, están en proceso de animar un Campaña muy activa para adelantar sus peones y fortalecer el proyecto del bolsonarismo chileno. Para el 11-S de este año, conmemoración del golpe de Estado de 1973, Kast realizó sus habituales declaraciones escandalosas en las redes sociales, donde vuelve a reivindicar el ‘gran legado’ del Estado golpista contra el «peligro marxista» y multiplicando virulentas declaraciones y tuits contra el Partido Comunista (miembro del gobierno). Ahora tienen, desde las elecciones legislativas, unos quince diputados en el Parlamento que están construyendo sobre la base de la debilidad del actual gobierno reformista y la derrota constitucional.

RPD: En un país donde el 13% de la población se considera descendiente de indígenas, particularmente en el sur del país, las provincias del sur de Chile han sido nuevamente militarizadas por el gobierno de Gabriel Boric y están bajo control militar. El desafío, oficialmente, es «combatir el separatismo» de los sectores mapuche más combativos. Si bien Boric y su coalición llegaron al poder prometiendo barajar de nuevo las cartas y abordar el tema indígena y territorial de una forma radicalmente diferente, con respeto a las comunidades, ¿Cómo explicar que en realidad hay un lado de las grandes empresas forestales y los grandes terratenientes?

FG: Precisamente, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche marca la continuidad más que la ruptura en la gestión del gobierno de Gabriel Boric con gobiernos anteriores, e incluso con el gobierno conservador del multimillonario Sebastián Piñera. El hecho de que después de menos de dos meses en el cargo, Boric, quien siempre había sostenido que había que abrir el diálogo, que había que retirar a los militares del sur del país, que había criticado las prácticas de represión al pueblo mapuche, el sur se encuentra hoy con una nueva remilitarización de todas las vías principales; eso es catastrófico y una falla política estratégica de esta izquierda en el poder. Esta es una nueva manifestación de la crisis en las relaciones de dominación entre el Estado y el pueblo mapuche, en todo caso sus fracciones movilizadas, mientras que gran parte del pueblo mapuche ya no se encuentra en las comunidades rurales sino en los pueblos, de los cuales una tercera parte está en Santiago.

Esto muestra claramente el revés del gobierno y también sus dificultades: un gobierno que está en minoría en el Parlamento y que ha cometido numerosos errores políticos, sin siquiera lograr desplegar un programa propio de reformas, por muy limitado que sea. Desde el primer día de su mandato, la ministra del Interior, Izkia Siches, intentó ir a una de las emblemáticas comunidades mapuche en lucha, en Temucuicui, y fue recibida a tiros al aire, y tuvo que refugiarse en un cuartel de Carabineros. Prueba de su amateurismo y un escaso conocimiento del equilibrio de poder en el sur del país. Iba allí en nombre del diálogo, pero muy rápidamente fue la militarización y un nuevo estado de excepción lo que prevaleció sobre las declaraciones de buena voluntad y, en los últimos días, aumentó la militarización en caminos que llevan a las comunidades también bajo el control de las fuerzas armadas. .

Llega entonces al poder de la figura del estado militar bajo administración progresista… Frente a esto, las fracciones de las comunidades en lucha despliegan dos caminos bien diferenciados: uno «político» y otro institucional, como defiende Fernando Pairican, uno de los principales historiadores mapuche de la nueva generación, que apuesta por la plurinacionalidad y por ende por la nueva Constitución, un camino político para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Este se ve impactado con estrépito por la derrota constitucional. Y por otro, el camino de la autonomía radical, que incluye la autodefensa armada y los actos de acción directa y recuperación ilegal de tierras usurpadas. Lo reclama muy claramente la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y en particular su líder, Héctor Llaitul, que acaba de ser encarcelado, así como su hijo, detenido a pocos días de las elecciones constitucionales.

Entonces ahí, el gobierno tiene una responsabilidad política, aunque la orden de aprehensión contra Llaitul venía desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Piñera. Es claro que también crece la tensión con líderes destacados como los de la comunidad de Temucuicui, en particular Víctor Queipul, quienes también están por la reconstitución de la autonomía territorial y el enfrentamiento directo con el Estado chileno. Allí hay un conflicto violento, que implica también una acción directa contra las grandes empresas forestales, que han robado y expropiado millones de hectáreas al pueblo mapuche. Grupos de activistas mapuches levantan barricadas, cortan caminos, queman camiones e incluso se enfrentan, a veces de forma armada, con grandes terratenientes. En este contexto, la opción del gobierno ya no es en absoluto el diálogo, aunque ha habido algunos gestos progresistas, con anuncios de fortalecimiento del organismo de restitución de tierras, CONADI, el Fondo Nacional de Desarrollo Indígena, refinanciamiento o la creación de un ministerio especialmente dedicado a temas indígenas o incluso una solicitud dirigida a la ONU para que el organismo internacional intervenga como mediador en el diálogo con el pueblo mapuche.

