La hora más difícil de la oposición
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La noticia publicada este lunes por La Tercera sobre las negociaciones en torno a la megarreforma de José Antonio Kast revela algo más profundo que una diferencia táctica entre partidos. Lo que está en juego no es un acuerdo legislativo ni una rebaja tributaria. Lo que está en juego es la identidad misma de la oposición chilena.
La imagen de la oposición atraviesa uno de sus momentos más degradados desde el retorno a la democracia. Después de la derrota presidencial y parlamentaria de 2025, los partidos que gobernaron Chile durante buena parte de las últimas tres décadas siguen girando en torno a las explicaciones de aquella derrota, pero sin lograr construir un nuevo proyecto político capaz de ofrecer una alternativa al país.
La discusión sobre la megarreforma expone crudamente ese vacío.
Durante años la Concertación, la Nueva Mayoría y posteriormente el gobierno de Gabriel Boric fueron acusados desde la izquierda de haber administrado el modelo neoliberal heredado de la dictadura sin alterar sus fundamentos esenciales. La crítica no era completamente injusta. El sistema previsional, la estructura tributaria, la concentración económica y buena parte de la lógica de mercado permanecieron intactas.
Sin embargo, sería igualmente falso afirmar que nada cambió.
Durante esos treinta y cinco años se construyó una extensa red de políticas públicas, subsidios, garantías sociales, programas de salud, educación, vivienda y protección social que permitieron amortiguar los efectos más duros del mercado. No fueron transformaciones revolucionarias. Fueron reformas graduales. Pero para millones de chilenos constituyeron diferencias concretas y significativas en sus condiciones de vida.
Por eso la situación actual es distinta a cualquier negociación política anterior.
La oposición no enfrenta hoy a un gobierno de centroderecha tradicional. Tampoco a un gobierno conservador moderado. En La Moneda se encuentra una coalición de ultraderecha que ha llegado al poder con un programa explícito de reducción del Estado, recorte del gasto social, debilitamiento de regulaciones y transferencia de recursos hacia los sectores de mayores ingresos y hacia las grandes corporaciones.
La rebaja del impuesto a las empresas constituye precisamente el corazón ideológico de la megarreforma.
Negociar sobre ese punto no equivale simplemente a introducir modificaciones técnicas. Significa aceptar la lógica central del proyecto.
Y allí aparece el dilema.
¿Qué sentido tiene para los partidos que construyeron durante décadas determinados mecanismos de protección social facilitar ahora una iniciativa destinada a reducir los recursos fiscales que los financian?
¿Qué le explicarán a sus propios electores?
¿Qué mensaje recibe un votante progresista cuando observa que dirigentes del Socialismo Democrático negocian un proyecto que diversos economistas han descrito como regresivo desde el punto de vista tributario y distributivo?
La discusión tiene además una dimensión histórica.
Durante décadas una parte importante de la izquierda sostuvo que la Concertación había aceptado las reglas fundamentales del modelo neoliberal instaurado durante la dictadura. Esa aceptación fue presentada como una necesidad para garantizar la gobernabilidad y consolidar la transición democrática.
Hoy las circunstancias son completamente distintas.
La democracia está consolidada. La dictadura terminó hace más de tres décadas. Ya no existe el argumento de la transición.
Por eso una negociación que termine validando el núcleo de la megarreforma podría ser interpretada por amplios sectores de la ciudadanía no como una muestra de responsabilidad política, sino como una capitulación ideológica.
Una rendición.
La pregunta es todavía más delicada si se considera el escenario futuro.
¿Qué ocurrirá si la oposición contribuye a aprobar la reforma y ésta fracasa?
¿Qué sucederá si las promesas de crecimiento, inversión y empleo no se materializan?
¿Qué espacio político quedará para quienes ayudaron a legitimar el proyecto?
En política existe un principio básico: quien comparte una decisión termina compartiendo también sus consecuencias.
La oposición parece olvidar que su principal capital político no es la capacidad de negociar con el gobierno. Es la capacidad de representar una alternativa al gobierno.
Y una alternativa comienza por saber decir no.
Quizás por eso la discusión más relevante de las próximas semanas no sea cuántas indicaciones logrará incorporar la oposición a la megarreforma.
La pregunta decisiva es otra.
¿Está dispuesta la oposición a defender la obra política y social construida durante las últimas tres décadas o se resignará a administrar su desmontaje?
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
