Amnistía ante la COP3 en Chile: Estados deben comprometerse a acabar con la violencia contra ambientalistas
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A pocos días del inicio de la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (COP3), más conocido como Acuerdo de Escazú, que tendrá lugar en Santiago de Chile del 22 a 24 de abril, Amnistía Internacional observa con preocupación la enorme desprotección que continúan sufriendo las personas, grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. Por ello, la organización llama a los Estados de América Latina y el Caribe que aún no se han adherido a este tratado a que lo hagan cuanto antes. Asimismo, que los Estados que sí son parte, aprovechen este próximo encuentro para reforzar su compromiso de abordar la grave situación que enfrentan estas personas.
“Los ataques contra personas defensoras del medio ambiente en las Américas son constantes y, a menudo, letales. El hecho de que algunos de los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente aún no sean parte del Acuerdo de Escazú evidencia la falta de voluntad de sus gobiernos para hacer frente a estas amenazas. Es urgente que los Estados de América Latina y el Caribe se comprometan con este tratado regional”, exhortó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado vinculante en América Latina y el Caribe que incluye disposiciones específicas sobre la protección a las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Aunque el tratado, que cuenta con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entró en vigor hace tres años, menos la mitad de los países de la región son parte de este. Entre aquellos que aún no son parte se encuentran algunos de los más letales del mundo para la defensa del medio ambiente: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú. Los últimos países que se sumaron lo hicieron en junio de 2023.
Colombia, por ejemplo, ocupa el primer puesto del mundo en número de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinados. Integrantes de organizaciones como la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (FEDEPESAN) han sufrido varios atentados y amenazas de muerte, la más reciente este año. Si bien el gobierno colombiano ha reconocido que la defensa de derechos humanos es una actividad de alto riesgo y ha adoptado medidas para mitigarlo, incluidos algunos pasos para ser parte del Acuerdo de Escazú, estas no han tenido el efecto esperado. El segundo país del mundo más letal para las personas defensoras del medio ambiente es Brasil. En 2022, Bruno Pereira y Dom Philips fueron desaparecidos y brutalmente asesinados en el Amazonas; más recientemente, en 2023, la lideresa quilombola Yalorixá Maria Bernadete Pacífico fue asesinada en su comunidad. El gobierno brasileño tiene pendiente desde 2007 la elaboración de un Plan Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. Por su parte, Honduras presenta la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos ambientales y de la tierra asesinadas per cápita. En 2023, por ejemplo, tres personas de la comunidad de Guapinol fueron asesinadas. Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado que el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras no está siendo eficaz.
Por otro lado, los Estados parte del Acuerdo de Escazú aún enfrentan retos en cuanto a la protección a personas defensoras del medio ambiente. Cinco líderes de la comunidad residencial Colonia Maya; en el estado de Chiapas, en México, (Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez) están siendo procesados por protestar pacíficamente contra un desarrollo residencial en una zona montañosa cercana en 2017. Amnistía Internacional ha documentado varios casos en los que se ha utilizado la vía penal en contra de personas defensoras del medio ambiente con el objetivo de inhibir el derecho a la protesta y sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric llegó con una marcada agenda de derechos humanos, incluyendo la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden. Si bien hubiera sido deseable que el país estableciera un marco legal, es valorable el reciente anuncio de un protocolo de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos. Esperamos que este instrumento sea efectivo y se alinee con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú.
Durante la COP3, los Estados parte del Acuerdo de Escazú tienen previsto aprobar un plan de acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
“El plan de acción puede ser un paso importante para abordar los riesgos que enfrentan estas personas, grupos y organizaciones defensoras del medio ambiente en la región. Es clave que los Estados parte y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tomen todos los pasos necesarios para reducir el grave riesgo que enfrentan. Esto incluye poner un especial énfasis en el carácter colectivo de la defensa, y que su protección requiere atender esta dimensión colectiva, además de la individual. Deben tomarse también en cuenta las diferentes intersecciones que les atraviesan, como el género o la etnia, así como las causas raíz de la violencia que les afecta, incluyendo los grandes intereses económicos a los que se enfrentan. Finalmente, es imprescindible adoptar acciones para eliminar la impunidad desmedida, que es una lamentable constante cuando se trata de ataques a personas defensoras,” dijo Ana Piquer.
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