RPD: Durante la «explosión del 2019», el gran movimiento contra el gobierno de derecha y el legado de la dictadura, es la entrada en escena del mundo del trabajo a través de la huelga, que ayudó a poner a Piñera contra las cuerdas. Hoy, la CUT, cuyo liderazgo está vinculado al PC y los partidos de izquierda, está apoyando efectivamente al gobierno mientras la inflación erosiona los salarios. ¿Qué pasa con la situación más amplia del mundo del trabajo y sus sectores más combativos, que estuvieron en el corazón del movimiento en 2019?

FG: Este es precisamente uno de los elementos centrales del deterioro del equilibrio de poder en la sociedad chilena en los últimos meses y años. En efecto, el despido de octubre de 2019 fue también este paro nacional de dos días, que aceleró la crisis y obligó a la patronal, a los partidos políticos de oposición y al gobierno a buscar urgentemente soluciones, entre ellas reencauzar las luchas por un acuerdo parlamentario y la apertura de un proceso constituyente. Pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal central sindical del país, realmente quedó rezagada con respecto al movimiento y los intentos de crear una Mesa de Unidad Social, un organismo de coordinación con otros movimientos populares; eso se ha desvanecido. En realidad, la dirección de la CUT sigue siendo esencialmente una correa de transmisión para los partidos de centroizquierda parlamentaria y Democracia Cristiana. Es incapaz de tomar posiciones combativas, de unificar las luchas sindicales parciales que existen aquí y allá, de tener una agenda de propuestas ofensivas sobre la cuestión del trabajo que pueda ser otra cosa que la simple presión parlamentaria o de apoyar las iniciativas de las asambleas sindicales a nivel municipal.

Este es un elemento central de la crisis en la capacidad de los trabajadores organizados como tales para intervenir en el escenario político nacional, en un contexto donde el movimiento sindical chileno ha estado extremadamente debilitado y fragmentado, fracturado, desde la década de 1990. Incluso podríamos ir de regreso a la dictadura, por supuesto, donde fue completamente aplastada y reprimida. Así que un actor sindical totalmente pulverizado por un Código del Trabajo ultrarreaccionario y, al mismo tiempo, por el neoliberalismo y una CUT no jugó un papel de contención, sino todo lo contrario. El hecho de que los trabajadores queden huérfanos de una posibilidad de acción sindical de “lucha de clases” pesa enormemente en la situación actual y en el equilibrio de poder. Hay, sin embargo, luchas y conflictos en acción, valerosos aquí y allá, pero que siguen siendo muy débiles y aislados. Un actor clave fue el Sindicato Portuario de Chile, la unión de sindicatos de trabajadores portuarios, que también atravesó crisis y grandes dificultades en el último período. Para los trabajadores del cobre, es lo mismo. Y si bien el movimiento popular, la izquierda, acaba de experimentar una gran derrota con el “Apruebo” a la Constitución, vemos que en términos más generales, más allá del sindicalismo, las luchas populares siguen fragmentadas y debilitadas. La experiencia de las asambleas territoriales, vecinales, cabildos, que fueron muy importantes a partir de octubre de 2019, entró en declive, bajo los embates de la canalización institucional iniciada por Gabriel Boric, de la pandemia, que hizo mucho daño, y de la muy severa crisis económica actual, particularmente la inflación.

Luego del levantamiento telúrico de 2019, nos encontramos hoy con luchas populares que se encuentran en dificultades para enfrentar el período venidero, pero con sectores militantes siempre dispuestos a reorganizarse, a hacer balance de la secuencia 2019-2022, un período sumamente denso de aceleración y tensiones históricas. Este fue el caso de las feministas, por ejemplo la Coordinadora 8 de Marzo de Santiago. Es el caso también del Comando de movimientos sociales por el «Apruebo» a una nueva Constitución, que la misma noche del 4 de septiembre anunció que a pesar de la derrota, se había establecido una agenda de reivindicaciones a nivel nacional, que no podía tener marcha atrás, que era necesario retomar la lucha pero también (y sobre todo) volver a la base, reorganizarse «desde abajo», a nivel territorial y barrial, por las asambleas y en el mundo de trabajo, para implementar esta agenda. Es la agenda de octubre la que hay que retomar, sin magnificar ni sus resultados inmediatos, con demandas sociales, sino también la agenda política y feminista que puede haber sido discutida durante la Convención Constituyente o asambleas por amplios sectores de izquierda y movimientos sociales.

Por lo tanto, debemos partir de ahí, sin desanimarnos, la urgencia es volver al ruedo, pero también reflexionar sobre lo que salió mal y partir de las inquietudes del mundo popular para responderles con propuestas desde abajo, a la izquierda. De lo contrario, el verdadero riesgo es la llegada al poder de la extrema derecha, en alianza con los conservadores.

Por Christa Wolfe y Claude Piperno

Fuente: Revolución Permanente Domingo

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