
La querella criminal contra los responsables del delito de amenazas en grado consumado fue interpuesta el 3 de marzo en Temuco por Alejandra Parra y su equipo jurídico de 8 abogados defensores, encabezado por Karina Riquelme. Se basa en lo previsto en el Código Penal respecto de delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares como autores














