La paradoja de Quiroz: más deuda para financiar menos Estado
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El gobierno impulsa recortes sociales y rebajas tributarias a las grandes fortunas mientras aumenta la deuda pública en 6.200 millones de dólares. En medio de una economía debilitada y un escenario internacional incierto, la apuesta abre interrogantes económicas y políticas cada vez más profundas.
El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre un aumento de la deuda pública en 6.200 millones de dólares contiene una de las mayores paradojas del proyecto económico del gobierno de José Antonio Kast.
Un gobierno que llegó prometiendo disciplina fiscal, reducción del gasto estatal y control de la deuda termina recurriendo precisamente al endeudamiento para sostener sus cuentas públicas. Y lo hace mientras impulsa recortes en derechos sociales y una rebaja de impuestos a las grandes empresas y altos patrimonios desde el 27% al 23%.
La escena resulta reveladora. Según trascendió tras la reunión oficialista en Cerro Castillo, Quiroz reconoció que firmar el proyecto “fue lo que más le ha dolido”. La frase tiene una carga ideológica evidente: el ministro sabe que el aumento de deuda contradice el corazón doctrinario del programa económico que impulsa el gobierno.
Pero el problema ya no es solo ideológico. Es estructural.
Porque el escenario económico chileno se ha deteriorado rápidamente. La economía acumula cuatro meses de crecimiento negativo o estancamiento, mientras aumentan las señales de desaceleración del consumo, debilitamiento del empleo y caída de las expectativas. A eso se suma un contexto internacional especialmente frágil: menor dinamismo chino, incertidumbre financiera global, tensiones geopolíticas y una América Latina entrando nuevamente en una fase de bajo crecimiento.
En ese contexto, el modelo que intenta aplicar el gobierno entra en tensión consigo mismo.
La lógica oficial es conocida: bajar impuestos a los sectores de mayores ingresos para incentivar inversión, crecimiento y empleo. Es la vieja teoría neoliberal del “chorreo”: si el gran capital tiene menos carga tributaria, invertirá más y el crecimiento terminará beneficiando al conjunto de la economía.
Pero esa apuesta enfrenta un problema histórico: en períodos de incertidumbre económica los grandes grupos empresariales no necesariamente invierten más aunque paguen menos impuestos. Muchas veces hacen exactamente lo contrario: acumulan liquidez, frenan proyectos o trasladan capitales hacia espacios más seguros.
Entonces aparece la contradicción central.
El Estado recauda menos producto de la rebaja tributaria, mientras simultáneamente la desaceleración económica reduce aún más los ingresos fiscales. Pero las obligaciones siguen existiendo: salud, educación, pensiones, subsidios, funcionamiento estatal y pago de deuda previa.
Ahí emerge el déficit.
Según reconoció el propio oficialismo, el desbalance fiscal pasó de una proyección inicial de 1,6% del PIB a cifras cercanas al 2,7%. Y frente a eso el gobierno optó por una combinación políticamente explosiva: aumentar deuda pública mientras profundiza ajustes sociales.
Es decir, el endeudamiento termina funcionando como un puente para sostener una reforma económica favorable a los sectores de mayores ingresos mientras el costo del ajuste recae sobre amplios sectores de la población.
La paradoja se vuelve todavía más visible cuando se observa la realidad social del país.
El reciente estudio de Laborum mostró que el 87% de los trabajadores considera que su salario no alcanza para cubrir necesidades básicas; el 90% no logra ahorrar y el 91% mantiene deudas. El deterioro del poder adquisitivo aumentó respecto al año pasado y el salario, para la mayoría, desaparece en menos de dos semanas.
En otras palabras, el ajuste económico ocurre en un país ya profundamente endeudado y precarizado.
Por eso las movilizaciones convocadas por la Confech y el Colegio de Profesores para este miércoles no aparecen como hechos aislados. Comienzan a expresar una tensión social más amplia frente a un proyecto de transformación económica que busca reducir el rol del Estado precisamente cuando amplios sectores dependen cada vez más de políticas públicas para sostener su vida cotidiana.
El gobierno insiste en que el problema de Chile es el exceso de Estado. Pero la realidad fiscal que enfrenta hoy demuestra algo distinto: incluso una administración neoliberal necesita recurrir al endeudamiento estatal cuando el mercado no genera el crecimiento prometido.
Y allí surge la gran pregunta política que empieza a recorrer el país: ¿quién debe pagar el costo de la desaceleración económica?
Porque hasta ahora la respuesta del gobierno parece clara: menos impuestos para arriba, más ajuste para abajo y deuda pública para sostener la transición.
Simón del Valle
