De la seguridad a la batalla cultural: la concepción del poder que asoma tras la reforma de Kast
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La reforma constitucional que amplía las facultades presidenciales abrió una fractura que ya no separa solamente al gobierno de la izquierda. Intelectuales y figuras de la derecha liberal cuestionan una concepción del poder cuyos antecedentes pueden rastrearse hasta el programa de Kast de 2021, el gremialismo y las nuevas redes internacionales de la derecha radical.
Una palabra que hasta hace pocos meses pertenecía principalmente al vocabulario de politólogos y académicos comenzó a instalarse en la discusión política chilena: iliberal. Ya no circula solamente entre opositores al gobierno de José Antonio Kast. La emplean juristas, intelectuales y figuras provenientes del propio mundo liberal y de la derecha para interrogar una reforma constitucional que, bajo el argumento de enfrentar al crimen organizado, propone una considerable ampliación de las facultades presidenciales.
Carlos Peña habló directamente de una “reforma iliberal”. Javier Couso y Arturo Fontaine la calificaron esta semana de “manifiestamente iliberal” y pidieron al Presidente que la retire. Desde el oficialismo, Luciano Cruz-Coke advirtió que la propuesta se aproxima a aquello que las democracias liberales modernas no permiten. El propio Kast ha debido entrar al debate para rechazar la caracterización y asegurar que su gobierno no es iliberal.
La controversia resulta especialmente significativa porque hace apenas unas semanas algunos intelectuales cuestionaban que esa categoría pudiera aplicarse al nuevo gobierno. Alfredo Joignant sostenía a comienzos de agosto que las prácticas políticas de Kast todavía no permitían afirmar que hubiese iniciado una ruta hacia el iliberalismo. Eugenio Tironi fue incluso más explícito: Kast, dijo, seguía siendo “institucionalista” y no había recurrido a leyes, decretos o maniobras destinadas a alterar las reglas del sistema como, a su juicio, han hecho Donald Trump, Nayib Bukele o Viktor Orbán.
¿Qué ocurrió en pocas semanas para que la pregunta se haya desplazado desde los márgenes hasta el centro de la discusión?
La respuesta inmediata es la reforma constitucional. Pero quizá la reforma sea solamente la parte visible de un fenómeno bastante más profundo.
El poder detrás de la seguridad
El gobierno presentó su iniciativa como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en un contexto donde la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado constituyen preocupaciones reales de la ciudadanía.
El problema comienza cuando se observan los instrumentos escogidos.
El nuevo estado de excepción propuesto por La Moneda permitiría al Presidente restringir o suspender la libertad personal y de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, intervenir comunicaciones privadas y disponer requisiciones de bienes. En su formulación original podría prolongarse hasta 240 días sin autorización previa del Congreso.
Carlos Peña ha formulado el problema de manera sencilla. La democracia responde a la pregunta de quién gobierna: quien obtiene la mayoría. El liberalismo responde otra: cuáles son los límites que debe respetar quien gobierna. Por eso es perfectamente posible conservar elecciones y, simultáneamente, avanzar hacia una concepción iliberal del poder. Y la seguridad ha sido históricamente uno de los argumentos más eficaces para justificar ese desplazamiento.
Couso y Fontaine van más lejos. Advierten que el diseño podría dejar disponible para futuros presidentes una arquitectura constitucional que permita gobernar durante largos períodos con derechos suspendidos o restringidos. Por eso hablan del riesgo de una futura “dictadura constitucional”, aunque aclaran expresamente que no existen hoy indicios de que Kast pretenda capturar los organismos de control o acallar a la prensa.
Esa precisión importa. Chile no se ha transformado en una democracia iliberal ni existen antecedentes suficientes para sostener que Kast pretenda suprimir el régimen democrático.
La pregunta es otra: ¿qué concepción del poder hizo posible imaginar una reforma de estas características?
El autoritarismo de terciopelo
Tironi, precisamente uno de quienes rechazan equiparar a Kast con Trump, Bukele u Orbán, había detectado antes una señal interesante.
Al analizar la primera Cuenta Pública habló de una suerte de “autoritarismo paternal” o “de terciopelo”. Observó un gobierno que pretende reducir la intervención estatal en numerosos ámbitos de la vida económica y social, mientras fortalece su dimensión disciplinaria y coercitiva.
La aparente contradicción desaparece si se observa la matriz ideológica republicana.
Los principios oficiales del partido reivindican el Estado subsidiario, la iniciativa privada y la propiedad, y sostienen que no quieren un Estado grande sino uno del “tamaño mínimo necesario”. Pero simultáneamente colocan la lucha contra delincuencia, terrorismo y narcotráfico entre las funciones centrales de una institucionalidad “firme”.
Es un Estado limitado frente al mercado y robusto frente al desorden.
