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Prisioneros políticos: ¿qué pasará con el indulto general a personas que se encuentran recluidas en el marco de las protestas sociales?

Entregada al senado el 9 de diciembre 2020, la norma de autoría de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, pretende extinguir la responsabilidad penal de aquellas personas que se encuentren imputadas o condenadas en el marco de las protestas por el estallido social de octubre de 2019. Actualmente, se encuentra bloqueada en un tremendo lío político.

El Estado chileno y su Constitución son el resultado de intereses y acuerdos que tienen sus raíces en la dictadura militar, nacida bajo los planes de Estados Unidos y luego liderada por Augusto Pinochet.

Cuando a finales de la década de 1980 su gobierno dictatorial comenzó a perturbar éticamente los negocios y el libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver este “malestar”. Lamentablemente, esta transición nunca ha podido incluir a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura.

Quizás por eso, el 18 de octubre de 2019, el aumento de las tarifas del metro fue la “gota de más”: los estudiantes decidieron manifestarse, la población los siguió.

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¿Los presos de la revuelta son presos políticos?

“Con respeto al debate que se ha deslumbrado en la sociedad chilena, si en Chile hay presos políticos, nosotros manifestamos una posición de que “sí, hay presos políticos”, de manera firme, y esto está enlazado con los criterios, que son 4 criterios, de la convención de Úbeda de derechos humanos del año 50, dice Lorenzo Morales de la Defensoría Popular.

El primer criterio tiene que ver que cada uno de los muchachos que están en prisión política por la rebelión popular ha sido en el marco del derecho de asociación y manifestación. Ahora, forzadamente, cada uno de estos derechos ha sido identificado por la fiscalía como un delito grave.

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El segundo elemento tiene que ver con la mutación muy extendida de las prisiones preventivas, que nos parecen en algunos casos muy excesivo, toda vez que la formalización se habían establecido a 60-90 día de investigación, luego se ha dilatado mucho con la argumentación de que el ministerio público no ha tenido el tiempo pertinente.

El tercer elemento tiene que ver con la cuestión más clara y palmaria: la manera discriminatoria de la prisión preventiva para cada uno de estos muchachos, y aquí la sociedad chilena tiene que ser clara y firme con respecto a estos hechos.

El primer hecho es patente: desde el 18 de octubre han caído formalizados y acusados, no solamente personas de la sociedad civil sino también militares: en respecto a ellos, ¿cuantos están en prisión preventiva? Cero.

Esto se ve repetido con respecto a otro casos anteriores: en el caso Huracán, cero y en el caso Catrillanca, cero.

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¿Es discriminatoria con respecto a las personas que han sido formalizadas, y acusada con lo que se ha llamado la rebelión? Si por supuesto, es una cuestión empírica y patente.

El cuarto elemento que nosotros hemos sostenido en cada uno de los juicios y ha resultado exitoso en algunos de ellos, es que de que en su génesis cada una de las investigaciones ha sido con infracciones a debido proceso. Y esto es lo que nos parece lo más grave”, Lorenzo Morales, ONG Defensoría Popular.

 

La moción recoge los antecedentes

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Según un informe de Gendarmería fechado al 14 de abril de 2020, al 29 de febrero de este año convivían en régimen cerrado 42.084 internos, de ellos el 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, 28.210 personas fueron detenidas durante el período comprendido entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre de 2019.

El Ministerio Público informó que a octubre de 2020, como consecuencia de detenciones practicadas en el contexto del estallido, había formalizado a 5.084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva, y 725 habían sido condenadas, principalmente por desórdenes -categoría muy amplia cuya persecución ha significado la criminalización de la protesta-, y robo o daño a la propiedad.

Los congresistas pusieron acento en el hecho que “existió una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad”.

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“Es así que la persecución de estas personas por parte del Estado ha sido rigurosamente cuestionada por instituciones nacionales e internacionales que han dado cuenta de la existencia de graves abusos y masivas violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas de Orden y Seguridad”, comenta la moción.

 

Los beneficiarios de la moción

“Serán beneficiarios del indulto general quienes hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma”.

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Para efectos de esta ley, serán beneficiarios del indulto general y demás beneficios de esta ley, las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas.

Para probar la circunstancia anterior, bastará la prueba indiciaria o cualquier otro medio probatorio. No obstante las reglas generales en materia de recursos, la resolución que rechace la solicitud será apelable”.

 

La moción bloqueada por paradojas políticas

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El indulto ya ha sido aprobado, en su idea general de legislar, por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad y dos veces en la Comisión de Constitución, todas comisiones del Senado. Desafortunadamente hoy el indulto está enfrascado en una paradoja política: no habría problemas con el voto favorable de la oposición, pero es esta misma la que hoy por hoy prosigue en dilatar la iniciativa legal.

El 2 de noviembre por decisión de la oposición en su conjunto y bajo una grotesca ofensiva política, la votación fue dilatada para después de la primera vuelta. Hoy está pasando algo similar, el indulto es mentado por doquier pero al momento de concretar simplemente la oposición dilata la situación.

En el mientras, la composición de ambas cámaras del Congreso, cambiaron radicalmente. En marzo próximo no se podrá despachar como ley solo con votación de la actual oposición.

La realidad ya anuncia que si el indulto no es resuelto antes de marzo, tendrá que contar sí o sí con varios votos de la derecha, la que ha declarado en variadas ocasiones su rechazo absoluto.

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Llamado a movilización popular el 9 de diciembre por el indulto a los presos políticos

“El próximo 9 de diciembre, a un año del ingreso del indulto en el senado y  un día antes del día internacional de los derechos humanos, convocamos a una Jornada de Movilización Popular por la libertad, dignidad y la aprobación inmediata del indulto general. Libertad necesaria que procura ir resolviendo parte de la Violación sistemática de los Derechos Humanos, generando escenarios de dignidad”.

“El indulto tiene que ser aprobado ahora ya, es eso lo que hay que salir exigir a la calles, es aquello el tema central de la jornada del próximo 9 de diciembre. Llamamos a las voluntades en lucha a realizar diversas acciones durante esta jornada, para luego concentrarnos en la tarde noche, en diversos puntos de los territorios populares. Es en los territorios populares donde está la fuerza principal para ejercer una presión descomunal que posibilite que la libertad sea un hecho irrefutable”.

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Llamado de Guacoldas, movimiento por los Derechos Humanos.

Más informaciones sobre Guacoldas: https://www.facebook.com/102012477913937/posts/580580610057119/

 

 

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Por Elena Rusca

Ginebra

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Corresponsal

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