La secuencia de los últimos meses empieza entonces a adquirir cierta coherencia. La ACOT, la ampliación de las capacidades coercitivas, la intervención de comunicaciones, la utilización de militares en tareas de seguridad y finalmente la reforma constitucional no serían necesariamente iniciativas desconectadas. Pueden leerse como expresiones de una misma prioridad: fortalecer la capacidad del Estado para disciplinar, vigilar y castigar mientras se reduce su intervención económica y social.
Pero hay un antecedente que obliga a mirar todavía más atrás.
La reforma ya estaba escrita en 2021
Cinco años antes de llegar a La Moneda, Kast propuso algo sorprendentemente parecido.
El punto 46 de su programa presidencial original de 2021 se titulaba “Ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia”. Proponía entregar al Presidente facultades para interceptar y registrar documentos y comunicaciones y arrestar personas en sus domicilios o en lugares que no fueran cárceles. El propio documento admitía la posibilidad de un “uso político” de una herramienta de semejante poder y establecía por eso limitaciones temporales.
Aquella propuesta fue posteriormente reformulada durante la campaña.
Pero su existencia resulta ahora difícil de considerar anecdótica.
La ampliación de las facultades presidenciales frente a situaciones calificadas como amenazas al orden público no nació con la crisis de seguridad desatada hace unos años. Formaba parte del proyecto político con que Kast intentó llegar a La Moneda en 2021.
Y en aquel programa aparecía otro elemento todavía más revelador.
El punto 33 proponía crear una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda”. Su objetivo declarado era coordinarse con otros gobiernos latinoamericanos para “identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”, bajo la interpretación de que las protestas de Colombia reproducían el modelo del estallido chileno.
Aquí el problema cambia de naturaleza.
Porque el objeto de la seguridad ya no es exclusivamente el delincuente.
Aparece también el adversario político.
La política como batalla
Para comprender esa conexión hay que regresar a las primeras páginas de aquel programa.
Republicanos se definía entonces como parte de una “Nueva Derecha” dispuesta a recuperar una batalla que, según su diagnóstico, la derecha tradicional había abandonado: la “batalla cultural, ideológica y programática”.
Esta definición permite observar el proyecto republicano desde una perspectiva diferente.
Su horizonte nunca fue solamente bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado o acelerar el crecimiento. Existe también una concepción cultural del conflicto: familia, autoridad, nación, propiedad, orden, tradición y determinados valores morales deben ser defendidos frente a fuerzas que buscarían transformarlos.
La política deja entonces de ser solamente administración y negociación entre intereses divergentes. Se convierte en batalla.
Y toda batalla necesita identificar un adversario.
Inicialmente ese adversario es la izquierda: el comunismo, el progresismo, el feminismo, las políticas identitarias, el “globalismo”, los movimientos que Republicanos vincula con el estallido social.
Pero la frontera se está desplazando.
Cuando los liberales pasan al otro lado
La reacción de Arturo Squella ante la columna de Couso y Fontaine es sintomática. El presidente del Partido Republicano respondió hoy atacando no tanto el razonamiento constitucional como a quienes lo formulan. Redujo la propuesta alternativa de Couso y Fontaine a poner “más telefonistas de emergencia”, y añadió que probablemente ninguno de esos expertos “sentirá balazos hoy en la noche afuera de su casa”. Los acusó de desconexión, frivolidad e indolencia
Los autores no pertenecen al Partido Comunista ni al Frente Amplio. Tampoco están cuestionando el derecho del gobierno a combatir al crimen organizado. Su crítica apunta a los instrumentos y a los límites constitucionales del poder.
Lo mismo ocurre, desde posiciones diferentes, con Peña, Beyer, Aninat, Santa Cruz, Undurraga o Cruz-Coke.
Lo que empieza a aparecer es una fractura que ya no coincide exactamente con la división izquierda-derecha.
La frontera comienza a separar también a conservadores y liberales.
No es enteramente novedoso. En 2022, cuando Republicanos profundizaba sus vínculos con Vox, el entonces diputado Cristóbal Urruticoechea explicaba que una de las enseñanzas de esa alianza era “no pactar con la izquierda” ni participar de la “agenda globalista” o de ciertos consensos de la centroderecha. La propia página del Partido Republicano reprodujo aquellas declaraciones.
La conocida expresión “derechita cobarde” expresa esa ruptura: la derecha tradicional sería culpable de haber transado demasiado, aceptado consensos progresistas y abandonado la disputa por los valores.
Por eso el liberal puede terminar convertido también en adversario. No porque sea socialista, sino porque coloca límites allí donde la batalla exige capacidad de acción.
Antes de Orbán estuvo Guzmán
Sería, sin embargo, demasiado simple explicar este fenómeno como una importación de la nueva derecha mundial.
Kast tiene afinidades conocidas con Orbán, Vox y otras expresiones de la derecha radical internacional. Pero el republicanismo chileno posee una genealogía propia.
Kast militó durante décadas en la UDI. Arturo Squella también proviene de ella. El Partido Republicano nació, en buena medida, como una ruptura con una UDI que sus críticos consideraban excesivamente moderada. El cientista político Alfredo Joignant ha descrito precisamente al republicanismo como un intento de retornar a las fuentes originales del gremialismo de Jaime Guzmán, más que como una simple copia de las nuevas derechas europeas.
Ahí aparecen algunos de sus componentes estructurales: subsidiariedad, cuerpos intermedios, propiedad, familia, autoridad, anticomunismo y orden.
La dictadura chilena demostró históricamente que esa combinación podía admitir liberalización económica y simultáneamente un Estado extraordinariamente poderoso en materia política y coercitiva.
Eso no significa que Republicanos proponga hoy una dictadura. Su declaración de principios sostiene exactamente lo contrario: afirma creer firmemente en el sistema democrático, rechaza la violencia, reivindica los derechos fundamentales y declara que “el fin no justifica los medios”.
Pero esa declaración no clausura la pregunta acerca de qué democracia imagina.
Porque el problema contemporáneo del iliberalismo no consiste necesariamente en abolir elecciones.
Consiste en qué ocurre después de ganarlas.
La nueva internacional conservadora
Es allí donde las conexiones con Orbán, Vox, Trump o Bukele adquieren verdadera relevancia.
No porque hayan inventado el pensamiento de Republicanos, sino porque ofrecen experiencias contemporáneas de una política que comparte algunos de sus diagnósticos: crisis de autoridad, decadencia cultural, amenaza de las izquierdas, cuestionamiento del “globalismo”, rechazo de determinadas agendas de género y necesidad de recuperar soberanía y orden.
La tradición chilena encuentra así una nueva familia internacional.
Y esa convergencia aporta algo que el viejo gremialismo no tenía: una estrategia comunicacional y política adaptada a las redes sociales, a la polarización digital y a la batalla permanente por la construcción del sentido común.
Aquí puede comenzar a entenderse también desde otro ángulo la relevancia de la campaña del Rechazo, las operaciones digitales y los vínculos que han aparecido alrededor de Fernando Cerimedo. No constituyen una prueba de iliberalismo ni permiten atribuir automáticamente responsabilidades al actual gobierno. Pero sí obligan a investigar las herramientas mediante las cuales esta nueva derecha ha concebido y librado su batalla cultural.
Una discusión que recién comienza
La reforma constitucional puede ser modificada. Puede incluso terminar siendo retirada o reducida hasta perder sus aspectos más polémicos.
Pero algo ya ocurrió.
El proyecto permitió observar una determinada idea acerca de cuánto poder debería concentrar el Ejecutivo cuando considera amenazado el orden.
Y permitió comprobar que esa idea no apareció repentinamente en 2026. Algunos de sus componentes estaban escritos en el programa de Kast de 2021, junto con una concepción explícita de la política como batalla cultural y con propuestas destinadas a enfrentar no solamente delincuentes sino también a determinados adversarios ideológicos.
Por eso la discusión sobre el carácter iliberal del gobierno no debería convertirse en una guerra de etiquetas.
Tironi tiene razón en un punto esencial: Kast no es Orbán por el solo hecho de reunirse con Orbán, ni Bukele porque admire determinadas políticas de Bukele. Hasta ahora las instituciones chilenas funcionan, el Congreso debate, los tribunales ejercen sus atribuciones, la prensa critica al gobierno y el propio Presidente responde públicamente a esas críticas.
Precisamente ahí está la cuestión.
Una democracia liberal no se define únicamente por la existencia de elecciones ni por la legitimidad de quien las gana. Se define también por los límites que el ganador acepta para ejercer el poder.
La pregunta que ha abierto la reforma es, por eso, bastante más profunda que determinar si una determinada norma sirve para combatir mejor al Tren de Aragua.
¿Concibe el republicanismo la democracia liberal como un conjunto de principios que limitan incluso a una mayoría legítimamente elegida, o fundamentalmente como el procedimiento que entrega a esa mayoría la legitimidad necesaria para ejecutar su proyecto?
La diferencia entre ambas respuestas es enorme.
Y quizá explique por qué el conflicto que comienza a dibujarse en Chile ya no enfrenta solamente al gobierno con la izquierda. Al otro lado empiezan a aparecer también liberales, conservadores democráticos, juristas y antiguos integrantes de la derecha tradicional.
La batalla cultural anunciada en 2021 parece haber llegado finalmente al poder.
Y, como ocurre con todas las batallas culturales, una de las primeras cosas que está haciendo es definir quiénes están de cada lado.
Simón del Valle
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